Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La junta directiva de Ecopetrol decidió no apartar a su presidente, Ricardo Roa Barragán, pese a la presión simultánea de sindicato, accionistas y exdirectivos. La compañía confirmó que continuará en el cargo mientras avanzan los análisis internos sobre su situación.
La decisión se conoció tras la sesión del 24 de marzo, en la que la Junta revisó una serie de solicitudes que giran alrededor de su continuidad.
Una de ellas proviene de la Unión Sindical Obrera (USO), que pidió apartarlo del cargo y advirtió sobre una posible movilización nacional si no hay decisiones de fondo. También llegaron requerimientos de accionistas minoritarios, enfocados en la imputación de cargos por parte de la Fiscalía y sus posibles efectos sobre contratos y cumplimiento regulatorio. A esto se sumó un pronunciamiento del entorno del exdirectivo Luis Enrique Rojas Cuéllar, que incluyó un llamado a la renuncia.
Sin anunciar medidas de fondo, la junta optó por mantener el caso bajo revisión.
“Es consciente de sus responsabilidades (…) y ha venido evaluando los riesgos generados para la Empresa por las distintas noticias relacionadas con el Dr. Roa”, señaló la compañía, que afirmó apoyarse en áreas de cumplimiento y asesores externos tanto en Colombia como en Estados Unidos.
Sobre el frente judicial, la petrolera recordó que el pasado 11 de marzo ya había informado la decisión de la Fiscalía General de la Nación de imputar cargos al presidente. Y fijó una línea clara: “A la fecha no existen incumplimientos en la regulación que rige a Ecopetrol, como tampoco de los contratos de crédito u otros materiales”.
Parte de la inquietud de los inversionistas gira alrededor de si la situación podría activar cláusulas en financiamiento o comprometer obligaciones con terceros. Por ahora, la compañía descarta ese escenario.
Pero el ruido viene creciendo desde antes. Roa fue imputado por el delito de tráfico de influencias en un caso que gira alrededor de la compra de un apartamento en Bogotá por debajo de su valor comercial y posibles gestiones posteriores dentro del grupo empresarial. En paralelo, enfrenta otro frente judicial por su papel como gerente de la campaña presidencial de 2022, por presunta violación de topes, con audiencia prevista para el 8 de abril.
Dentro y fuera de la empresa, la discusión ya no es solo jurídica. “Empresas del nivel de Ecopetrol deben tener ejecutivos a toda prueba”, dijo a este diario el exsuperintendente de Sociedades Francisco Reyes en días recientes, al señalar que mantener a un presidente imputado puede afectar la confianza en una compañía que cotiza en la Bolsa de Nueva York.
El tema también toca el frente operativo. Ecopetrol viene de un año débil en resultados: en 2025 los ingresos cayeron 10,2 %, las utilidades cerca de 40 % y el ebitda 13,8 %. Todo esto en medio de un entorno donde la acción ha mostrado volatilidad, influenciada tanto por el precio del crudo como por el ruido corporativo.
La Junta, de momento, intenta contener ambos frentes.
El órgano también buscó bajar la temperatura en el frente laboral. Reconoció el peso histórico de la USO y reiteró su disposición al “diálogo constructivo”, mientras insiste en mantener la continuidad operativa.
En paralelo, la empresa aseguró que mantiene un “seguimiento continuo” a los procesos que involucran tanto a la compañía como a su representante legal, con el argumento de evitar que el mercado reciba información incompleta.
💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.
