Empresas en la crisis del COVID-19: ¿reorganización ordenada o quiebra generalizada?

El impacto del coronavirus en la economía ha golpeado los dos lados de la ecuación. Por un lado, ha paralizado la demanda de los consumidores (forzados al aislamiento), disminuyendo así drásticamente el consumo de bienes y servicios, especialmente de combustibles. Por el otro, la oferta también se paralizó con las cadenas de suministro afectadas por la cuarentena y las líneas de producción igualmente tuvieron que enviar a los trabajadores a casa para cumplir con las medidas implementadas mundialmente.

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Con la economía afectada en oferta y demanda, es un hecho que habrá recesión a partir del segundo semestre: los pronósticos más optimistas hablan de una contracción de la economía mundial del 3 %, según cálculos del Banco Mundial, mientras que para Colombia el Gobierno estima una caída del PIB del orden de -5 %.

La magnitud aún es difícil de cuantificar, puesto que no se conoce la duración que tendrá el choque y si, una vez se levanten las medidas de aislamiento, se regresará a las condiciones previas al coronarivus.

Algunos datos de la economía nacional empiezan a relevar los efectos adversos. El DANE reportó que el desempleo en marzo subió a 12,6 %; las exportaciones se contrajeron 28,5 % en marzo y 15 % en el primer trimestre; la confianza industrial cayó a -35 % y la de los comerciantes a –30 %; el tipo de cambio permanece cercano a $4.000, y el Brent, que responde por la mitad de las exportaciones, se sitúa en US$25/Bl; mientras el Banco de la República ha disminuido la tasa de interés en 100 puntos básicos hasta 3,25 % en el último mes. El PIB del primer trimestre se ubicó en 1,1 %, con una caída de -4,9 % solo para marzo.

En un ambiente de incertidumbre como el que estamos viviendo, son las mipymes las que sufren las mayores afectaciones, porque son las primeras en perder clientes, en ver restringido el acceso al crédito, en parar las actividades y tienen mayor vulnerabilidad en sus indicadores financieros. Muchas de ellas dependen del acceso a liquidez o del financiamiento de sus proveedores para cumplir con sus obligaciones o financiar costos fijos, y tardan más en recuperar el ritmo que empresas de mayor tamaño.

Aparte de las medidas anunciadas, como las líneas de crédito a través de Bancóldex, las garantías del FNG para crédito y la reducción de las cotizaciones a seguridad social, que proveen liquidez y reducen presión en el flujo de caja, instaurar condiciones de reorganización empresarial para acogerse a la Ley 1116 de forma rápida es un mecanismo que tiene mayor potencial de facilitar el camino para que las mipymes se ajusten fácilmente a las nuevas condiciones económicas y puedan absorber las pérdidas derivadas de la situación actual.

Un mecanismo fast track con flexibilidad para que puedan reorganizarse para afrontar un nuevo ambiente económico como el que se aproxima evitará que muchas mipymes caigan en la quiebra de manera desorganizada, con la consecuente pérdida en la cartera comercial y la destrucción de empleos que eso implica.

Generar ese mecanismo de reorganización rápida trae varios beneficios, y uno de ellos es la protección del empleo que generan esas unidades productivas. Otro es la reprogramación de sus obligaciones financieras y de nuevas condiciones para estas, así como la renegociación de plazos para cumplir sus obligaciones con proveedores y arrendatarios. Y tal vez el más importante, evitar una quiebra generalizada que puede ocasionar un deterioro enorme de la cartera bancaria, lo que terminará por cerrar el crédito a la economía, ya que si el sistema bancario enfrenta pérdidas preferirá retener liquidez en vez de aumentar su exposición al riesgo.

Otra medida que requieren las mipymes es la aprobación de la ley de pronto pago, para que puedan convertir en efectivo las ventas que ya hicieron en el escenario antes del COVID-19, pero que están represadas con empresas de mayor tamaño, que tienen mejor acceso y condiciones de financiamiento en el mercado bancario o en el de capitales: esto ayudaría a que recuperen su capital de trabajo sin asumir el costo de tasa de interés, y que en lugar de financiar con su capital a otros agentes puedan fortalecer sus finanzas en este momento crítico.

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Finalmente, las medidas de recuperación económica que se adopten deben tener un enfoque que permita que el aparato productivo, particularmente las mipymes, se ajuste rápidamente a la nueva realidad económica donde menor demanda y mayor riesgo serán constantes, y que sus ventas se transformen rápidamente en flujo de caja sin los costos financieros relacionados con el aumento de la deuda o al descuento de sus facturas para obtener liquidez.

Mecanismos de esa naturaleza son los que permitirán que estas empresas vuelvan a funcionar y recontratar a sus empleados, un asunto vital en un escenario de pospandemia.

