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El cartel que podría recibir más contratos
En junio, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló un nuevo pliego de cargos contra ocho empresas de seguridad privada que ya habían sido sancionadas en abril de este año por cartelización. (Lea Cartel de la seguridad privada podría seguir recibiendo contratos estatales)
Entre 2009 y 2012 el cartel recibió contratos por más de $71.000 millones (los multaron por $26.000 millones). Y en la nueva investigación, por hechos entre 2012 y 2015, se habrían beneficiado por más de $30.000 millones en licitaciones, lo que podría acarrearles una multa por $71.000 millones.
Pese a las sanciones y la nueva investigación, estas ocho empresas podrían seguir figurando en licitaciones públicas, pues no quedan inhabilitadas para ofertar por nuevos contratos con el Estado.
Hasta con la fruta de los refrigerios
El pasado 1° de septiembre, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos a cinco empresas y siete personas naturales por un presunto “cartel de las frutas” entre oferentes del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Bogotá. (Lea SIC formula pliegos a presunto “cartel de las frutas” en alimentación escolar)
Según la SIC, se afectaron los precios de dos licitaciones para elegir los proveedores de frutas, adelantadas por Colombia Compra Eficiente y la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, por un valor conjunto superior a $40.000 millones.
Los investigados habrían presionado a entidades para subir los precios de las frutas de este programa, de acuerdo con la SIC. Y al no tener éxito, boicotearon la licitación para declararla desierta y las entidades se vieron obligadas a abrir un nuevo proceso con precios más elevados.
Los investigados habrían logrado su propósito, pues el 83 % de los segmentos a licitar fueron declarados desiertos y se tuvo que dar apertura a un nuevo proceso.
El parto que costó $10.000 millones
El periodista de “Noticias Caracol” Juan David Laverde reveló una multimillonaria factura que le fue enviada a Saludcoop, ahora en liquidación. Una IPS en Cartagena le cobró a la EPS $10.000 millones por un parto atendido en agosto de 2008.
En la cuenta se indica que Aída María Jiménez y su hijo recibieron 301.871 procedimientos médicos durante el día del parto. Sin embargo, la madre desmiente este documento y asegura que su hijo nació sano.
Electricaribe no les ayudó a los pobres
La conclusión de la investigación de la Contraloría a Electricaribe, en liquidación desde marzo de 2017, indicó que la empresa incurrió en un daño patrimonial de $216.894 millones al hacer uso indebido de recursos que se le giraron para subsidiar a los usuarios con menores ingresos de la Costa Caribe. (Lea Electricaribe causó daño patrimonial por $216.894 millones: Contraloría)
Se encontró que usuarios de estratos bajos de 183 municipios de la región no recibieron en sus facturas descuentos por $216.894 millones a los que tenían derecho al aplicarles el subsidio que les otorga el Fondo de Energía Social (FOES).
¿Enfermos mentales en Sucre?
El pasado 10 de diciembre, la Contraloría evidenció nuevos hallazgos dentro del denominado Cartel de los Enfermos Mentales, por cerca de $5.000 millones en la Gobernación de Sucre.
Se trata de pagos por la supuesta hospitalización y tratamiento de enfermos mentales, con pacientes que no existían y facturas soportadas en documentación falsa.
La nueva auditoría de cumplimiento reveló que se trataría de una práctica sistemática, que se venía presentando desde comienzo de 2012.
Cartel con buenos cementos
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) multó el pasado 12 de diciembre con $200.000 millones a las cementeras Argos, Cemex y Holcim y a seis altos directivos investigados por cartelización empresarial, es decir, por acordar el precio de sus productos y vulnerar la libre competencia económica. Las tres cementeras representan 96 % del mercado.
Argos y Holcim apelaron y aseguran que entregaron las pruebas que demuestran su inocencia. (Lea Cementeras rechazan multa millonaria y se declaran inocentes)
Los subsidios de los muertos
Hasta julio de 2017 había dentro del Sistema de Selección de Beneficiarios Para Programas Sociales (Sisbén) 457.000 fallecidos, quienes seguían registrados debido a que la actualización de la base de datos dependía de los gobiernos municipales.
Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), muchos de los fallecidos llevaban más de un año dentro del Sisbén, pues, si bien las alcaldías venían haciendo la tarea, el proceso de depuración era lento.
Tras el decreto 441 de marzo de 2017, la depuración quedó en manos del DNP, con lo cual se logró que el número de fallecidos dentro del Sisbén llegara a cero.