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La tierra ha sido históricamente el núcleo de los conflictos rurales en Colombia. La Reforma Rural Integral, incluida en el Acuerdo de Paz de 2016, prometía corregir ese desequilibrio mediante la compra y distribución de terrenos a campesinos y comunidades étnicas. Pero la más reciente auditoría de la Contraloría General de la República reveló que la Agencia Nacional de Tierras (ANT), entidad encargada de ejecutar esta política, ha manejado los recursos con fallas graves: compras de terrenos inútiles para la producción agropecuaria, predios invadidos y un retraso sistemático en la entrega de las tierras adquiridas.
El balance es alarmante. Según la auditoría de la Contraloría, realizada entre 2022 y abril de 2024, se identificaron irregularidades por $160.000 millones en la adquisición y adjudicación de predios. La Contraloría detectó 14 hallazgos administrativos, de los cuales 10 podrían derivar en sanciones disciplinarias y 6 en investigaciones fiscales. Además, se solicitó la apertura de una indagación preliminar y un proceso administrativo sancionatorio por inconsistencias en la información entregada por la ANT.
Juan Felipe Harman, director de la ANT, le explicó a El Espectador que las denuncias vienen desde que asumió el cargo en febrero de 2024 por compras de predios en 2023. “Hoy la Contraloría nos da la razón”, afirmó y aclaró que “nosotros no hemos pagado esas fincas”.
El funcionario señaló que el informe de la Contraloría sirve para los litigios con “estos particulares con los que ya se firmaron escrituras desde el año pasado”.
Desde su llegada, Harman cambió el informe del procedimiento general de compra, y agregó la obligatoriedad de la visita agronómica de la “actitud productiva de la finca”.
Para el director, el informe es un “parte de tranquilidad”, ya que en los casos que menciona la Contraloría (que datan de febrero 2023 a febrero 2024) han solicitado el acompañamiento productivo, preventivo e institucional para resolverlos, en parte, por el riesgo jurídico, y así evitar que el problema se agrande.
“Apenas los denunciamos, suspendimos pagos. Esperábamos estos resultados para definir la ruta jurídica de atención”, enfatizó Harman. Mientras tanto, han reubicado a los campesinos de dichos predios por la probabilidad de anular los contratos.
De fondo, las fallas no solo ponen en entredicho la transparencia en el manejo de los recursos públicos, sino que afectan directamente a las poblaciones que deberían beneficiarse de la reforma.
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Uno de los hallazgos más graves de la Contraloría es la compra de predios que no sirven para actividades agropecuarias. En varias regiones del país, la ANT adquirió terrenos con suelos clasificados como clase VII, que presentan condiciones adversas para la agricultura y la ganadería. Según la normativa vigente (Ley 160 de 1994 y Acuerdo 329 de 2014), no se pueden destinar a campesinos predios con más de 20 % de su área en suelos de clase VII y VIII. Sin embargo, en algunos de los terrenos comprados, estos suelos representan más de 50 % de la superficie.
A esto se suma otro problema: 30 % de la extensión de varios predios está cubierto por humedales, lo que imposibilita su uso productivo. En total, las compras de tierras en estas condiciones representaron un gasto de $43.306 millones, dinero que, según el informe, fue mal invertido.
Otro de los puntos críticos señalados por la auditoría es la ocupación ilegal de los terrenos comprados. La ANT adquirió predios para su entrega a campesinos sin garantizar su custodia, lo que facilitó invasiones. Este descuido representa un posible detrimento patrimonial de $5.646 millones y una amenaza para el derecho de los beneficiarios a recibir y explotar la tierra adjudicada.
El desorden administrativo y la falta de seguimiento de la ANT han permitido que personas ajenas a los procesos de reforma se tomen estos terrenos, dejando a los verdaderos destinatarios en la incertidumbre.
El riesgo de detrimento es evidente, aseguró el director de la ANT, porque los predios están a nombre de la entidad. Sin embargo, Harman apuntó que como no se han pagado, “tampoco es que se ha materializado dicho riesgo”.
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Retrasos que frenan la reforma
Más preocupante aún es el retraso en la entrega de predios a las comunidades campesinas y étnicas. Según la Contraloría, solo 18,5% de los terrenos comprados han sido formalmente transferidos. De los 205 predios adquiridos, apenas:
- 12,2 % fueron entregados a población campesina.
- 5,3 % a comunidades indígenas.
- 1 % a comunidades negras.
Este rezago no solo incumple los compromisos de la Reforma Rural Integral, sino que genera costos adicionales por el mantenimiento de tierras que siguen bajo la administración de la ANT, sin ser utilizadas por sus beneficiarios.
El impacto económico de estos retrasos es considerable: el informe calcula un posible detrimento de $110.322 millones por la ineficiencia en la ejecución del programa.
La Contraloría ha solicitado la apertura de procesos disciplinarios y fiscales contra los responsables de estas irregularidades. No solo está en juego el dinero perdido, sino el futuro de miles de familias rurales que dependen de la tierra para subsistir.
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