* Unidad de Análisis en Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia.

El impacto del coronavirus en la economía ha golpeado los dos lados de la ecuación. Por un lado, ha paralizado la demanda de los consumidores (forzados al aislamiento), disminuyendo así drásticamente el consumo de bienes y servicios, especialmente de combustibles. Por el otro, la oferta también se paralizó con las cadenas de suministro afectadas por la cuarentena y las líneas de producción igualmente tuvieron que enviar a los trabajadores a casa para cumplir con las medidas implementadas mundialmente.

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Con la economía afectada en oferta y demanda, es un hecho que habrá recesión a partir del segundo semestre: los pronósticos más optimistas hablan de una contracción de la economía mundial del 3 %, según cálculos del Banco Mundial, mientras que para Colombia el Gobierno estima una caída del PIB del orden de -5 %.

La magnitud aún es difícil de cuantificar, puesto que no se conoce la duración que tendrá el choque y si, una vez se levanten las medidas de aislamiento, se regresará a las condiciones previas al coronarivus.

Algunos datos de la economía nacional empiezan a relevar los efectos adversos. El DANE reportó que el desempleo en marzo subió a 12,6 %; las exportaciones se contrajeron 28,5 % en marzo y 15 % en el primer trimestre; la confianza industrial cayó a -35 % y la de los comerciantes a –30 %; el tipo de cambio permanece cercano a $4.000, y el Brent, que responde por la mitad de las exportaciones, se sitúa en US$25/Bl; mientras el Banco de la República ha disminuido la tasa de interés en 100 puntos básicos hasta 3,25 % en el último mes. El PIB del primer trimestre se ubicó en 1,1 %, con una caída de -4,9 % solo para marzo.

En un ambiente de incertidumbre como el que estamos viviendo, son las mipymes las que sufren las mayores afectaciones, porque son las primeras en perder clientes, en ver restringido el acceso al crédito, en parar las actividades y tienen mayor vulnerabilidad en sus indicadores financieros. Muchas de ellas dependen del acceso a liquidez o del financiamiento de sus proveedores para cumplir con sus obligaciones o financiar costos fijos, y tardan más en recuperar el ritmo que empresas de mayor tamaño.

Aparte de las medidas anunciadas, como las líneas de crédito a través de Bancóldex, las garantías del FNG para crédito y la reducción de las cotizaciones a seguridad social, que proveen liquidez y reducen presión en el flujo de caja, instaurar condiciones de reorganización empresarial para acogerse a la Ley 1116 de forma rápida es un mecanismo que tiene mayor potencial de facilitar el camino para que las mipymes se ajusten fácilmente a las nuevas condiciones económicas y puedan absorber las pérdidas derivadas de la situación actual.

Un mecanismo fast track con flexibilidad para que puedan reorganizarse para afrontar un nuevo ambiente económico como el que se aproxima evitará que muchas mipymes caigan en la quiebra de manera desorganizada, con la consecuente pérdida en la cartera comercial y la destrucción de empleos que eso implica.

Generar ese mecanismo de reorganización rápida trae varios beneficios, y uno de ellos es la protección del empleo que generan esas unidades productivas. Otro es la reprogramación de sus obligaciones financieras y de nuevas condiciones para estas, así como la renegociación de plazos para cumplir sus obligaciones con proveedores y arrendatarios. Y tal vez el más importante, evitar una quiebra generalizada que puede ocasionar un deterioro enorme de la cartera bancaria, lo que terminará por cerrar el crédito a la economía, ya que si el sistema bancario enfrenta pérdidas preferirá retener liquidez en vez de aumentar su exposición al riesgo.

Otra medida que requieren las mipymes es la aprobación de la ley de pronto pago, para que puedan convertir en efectivo las ventas que ya hicieron en el escenario antes del COVID-19, pero que están represadas con empresas de mayor tamaño, que tienen mejor acceso y condiciones de financiamiento en el mercado bancario o en el de capitales: esto ayudaría a que recuperen su capital de trabajo sin asumir el costo de tasa de interés, y que en lugar de financiar con su capital a otros agentes puedan fortalecer sus finanzas en este momento crítico.

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Finalmente, las medidas de recuperación económica que se adopten deben tener un enfoque que permita que el aparato productivo, particularmente las mipymes, se ajuste rápidamente a la nueva realidad económica donde menor demanda y mayor riesgo serán constantes, y que sus ventas se transformen rápidamente en flujo de caja sin los costos financieros relacionados con el aumento de la deuda o al descuento de sus facturas para obtener liquidez.

Mecanismos de esa naturaleza son los que permitirán que estas empresas vuelvan a funcionar y recontratar a sus empleados, un asunto vital en un escenario de pospandemia.

* Unidad de Análisis en Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia.