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“Es una situación muy compleja. Estar cuidando las finanzas públicas y tener que pelear por la ‘platica’ mínima para funcionar. La ley establece un equipo mínimo y máximo, y nosotros estamos en el mínimo”, dijo Juan Carlos Ramírez, presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, a El Espectador.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) es un organismo técnico e independiente que tiene el objetivo de hacer seguimiento a la regla fiscal y velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas por medio de conceptos que no son vinculantes.
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El CARF advirtió que el presupuesto asignado por el Ministerio de Hacienda para 2026 no alcanza para garantizar su funcionamiento durante todo el año ni para cumplir plenamente con las funciones que le asignó la ley. De ahí que las siete personas que componen el equipo solo fueron contratadas por 10 meses. Si al 31 de octubre no se amplían los recursos, la dirección técnica tendría que parar actividades.
El Ministerio de Hacienda le asignó al comité COP 2.230 millones para esta vigencia, 3,3 % menos en términos nominales frente al presupuesto de 2025 y una caída real de 23,3 % frente al de 2022, que fue el primer año de operación del CARF.
El Comité inicialmente había solicitado COP 3.229,2 millones para financiar su operación todo el año y para contratar a dos analistas adicionales; la ampliación del equipo responde al aumento en la carga de trabajo desde el año 2024 y está alineada con lo establecido en el Decreto 1737 de 2021. Ante el escenario actual, el CARF sostiene que para operar con el mínimo necesita COP 2.945,5 millones.
En un informe presentado al Congreso, el CARF informó que le ha enviado cinco oficios al Ministerio de Hacienda explicando la justificación del presupuesto solicitado y que el tema también se discutió en al menos tres sesiones.
Según Ramírez, hasta ahora la respuesta del Ministerio de Hacienda, en cabeza de Germán Ávila, es que “no hay recursos”. El presidente del CARF, que conoce de cerca la situación de las finanzas públicas porque les hace seguimiento, sostiene que el camino es una reasignación administrativa (no requiere un trámite de ley) del presupuesto de la cartera de Hacienda.
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La reducción presupuestal del CARF contrasta con el aumento de 8,8 % en el presupuesto de funcionamiento del Ministerio. A juicio del Comité, “lo anterior refleja un sesgo en contra de los recursos asignados al CARF”.
Ramírez aseguró que, si el Ministerio no le reasigna los cerca de COP 700 millones que faltan, la decisión quedará en manos del próximo gobierno. Pero si la próxima administración no hace un ajuste, el CARF no podrá publicar los informes de seguimiento ni los informes exigidos por ley (como el concepto sobre el Presupuesto General de la Nación).
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