El terremoto del 10 de agosto no solo dejó daños en infraestructura. También golpeó la producción industrial en varias regiones y afectó a miles de pequeños negocios cuyos ingresos y obligaciones financieras dependen de que sus actividades vuelvan a funcionar. La manufactura registró una contracción mensual de 4,1 % entre julio y agosto, según el análisis de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, mientras Asomicrofinanzas identificó 183.254 clientes afectados y COP 2,25 billones en cartera de microcrédito expuesta en los departamentos impactados.
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Las cifras muestran dos dimensiones de la recuperación: restablecer la actividad productiva y evitar que los negocios afectados pierdan capacidad de pago o acceso a financiación. Para buena parte de los pequeños empresarios, volver a abrir no resuelve por sí solo el problema. También necesitan recursos para reponer inventarios, reparar equipos, pagar proveedores y mantener sus operaciones mientras se recuperan las ventas.
El diagnóstico de Asomicrofinanzas, elaborado a partir de una encuesta a 17 entidades que representan el 85 % de la cartera de microcrédito del país, encontró afectaciones en 12 departamentos. El monto de COP 2,25 billones corresponde a la cartera vinculada con clientes afectados, no a pérdidas económicas ya cuantificadas ni a créditos que se hayan dejado de pagar en su totalidad.
La exposición, sin embargo, es significativa. Esa cartera equivale al 15,5 % de los préstamos que las entidades consultadas tienen en esos territorios. Los clientes afectados representan el 13,5 % de los usuarios de las mismas instituciones en las zonas examinadas.
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El golpe industrial se concentró en el occidente
El análisis del Banco de Bogotá muestra que la manufactura tuvo uno de los retrocesos más pronunciados de la economía durante agosto. Mientras el conjunto de la actividad económica cayó 3,1 % mensual, la industria retrocedió 4,1 %, una contracción que, según el informe, no se observaba desde la pandemia.
El deterioro fue más intenso en algunas de las regiones afectadas. La producción industrial cayó 18,8 % anual en Risaralda y 13,4 % en Valle del Cauca, frente a una contracción nacional de 3,7 %. Entre las actividades más golpeadas aparecen textiles, confecciones, cuero, papel e imprentas, agroindustria, productos químicos y automotores.
El Banco de Bogotá considera que el terremoto explicó una parte significativa del deterioro, por las interrupciones en infraestructura, logística y cadenas de suministro. Pero advierte que el sismo no explica toda la debilidad industrial: antes del desastre, el sector ya enfrentaba tasas de interés elevadas, una moneda apreciada, menor dinamismo del consumo de bienes y una desaceleración de la manufactura global.
Esa distinción importa para la recuperación. Las empresas afectadas no parten de un entorno necesariamente favorable y, según el análisis, los indicadores disponibles para septiembre no mostraban señales claras de una recuperación temprana. La demanda nacional de energía no regulada completó dos meses de contracción anual y el índice PMI manufacturero no registró cambios relevantes entre agosto y septiembre.
El banco advierte que los efectos negativos podrían prolongarse durante los próximos meses y no anticipa una recuperación significativa de la manufactura en lo que resta de 2026.
El microcrédito, entre la cartera afectada y la reactivación
La encuesta de Asomicrofinanzas revela que el impacto financiero alcanza especialmente a la población de bajos ingresos y actividades productivas vulnerables. El 71,2 % de los clientes afectados pertenece a los estratos 1 y 2. Más de la mitad, el 52,4 %, trabaja en el agro; el comercio representa el 24 % y los servicios, el 14,7 %. La industria concentra el 7,8 %.
El golpe se distribuye de manera desigual. El Valle del Cauca concentra el 36,4 % de la cartera afectada, seguido por Cauca, con 20,2 %; Caldas, con 14,3 %; Risaralda, con 10,1 %, y Chocó, con 7,9 %.
En términos relativos, Chocó presenta el panorama más delicado: el gremio calcula que la afectación alcanza el 96,4 % de la cartera de microcrédito que las entidades consultadas tienen en ese departamento y al 85,3 % de sus clientes. La proporción indica la amplitud del impacto sobre la cartera local, aunque no significa que todos esos préstamos estén en mora o sean irrecuperables.
También resultó afectada parte de la infraestructura financiera que atiende a estos usuarios. Asomicrofinanzas reportó daños en 158 oficinas, equivalentes al 21,9 % de las que tienen sus entidades asociadas en los departamentos examinados. En ellas trabajan cerca de 1.948 asesores de microcrédito, una red importante para mantener el contacto con los clientes y tramitar alternativas de financiación.
Recuperarse también exige capacidad de pago
Las entidades consultadas han puesto en marcha medidas de alivio que incluyen periodos de gracia, refinanciaciones, reestructuraciones, planes de pago ajustados a cada caso y condonaciones parciales de obligaciones o intereses de mora. También ofrecen prórrogas de hasta 180 días para cuotas con vencimiento entre julio y octubre de 2026 y nuevos microcréditos a una tasa de interés del 0 %, algunos con tres meses de gracia.
En los casos de afectación muy alta, algunas entidades han optado por donar recursos para liquidar la deuda. Son medidas distintas, con efectos también distintos: aplazar una cuota puede dar liquidez inmediata, pero no elimina la obligación; refinanciar modifica las condiciones de pago, mientras que una condonación reduce parte de lo adeudado.
El desafío es que los nuevos recursos permitan reactivar la actividad y no se conviertan en una carga adicional para negocios que todavía no recuperan sus ingresos. Los datos divulgados hasta ahora no permiten establecer cuántos clientes han dejado de pagar, cuántos necesitarán nuevos préstamos ni qué proporción de los negocios afectados ha reabierto.
La magnitud de la cartera expuesta y la persistencia del deterioro industrial muestran por qué la recuperación no puede medirse únicamente por la reconstrucción física. También depende de que los productores recuperen sus canales de abastecimiento y venta y de que los pequeños negocios logren sostener sus obligaciones mientras vuelven a generar ingresos.
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