Conconcreto quiere ampliar contrato en Hidroituango

Juan Luis Aristizábal, presidente de Conconcreto, organización con cerca de 12.000 empleados. / Gustavo Torrijos - El Espectador

Juan Luis Aristizábal es el presidente de Conconcreto, una de las firmas más reconocidas en el gremio de la construcción en el país y uno de los miembros del consorcio CCC Ituango, ejecutor de las obras de construcción de Hidroituango.

La semana pasada, al igual que Coninsa Ramón H., Conconcreto anunció que se acogía al proceso de reorganización empresarial. En esta entrevista, Aristizábal explica el porqué de esa decisión. Entre otras, da sus perspectivas sobre la supervivencia de la empresa en caso de que el fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría sea confirmado en segunda instancia.

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¿Qué los llevó a la reorganización? ¿Cómo llegaron a esa decisión?

El Decreto 560 de 2020 permite a las empresas acogerse a un proceso de reorganización para atender organizadamente a sus acreedores. Ante una inminente ratificación del fallo de la Contraloría en segunda instancia, por un monto de $4,3 billones, que además es solidario a todos los investigados, nos vemos ante la imposibilidad de tener un cobro coactivo de ese monto y sostener la supervivencia de la empresa, que es lo que estamos buscando para el largo plazo a través de un acuerdo con los acreedores y, así, que esta acreencia que hoy es contingente se atienda después de pagar todas las demás acreencias, que nos dé el tiempo necesario para poder recurrir a otras instancias, en caso de que se ratifique la segunda instancia.

¿Ese acuerdo incluye a la Contraloría?

La acreencia de la Contraloría, en caso de que se ratifique el fallo, es un pasivo o acreencia contingente hasta que no se ratifique en la última instancia en este tipo de procesos en Colombia.

Es decir, por el momento no incluye a la Contraloría.

Por el momento no.

De los $4,3 billones, ¿cuánto le correspondería a Conconcreto?

No lo sabemos, es lo que quisiéramos saber.

De confirmarse el fallo, con este acuerdo, ¿estaría garantizada la supervivencia de la empresa?

Si se ratifica el fallo, estaríamos inhabilitados para terminar el contrato de Hidroituango y otros más con el Estado. Tendríamos que hablar con cada contratante y llegar a acuerdos para buscar soluciones, que los contratos se impacten lo mínimo posible y que se cumpla con la ley, que exige ceder el contrato. Esto representa para nosotros el 20 % de nuestro backlog (contratos por ejecutar), que hoy es de $3 billones. Es un impacto importante, pero no pone en riesgo la supervivencia de la empresa. Estamos sólidos financieramente, tenemos uno de los mayores patrimonios en las compañías de construcción del país y tenemos oportunidades de mercados interesantes en Colombia y Estados Unidos.

Eventualmente, ¿a quién le cederían esos contratos?

Es una fórmula que exige que el cesionario tenga las mismas calificaciones que hubo en el proceso de licitación. En algunas instancias puede ser el segundo en la lista del proceso licitatorio; en otros, el contratante puede decidir a quién cederle.

¿En este momento Conconcreto tiene proyectos en el exterior?

Cerca del 20 % del volumen de nuestros contratos son en Estados Unidos y Panamá.

¿Se verían en algo afectados por la situación actual?

No, ni esos ni los contratos con particulares.

¿Pero le preocupa el impacto reputacional que todo esto pueda tener en el exterior?

La gran dificultad de tomar este tipo de decisiones (reorganización), a pesar de que tienen tremendos beneficios para enfrentar un reto como el de un pasivo de este tamaño, es el riesgo reputacional. Hemos estado hablando con todos los grupos de interés: bancos, compañías de seguros, proveedores y clientes para aclararles que la compañía no tiene riesgo de insolvencia, seguimos operativos y cumpliendo nuestros compromisos en Colombia y el exterior.

Si salen exitosos del proceso con la Contraloría, ¿seguirían en Hidorituango?

Estamos comprometidos con Hidroituango. Queremos terminar el proyecto, hemos superado la parte quizá más compleja, que fue terminar la presa, poner en funcionamiento el vertedero y recuperar la casa de máquinas después de que se suspendiera el flujo del río Cauca. Hoy estamos en la etapa de reconstrucción de casa de máquinas. Somos contratistas, nos gusta ejecutar contratos, pero además hay casi 5.000 personas comprometidas con el proyecto que han trabajado 24/7 los 365 días del año, hay ingenieros que tienen una altísima experiencia y conocimiento del proyecto, equipo humano líder y diría que heroico que ha sido capaz de superar esta contingencia… Lo que más quisiéramos es ayudar a EPM a cumplir sus compromisos, sacar adelante Hidorituango, que es un proyecto importante para el entorno nacional y evitar que nuestro cliente, EPM, sea sancionado con multas de parte de la CREG.

El contrato con EPM está vigente hasta diciembre de este año, ¿no es así?

Sí, y quisiéramos tener la posibilidad de ampliarlo, pero existe el riesgo de la inhabilidad. Tendríamos que esperar a que se ratifique el fallo en segunda instancia.

¿Cómo está la relación actualmente con EPM?

