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Este martes se conoció que la junta directiva de Empresas Públicas de Medellín (EPM) aprobó el Programa de Enajenación para llevar a cabo la venta del 100 % de la participación accionaria que tiene el grupo empresarial en UNE EPM Telecomunicaciones S.A. En palabras simples, las acciones que tienen en Tigo.
Se trata de más de cinco millones de acciones (5.015.035, para ser exactos). A cada una se le dio un precio mínimo de $418.741, lo que resultaría en un negocio de más de $2,1 billones.
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Según lo explicado por EPM, esta decisión se tomó bajo el criterio de que es lo que resulta más favorable para la sostenibilidad de la empresa y la protección de los recursos públicos.
“Este es un buen momento para ejecutar el proceso de venta, ya que UNE EPM Telecomunicaciones S.A. (UNE) se encuentra en un periodo de recuperación económica y estabilización y EPM dispone del tiempo necesario para ejecutar de manera integral su derecho de salida contemplado en el Acuerdo de Accionistas”, informó la empresa.
Al tratarse de acciones de una empresa pública, hay que tener en cuenta que en agosto del año pasado el Concejo de Medellín aprobó, en segundo debate, la venta de estas acciones, lo que para muchos fue un voto de confianza a la gestión responsable y técnica de la enajenación.
También hay que tener en cuenta que esta no fue una decisión sencilla pues, de hecho, fue altamente debatida en los últimos años y en diversas alcaldías. La premisa de quienes defendieron la idea es que el negocio de las telecomunicaciones estaba implicando más gastos que ingresos; mientras que sus críticos señalaron que con la enajenación se perdería un patrimonio importante para los medellinenses.
EPM explicó que tras esta aprobación se avanzará con la inscripción temporal de las acciones que tienen en el Registro Nacional de Emisores y Valores y, luego de ello, ejecutará el proceso de enajenación, según lo establecido en la Ley 226 de 1995.
Estás serán las etapas
Primera etapa: las acciones se ofrecerán al precio fijado por la Junta Directiva a los destinatarios de condiciones especiales, entre quienes se encuentran los trabajadores activos y pensionados de la empresa, asociaciones de empleados o exempleados, sindicatos de trabajadores, fondos de empleados, fondos de cesantías y pensiones y entidades cooperativas, entre otros, del listado que contiene el Artículo 3 de la misma Ley 226.
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Esta etapa se adelantará durante el último trimestre del año, y los mencionados destinatarios especiales tendrán un plazo de dos meses, contados a partir del lanzamiento de la oferta, para presentar sus aceptaciones.
Si no se llegan a vender todas las acciones (lo cual es muy probable), las que queden serán ofrecidas al público en general en la segunda etapa.
Segunda etapa: las acciones estarán a disposición del público en general. En esta etapa podrá participar cualquier persona natural y/o jurídica que cumpla las condiciones que se establezcan en el reglamento de esta etapa.
Lo anterior podría suceder en los primeros meses de 2026. “Es importante aclarar que, en cumplimiento de los principios de amplia publicidad y libre concurrencia que salvaguarden el patrimonio público, EPM en su debido momento publicará los reglamentos que detallarán las condiciones de cada etapa, los respectivos avisos con los cuales se dan inicio a cada una de ellas, además de la información relevante que pueda tener incidencia en el proceso de enajenación”, precisó EPM.
Si después de todo esto no se logra vender la totalidad de las acciones, se le dará un derecho de preferencia a los accionistas controlante, es aquí cuándo Millicom tendrá la posibilidad de comprar directamente esta participación.
“Si Millicom no hace uso de ese derecho de preferencia como accionista controlante, EPM podría, posteriormente, vincularlo a la venta y ofrecer de manera conjunta la totalidad de la participación accionaria que tengan ambos accionistas en UNE EPM Telecomunicaciones S.A. (UNE). Esto es posible gracias a la cláusula de protección del patrimonio público que se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre de 2026”, informa la empresa.
El negocio de Millicom
Es sabido, y de eso hemos hablado bastante en El Espectador, que las intenciones de Millicom están encaminadas a comprar la participación accionaria que tiene EPM en Tigo, así como las que tiene el Estado y otros inversionistas en Movistar. Su plan es fusionar ambos operadores y consolidar la segunda empresa de telecomunicaciones más grande de Colombia, por debajo, no por mucho, de Claro.
Para entender mejor esto hay que saber que, en Tigo (UNE EPM Telecomunicaciones), EPM tiene una participación del 50.0001 %. Por debajo está Millicom, con el 49,98 %; y más abajo hay muy pequeños accionistas como Peak Record, Peak Five; Global Albion y Global Locronan.
Habría que esperar el resultado de las etapas anteriormente descritas para conocer cómo se recompondría esa participación accionaria.
Con Movistar, Millicom firmó un acuerdo de compra con Movistar por el 67,5 % de las acciones que tiene Telefónica en Coltel (Telefónica Colombia - Movistar), acuerdo que quedó sujeto a las aprobaciones regulatorias.
En su momento, las empresas informaron que Millicom también ofreció la compra del 32,5 % restante de Coltel, propiedad de la Nación y otros inversionistas, al mismo precio de compra que le ofreció a Telefónica.
En julio de 2024 se había conocido el anticipo de esta noticia, cuando las dos empresas firmaron un memorando de entendimiento no vinculante. El precio de compra de US$400 millones está sujeto a los cambios en la deuda neta, las variaciones en la tasa de cambio, entre otras cosas.
Millicom aseguró que con este movimiento se crearía una entidad robusta, que “rejuvenecería” el sector de telecomunicaciones por su capacidad financiera para respaldar las inversiones que se necesitan para avanzar en la inclusión digital en el país.
Aún con todo esto, los planes de Millicom por consolidar al segundo operador de telecomunicaciones más grande de Colombia siguen dependiendo de una firma más, la de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
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Este último es un debate más técnico que económico, pues aquí entran a jugar los intereses y el bienestar de los usuarios de las telecomunicaciones en el país, ya que el mercado quedaría conformado por dos actores dominantes (Claro y Tigo). El rol de la SIC es analizar esa eventual fusión y fijar las reglas de juego para que otros operadores sigan teniendo oportunidades para competir, y que el servicio prestado no pierda calidad o presente aumentos significativos en su precio.
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