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“El 4x1000 es como querer arrancar el carro con el freno de mano puesto”, dice Marcela Torres, la cabeza de Nu Colombia, sentada justo al lado de Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, durante una charla que denominaron “Error 501″. Se refiere a que la ley 2277, la reforma tributaria que permitía que los colombianos que mueven menos de 18 millones de pesos al mes, estén excentos de pagar ese impuesto. Eso, en cifras de Colombia Fintech, agrupa al 80 % de los colombianos.
De entrada, resulta complejo entender que una ley no se cumpla. En un análisis muy sencillo, pues se va en contra de lo que dice un documento aprobado por el Congreso, firmado por el presidente de turno y avalado por la Corte Constitucional. Torres y Santos aseguran, con casos en mano, que no se está cumpliendo. Incluso contaron la historia de una persona que intentó desmarcar una cuenta para que no le cobraran dicho impuesto, pero no se logró de manera digital, tuvo que ir hasta una oficina física para poder hace el trámite. Eso puede tardar hasta cinco días en algunos casos o, incluso, las personas optan por no hacer el proceso, desisten, y siguen amarrados a las condiciones antiguas.
¿Quién tiene en sus manos, entonces, la responsabilidad de que esta ley se cumpla? La DIAN y el ministerio de Hacienda, dice la presidenta del neobanco que logró cambiar la forma en la que los colombianos se relacionan con el sistema financiero, antes en manos de unos pocos grandes bancos muy tradicionales; y también el presidente del gremio que agrupa a todas las compañías de base tecnológica con foco en finanzas que en los últimos 10 a 15 años han venido cambiando esas estructuras pesadas que todos los colombianos conocemos.
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¿Quién debería beneficiarse de todo esto? Las personas de menores ingresos o, por lo menos, los que no alcanzan a mover al mes COP $18 millones, que en términos exactos son 350 UVT. “Llevamos 501 días esperando que esto se cumpla”, dicen los dos panelistas en un pequeño conversatorio en una oficina al norte de Bogotá.
“Se trata de un llamado para que las personas sean las más beneficiadas”, “hemos tratado de impulsar un sector financiero más incluyente, hemos logrado avances, pero el 4X1000 borra con el codo lo que hacemos con la mano. La gente quiere mover su dinero libremente, Hay una ley y nadie la cumple. Y eso me parece inaceptable. Los consumidores deben demandar al Estado que la ley se cumpla. Y aquí estamos para que se tomen acciones”, dijeron los dos ejecutivos.
Santos recordó cuando en el año 2022 comenzó la discusión en el Congreso. Con la cabeza de la DIAN se tenía una discusión importante sobre si las entidades financieras estaban en la capacidad compartir información. La conclusión era que el Estado pone cargas que ningún colombiano debería cargar. Como que el Estado no comparta información, por ejemplo, de las notarías, y en este caso es igual: para el Estado resulta más fácil no operativizar estas soluciones. Hay un tema de conveniencia de este impuesto, porque es fácil de recaudar y es muy necesario para el presupuesto. El Estado está recogiendo unos ingresos y se quedan con impuestos que serán importantes para el presupuesto, pero desde el punto de vista legal deberían estar en el bolsillo de los colombianos.
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Marcela Torres, que es la cabeza de Nu en Colombia, dice que este es un asunto que se ha convertido en una barrera que tienen los colombianos para moverse en el sistema financiero. “Es un fenómeno invisible y son esas barreras en donde la gente no puede elegir. La ley ayuda a eso, pero hoy no se logra. En un promedio, eso le vale unos 800 mil pesos a cada colombiano al año”.
El asunto, como lo denuncian estos dos voceros, es que los colombianos deberían poder escoger su propio producto y no estar obligados a concentrar su dinero es ciertos lugares. La gente no está escogiendo, se queda en donde su empleador lo determinó. Pero cuando se quiere mover a jugadores nuevos, para poder pasarse a esa cuenta, no se puede, les obligan a ir a una sucursal presencial, no se puede hacer de manera digital. Más o menos el 80 % de los colombianos tienen un ingreso por debajo de los dos millones. Tenemos un freno de mano a la competencia, a la innovación".
Los dos aseguran que hay un proveedor tecnológico que concentra el 98 % de la transaccionalidad del país por donde se mueve la información de todos los que estamos en el sistema financiero. El 2 % restante está relacionado con las cooperativas. Lo que piden es echar a andar el modelo con ese 98 %, mientras el 2 % que hace falta se conecta y se pone al día.
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El Espectador le trasladó estas inquietudes a la DIAN sobre el por qué no se está cumpliendo esta Ley 2277, como dice Nu y Colombia Fintech, y su equipo de comunicaciones y prensa está tramitando dicha solicitud, así que tan pronto contemos con esa respuesta, aparecerá en este mismo espacio periodístico.
Marcela Torres, de Nu, dijo que esto se trata de poner sobre la mesa conversaciones difíciles porque hay una ley que no está implementada, “podríamos quedarnos callados, pero nosotros tomamos acción”. Gabriel Santos aseguró que “estamos en un buen momento para generar conciencia. Hay un incentivo para los tomadores de decisiones. Los colombianos nos jactamos de cumplir nuestra palabra. El Estado colombiano se compromitó a cumplirle a los colombianos de más bajos recursos. El Estado tiene la obligación de echar esto a andar. Esto beneficia al 80% de la población colombiana. Hay que defender al eslabón más débil. Es una decisión de política publica fácil, no requiere desarrollo tecnológico. Hay que subir el volumen de la conversación. Si alzamos la voz y materializamos el costo, es una salida importante”.
Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻💻 🤓📚
Por Edwin Bohórquez Aya
