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El Gobierno va a presentar la reforma tributaria el próximo 20 de julio para intentar, una vez más, sumarle recursos al Presupuesto General en medio de las dificultades fiscales por las que atraviesa el país.
La administración Petro debe comenzar el proceso de radicación y aprobación del Presupuesto General de la Nación antes de finalizar este mes. Este siempre es un equilibrio delicado en años de elecciones, pues el gobierno saliente debe, de cierta forma, programar el gasto y las inversiones del gobierno entrante, así tengan prioridades y visiones de país diametralmente opuestas, como sucede actualmente.
En la pasada junta del Banco de la República, durante la rueda de prensa que sigue a la decisión sobre tasas de interés, el Gobierno ya había puesto sobre la mesa la posibilidad de una nueva ley de financiamiento. En ese momento, Germán Ávila, ministro de Hacienda, dijo que era una necesidad absoluta para sostener las finanzas, pues el gasto del Gobierno es inflexible en más de 90 %, según el funcionario.
Durante la presentación del empalme del sector Hacienda Ávila volvió a hablar de la nueva tributaria y confirmó que la intención de Gobierno es presentarla al Congreso el próximo 20 de julio, cuando se instalarán las sesiones del nuevo Legislativo.
“La reforma que proponemos es una reforma progresiva, donde los mayores patrimonios aporten más y se proteja a las personas de menores ingresos en Colombia. Esperamos que esa reforma sea discutida y no se transforme en una regresiva que afecte a la población de ingresos bajos y medios”, afirmó Ávila durante el empalme del sector.
Y añadió que la iniciativa busca proteger a los hogares de menores ingresos. El ministro dijo que el Gobierno es “responsable para presentar la reforma, pese a los esfuerzos que se han hecho para bloquear su agenda”.
La Ley de financiamiento pretende recaudar ingresos por:
- COP 21,8 billones en 2027
- COP 32,7 billones en el 2028
- COP 34,9 billones en 2029
- COP 37 billones en 2030
La disputa por las finanzas y el gasto
La posibilidad de una nueva tributaria es prácticamente una certeza para este punto de la historia: todos los actores reconocen que es necesario hacerle cambios al frente de los ingresos para comenzar a enderezar las finanzas nacionales.
Sin embargo, el gobierno entrante ha dicho que no está de acuerdo en la presentación de este proyecto, pues, al final de cuentas, es la nueva administración la que debe encargarse de tratar de solucionar un problema que, en justicia, comenzó a crearse en los días de pandemia y se fue agravando de a poco, pero sin pausa.
Aunque el Ministerio de Hacienda habla de un proyecto con meta de recaudo por COP 21,8 billones para 2027, lo cierto es que las cuentas del Gobierno aseguran que el ajuste fiscal para el próximo año debe ser por COP 30 billones, vengan de donde vengan. En otras palabras, la tributaria estaría corta casi COP 9 billones para ir enderezando el curso.
La diferencia, en estas cuentas de servilleta, vendría del lado del gasto, pero este es un aspecto que aún se presenta como incierto, y acaso volátil.
Aunque el plan del gobierno entrante es reducir el tamaño del Estado, eliminando y/o fusionando seis Ministerios, por ejemplo, algunos de estos cabios tienen que pasar por el Congreso, en donde las aguas se antojan del todo menos tranquilas.
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Sobre el asunto del gasto, Ávila dijo durante el empalme que “no es tan simple decir que se va a reducir en cuantías insospechadas el gasto público cuando hay unas normas legales y constitucionales que obligan a atender las responsabilidades del Gobierno en materia social”.
De fondo, el futuro de una nueva ley de financiamiento se ve complicado, cuando menos. Al gobierno Petro ya le han hundido dos de estas iniciativas y, por primera vez en la historia reciente, un Presupuesto no pudo ser aprobado por el Congreso (el del año pasado salió desfinanciado, por cierto).
Pero presentar una ley de financiamiento casi que de entrada manda un mensaje: el Presupuesto viene con un monto que no está soportado por ingresos fijos: ¿cómo resolvemos esto? Esa será la cuestión que deberá resolver un Congreso que se estrena, junto con la nueva administración nacional.
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