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En medio de un panorama eléctrico cada vez más tenso, EPM prendió las alarmas por el creciente impago de la comercializadora Air-e, que atiende buena parte del Caribe. La deuda, que a febrero ya supera los $107.000 millones, es apenas la punta de un iceberg que incluye un desequilibrio de mercado, altos costos térmicos y la sombra de una crisis energética en plena etapa de recuperación hidrológica.
Aunque el tono del comunicado de EPM fue institucional, el mensaje no deja dudas en la preocupación real por los impagos y por la sostenibilidad de un modelo donde unos generan la energía, pero no reciben a tiempo el pago de quienes la venden al usuario final.
La preocupación no es solo de EPM. Esta semana, la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) lanzó una advertencia más severa: si no se pagan las deudas, la región Caribe podría enfrentarse a una desconexión masiva. Magdalena, Atlántico y La Guajira (los departamentos donde opera Air-e) estarían en riesgo inminente de apagón.
Respecto a la venta de energía a la empresa Air-e y el bienestar de sus usuarios, desde EPM deseamos compartir con la opinión pública lo siguiente 👇 pic.twitter.com/dVwxgr8YEE
— EPM estamos ahí (@EPMestamosahi) April 8, 2025
El centro del problema está en la cadena de comercialización. EPM (Empresa Pública de Medellín) es uno de los grandes generadores de energía del país, y vende electricidad tanto en bolsa (a precio de mercado) como a través de contratos a largo plazo, que permiten estabilidad en tarifas. Una parte importante de su energía se destina a Air-e, empresa que distribuye electricidad a departamentos de la costa Caribe como Atlántico, Magdalena y La Guajira.
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En condiciones normales, los contratos de largo plazo son una herramienta que protege al usuario de variaciones bruscas en el precio de la energía, como las que se viven en épocas de sequía. Pero esos mismos contratos requieren pagos cumplidos. Hoy, eso no está ocurriendo.
El problema es sistémico. El incumplimiento no solo afecta a unas pocas empresas: amenaza la estabilidad del sistema eléctrico nacional. Y aunque los contratos y la ley exigen cumplir pagos para garantizar continuidad, la intervención estatal no ha destrabado los recursos ni ofrecido soluciones estructurales.
Según EPM, a febrero de 2025 la deuda acumulada por parte de Air-e por concepto de contratos y compras en bolsa ya superaba los $107.000 millones. Una cifra nada menor, sobre todo considerando que esos recursos son esenciales para mantener las operaciones de generación, expansión de la infraestructura y atención de emergencias.
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El problema no es nuevo, pero se agrava porque llega tras uno de los fenómenos de El Niño más intensos de las últimas décadas. Con represas bajo mínimos y el país al borde de un racionamiento en 2023, EPM puso a operar las unidades 3 y 4 de Hidroituango, lo que permitió atender hasta el 11 % de la demanda nacional ese noviembre. Su entrada ayudó, incluso, a reducir hasta en un 40 % el precio de la energía en bolsa ese mes.
Sin esa generación adicional, dice EPM, “probablemente hubiera ocurrido un racionamiento de energía, con las implicaciones que esto tendría para todos los colombianos”.
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EPM detalló que no solo cumplió con sus obligaciones contractuales, sino que priorizó el bienestar de los usuarios de Air-e por encima de ganancias puntuales en el mercado de bolsa.
- En 2023, EPM cubrió 16 % de la demanda regulada de Air-e.
- En 2024, esa cobertura subió a 19 %.
- En enero y febrero de 2025, alcanzó 30 %, pese a la crisis climática.
Además, la compañía antioqueña destacó que vendió la energía a Air-e a precios por debajo del promedio nacional del mercado regulado: 3,7 % menos en 2023 y 4,3 % menos en 2024.
Aunque la situación aún no ha afectado directamente a los hogares, el riesgo está latente. Si las empresas generadoras no reciben pagos a tiempo, pueden verse forzadas a limitar sus compromisos, y eventualmente, eso impactaría el suministro o las tarifas.
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