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En medio de la nueva emergencia económica decretada por las afectaciones derivadas de la crisis climática en varias regiones del país (especialmente en la región Caribe), el Gobierno anunció que alista un impuesto al patrimonio dirigido a las 15.000 empresas más grandes del país.
La medida hace parte del paquete tributario con el que el Gobierno buscaría recaudar cerca de COP 8 billones para atender los daños productivos y de infraestructura causados por las inundaciones, aunque hasta el momento no se conocen los decretos ni el detalle completo de los impuestos que se expedirán bajo la emergencia.
Nuevo impuesto al patrimonio para grandes empresas
Durante el consejo de ministros de este jueves 12 de febrero, el presidente Gustavo Petro aseguró que el gravamen recaerá sobre las compañías con mayores patrimonios líquidos.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que la propuesta contempla una tarifa de 0,6 % para patrimonios líquidos superiores a COP 10.000 millones y de 1,2 % para aquellos que superen los COP 31.000 millones.
Porcentaje de tributación en función de patrimonio; @minhacienda Germán Ávila Plazas lo explica en Consejo de Ministros al detallar medidas de Emergencia Económica. pic.twitter.com/nch0RPXil1
— MinHacienda (@MinHacienda) February 13, 2026
Ávila, explicó que el enfoque del impuesto se basa en el comportamiento de la tributación efectiva de las personas jurídicas, que, según indicó, disminuye en los niveles más altos de patrimonio.
“La tasa efectiva de tributación de personas jurídicas a medida que va aumentando el nivel de patrimonio va disminuyendo la tarifa efectiva de tributación. En promedio el valor de la tasa efectiva de tributación en personas jurídicas globalmente está en cerca del 28 %. Y particularmente en las grandes empresas empieza a disminuir hasta llegar al 21,3 %”, afirmó.
“Es decir, las grandes empresas tienen 7 % por debajo de la tasa efectiva de tributación. Por eso creemos que hay que concentrar el esfuerzo y el incremento en la tributación en estas empresas”, agregó el titular de la cartera económica del Gobierno.
Con ese argumento, el Gobierno justificó que el nuevo impuesto al patrimonio recaiga sobre cerca de 15.000 compañías con mayores activos del país.
Durante el consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro defendió el uso del impuesto al patrimonio como herramienta extraordinaria en estados de excepción y aseguró que no se trata de un mecanismo nuevo.
“Uribe y Santos usaron ese mecanismo en emergencias económicas o conmoción interior. Usaron ese mecanismo, y no al 0,6 % sino al 4,8 %”, afirmó.
Sectores y empresas excluidas
Ávila también explicó que el diseño de este impuesto al patrimonio aún está en construcción y que el Gobierno trabaja en una diferenciación sectorial en su aplicación.
En palabras del ministro, en el caso del sector solidario, la interpretación patrimonial de los aportes sociales eleva de manera significativa el cálculo del patrimonio, por lo que deberían ser excluidos de esa base patrimonial.
También mencionó situaciones similares con las reservas técnicas que se colocan en Fogafín y Fogacoop, así como con las cajas de compensación, los fondos de empleados y las asociaciones gremiales.
Según indicó, en estos casos será necesario evaluar una base gravable distinta para evitar distorsiones en el cálculo del impuesto.
Líneas de crédito y posibles inversiones forzosas
Además del impuesto al patrimonio, el Gobierno analiza medidas complementarias para impulsar la recuperación económica en las zonas afectadas por las inundaciones.
El ministro de Hacienda afirmó que se trabaja en la creación de créditos con tasas compensadas, tanto para el sector agropecuario como para actividades urbanas como la pequeña industria y la microempresa.
Ávila indicó que el Ejecutivo ha sostenido conversaciones con Finagro y el Banco Agrario para estructurar líneas especiales de crédito. Según explicó, la compensación de tasas saldría del Plan Nacional de Desarrollo (PND).
Adicionalmente, el ministro de Hacienda indicó que se evalúa la posibilidad de establecer inversiones forzosas que permitan asegurar recursos suficientes para atender la demanda de crédito, tanto a través de Bancóldex como de Finagro.
¿Qué viene ahora?
Aunque el Gobierno ya decretó la emergencia económica y anunció las líneas generales del impuesto al patrimonio para grandes empresas, todavía no se conocen los decretos que establecerán el alcance exacto de los tributos ni las condiciones definitivas de aplicación.
El ministro de Hacienda advirtió que la estimación de COP 8 billones corresponde a una primera valoración del impacto de las inundaciones. Según indicó, en la medida en que avance la evaluación de daños y se profundice el análisis de la situación, esa cifra podría incrementarse.
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