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La inseguridad jurídica que perciben los mineros del país sigue siendo el ‘coco’ para la actividad minera extractiva, al punto que, por lo menos, 34% de empresarios consultados indicaron que para los próximos cinco años piensa aplazar nuevas inversiones para desarrollar proyectos mineros en diversas regiones del territorio colombiano.
En la instalación del Congreso Minero en Cartagena, el presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), Satiago Angel Urdinola, advirtió que hay un amplio menú de tributos que afectan la actividad minera. “La comisón de reforma tributaria nos hizo una lista de 33 impuestos territoriales, 13 departamentales, 20 municipales y 24 no identificados cuál el sustento legal”, señaló Angel Urdinola.
El dirigente gremial también resaltó la proliferación de las estampillas por todo el territorio nacional, que tambén se convierte en una carga impositiva para la industria mnera.
José Miguel Linares, presidente del Consejo Directivo de la ACM y presidente de Drummond, resaltó que en los últimos años “diversas decisiones de las altas cortes han generado cuestionamientos a la seguridad jurídica para los inversionistas”.
Consideró que “el futuro de un país no puede depender de la voluntad de los habitantes de unos cuantos municipios, cuando el desarrollo de los proyectos mineros benefician a millones de personas”. El representante de la multinacional del carbón pidió al gobierno definir dónde se puede o no se puede hacer minería.
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Linares recordó que en la última década “las industrias de hidrocarburos, energía y minería, han representado en promedio un 9% del PIB, y el 63% de las exportaciones del país han provenido de estos sectores”. Por lo menos, el 46% de la inversión extranjera directa viene de estas industrias y el 25% de las finanzas públicas nacionales surgen del sector de hidrocarburos y minería.
El presidente de la Drummond reiteró que “el Estado no puede renunciar a desarrollar una industria extractiva responsable, en un país que tiene pobreza monetaria del 27,8%, que tiene una tasa de desempleo del 9% y una de subempleo subjetivo del 29,3%”.
Sin embargo, el auge de las consultas populares es el reflejo del sentimiento de muchas comunidades, que han comenzado a percibir de formas diferentes su desarrollo económico y ambiental. La visión de la industria choca, entonces, con la de la gente de algunos municipios con fuerte presencia de operaciones extractivas.
De fondo lo que existe es un conflicto entre un modelo de desarrollo económico dependiente por completo de estas actividades y la necesidad de generar nuevas reglas de juego para intentar armonizar la actividad industrial con el sentir y las elecciones de los pobladores de estos lugares.
Un editorial publicado por este diario a finales del año pasado lo resume de esta forma: "Tiene que reformarse el paradigma de cómo se permite la extracción en el país, buscando una solución concertada entre todas las partes. (...) Es imposible garantizar el balance entre la sostenibilidad ambiental a largo plazo, los intereses de las comunidades afectadas por los proyectos y la necesidad del Estado de obtener recursos para su funcionamiento a punta de golpes de autoridad de parte y parte".
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Según la Agencia Nacional de Minería, existen cerca de 312 tipos de minerales en el territorio nacional. De los títulos mineros el 40% corresponde a materiales de construcción, 22% oro y metales preciosos, 18% otros minerales, 16% carbón y 4% esmeraldas.
El presidente de la ACM, Santiago Ángel Urdinola, recordó que para los próximos cuatro años se esperan invesiones en el sector por el orden de los $7 billones. Esas inversiones van a depender de la claridad jurídica que muestre el país para los siguientes años.
Cifras de la OIT establecen una comparación entre los distintos procesos de consultas que se han hecho en el continente: Colombia aparece con más de 4.500, Bolivia con 40, Chile con 26 y Brasil con 28. En el país existe 125 municipios con interés de participar en procesos de prohibir la actividad minera. Ángel explicó que de las 104 consultas anunciadas se han realizados nueve, ocho están en la etapa de recolección de firmas, seis en estudio en los tribunales administrativos, siete han sido declaradas inconstitucionales, 31 constitucionales y 12 están suspendidas. “Las consultas populares necesitan una rápida solución”, dijo el presidente de la Asociación Colombiana de Minería.
En el evento minero fue presentado el estudio "Costo económico de la inestabilidad y debilidad institucional de la gestión socio-ambiental de los proyectos de inversión en los sectores de minería energía e infraestructura en Colombia", desarrollado por Fedesarrollo. La investigadora Astrid Martínez explicó que "el retraso en la aprobación de licencias ambientales reduce la rentabilidad de los proyectos. En algunos casos, se producen tardíamente las licencias ambientales, cuando se aprueban en un momento en el cual los proyectos han dejado de ser rentables. Los retrasos por reformulación no incrementan los costos operacionales o de la deuda. Hay debilidad técnica en la ANLA y falta diferenciar los términos de referencia para los estudios de impacto ambiental para cada mineral".
Por Redacción Economía.