Estamos en conversaciones para llegar a acuerdos de una posible ampliación del contrato, obviamente teniendo en cuenta el escenario de una inhabilidad, que es lo que más nos preocupa al cliente y a nosotros.

Hemos escuchado de reuniones de emergencia en Presidencia para hablar de este contrato. ¿Qué sabe de estas reuniones? ¿Su presencia en Bogotá está relacionada con esto?

No hemos participado en esas reuniones, pero hemos tenido el apoyo del Gobierno Central, porque para él es una prioridad sacar adelante Hidroituango y es una prioridad para todos. Estoy en Bogotá porque es gaje de mi oficio, estoy entre Medellín y Bogotá. La pandemia está mucho más controlada y se puede volver a viajar, tenemos reuniones comerciales y de negocios en Bogotá, y en este momento estoy atendiendo medios de comunicación.

¿Ha tenido comunicación con el alcalde de Medellín? ¿Cuál es su percepción de su discurso respecto a que son los contratistas los que deben pagar?

Tenemos interlocución con EPM en distintos niveles, con el gerente, vicepresidentes y con las personas responsables de la ejecución; ni con el alcalde ni con otros miembros de la junta hemos tenido comunicación reciente, y solo esperamos que conjuntamente seamos capaces de encontrar una solución a este problema.

¿Y qué opinión le merecen las declaraciones del alcalde?

Son supremamente agresivas y atentan contra la ética y transparencia con la que hemos trabajado por muchos años. Si él tiene alguna prueba de que hemos incumplido, estamos solicitando que la presente.

¿Han pensado iniciar alguna acción en contra del alcalde o la Alcaldía por esas declaraciones?

Son alternativas que hemos considerado, están bajo estudio. Lo que más nos interesa es preservar la reputación de Conconcreto, que hemos construido durante 60 años; hemos sido intachables, hemos tenido procesos en algunos contratos, pero siempre hemos logrado salir adelante en todas estas diferencias. Si en algún momento tuvimos alguna falla o hay pruebas de que cometimos algún error, estamos dispuestos a reconocerlo, para eso nos estamos sometiendo a un tribunal de arbitramento internacional, que es el mecanismo para dirimir las diferencias entre las partes, y esperamos que a través de ese tribunal se pueda llegar a las conclusiones de cuáles fueron las causas del colapso del túnel y si fuimos responsables o no.

¿En qué etapa está ese tribunal?

Ya se nombraron árbitros y ya estamos iniciando el proceso de presentación de pruebas y peritazgos.

Una de las inconformidades que ustedes manifiestan es que sus pruebas no han sido tenidas en cuenta en el proceso de la Contraloría…

Son dos procesos diferentes. El de la Contraloría es por responsabilidad fiscal. Hemos dicho siempre que no hemos tenido la opción de presentar nuestros testimonios y pruebas, pero además no somos agentes fiscales. En el caso del tribunal, es el mecanismo contractual para dirimir las diferencias entre las partes. Queremos llegar a una conclusión definitiva de si fuimos o no responsables del colapso del túnel.

¿Qué pasó en Hidroituango? ¿Para ustedes qué generó la contingencia de abril de 2018?

Eso es parte de lo que vamos a hacer en el tribunal de arbitramento. Vamos a presentar todas nuestras pruebas de que no tuvimos responsabilidad. Sobre la causa del colapso, habrá otras instancias para determinar eso. Nosotros somos los ejecutores de la construcción, somos subcontratistas de EPM, que es el contratista general, y todas las decisiones de diseño o de ejecución de obra están en sus manos; solo ejecutamos de acuerdo con unos planes y especificaciones, y consideramos que hemos cumplido al 100 % nuestras responsabilidades contractuales.

Sé que no pueden cambiar ningún diseño, pero ¿como contratista no tuvieron voz para emitir su concepto sobre si el diseño era conveniente o no?

Dentro de nuestro contrato tenemos una restricción de modificación de diseño, no podemos modificar ninguno. Es EPM el que toma las decisiones, somos subcontratistas y nos tenemos que someter a las instrucciones que nos dé y ejecutar las obras civiles según los planos y diseños.

¿En este momento todas las obras en las que está Conconcreto están marchando con normalidad?

El 100 % de nuestros proyectos están operando normalmente, y en el caso de Hidroituango estamos operando normalmente con los demás contratistas y subcontratistas para cumplir la meta de generación de dos turbinas en 2022.

¿Cuáles son las expectativas de Conconcreto para 2022, teniendo en cuenta el panorama político, las perspectivas de reactivación...? ¿Cómo ven 2022?

Hemos presentado resultados a todos los inversionistas, somos una empresa inscrita en el mercado de valores. En el mundo de la construcción se utiliza una cifra que es el backlog, y para el año entrante tenemos cerca de $1,2 billones en contratos para ejecutar en 2022, además de los nuevos que consigamos en lo que resta de este año. La compañía está sólida, su rentabilidad es buena, tenemos solidez y liquidez para superar los retos y atender nuestros compromisos.

¿Cómo es eso en cifras?

Ayer reportamos resultados, con utilidades de $70.000 millones, un valor importante después de lo que ocurrió en 2020 con la pandemia, y esperamos cerrar el año con utilidades incluso superiores.