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“Y entonces sucedió”. Cada vez que Kevin Arnold pronunciaba estas palabras en Los años maravillosos era el preludio de un acontecimiento. Y este viernes, después de un par de meses de especulaciones y ruido blanco, sucedió: la Contraloría ratificó su fallo de responsabilidad fiscal, por $4,3 billones, contra 26 personas y empresas por el caso Hidroituango.
El fallo, aunque resulta casi final, pues no proceden recursos en su contra (lo del casi se aclarará más adelante), termina por enredar aún más el futuro de un proyecto que resulta fundamental para el país.
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La ratificación del fallo de la Contraloría llega nueve meses después de que la entidad imputara cargos por el caso Hidroituango, que en su momento cobijó a 28 personas naturales y jurídicas.
Esto quiere decir que entre los hallados como fiscalmente responsables se encuentran figuras como Sergio Fajardo (exgobernador de Antioquia, 2012-2016), Alonso Salazar (exalcalde de Medellín, 2008-2011) y Luis Alfredo Ramos (exgobernador de Antioquia, 2008-2011).
En el fallo de primera instancia, y en la ratificación de segunda, se eximió de responsabilidad fiscal a Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, y Jorge Mario Pérez.
Adicionalmente, se revocó la decisión inicial de desvincular del proceso a la aseguradora Mapfre Seguros Generales de Colombia y, por consiguiente, la declaró como tercero civilmente responsable, por lo que se hace efectiva la póliza todo riesgo de construcción. Lo mismo ocurre con Seguros Generales Suramericana S. A., con lo que se hace efectiva la póliza de responsabilidad civil para directivos y administradores.
Y todo sucedió menos de 24 horas después de que EPM, luego de un par de meses pasados por especulación y pronunciamientos más políticos que técnicos, presentara un preacuerdo con los constructores para asegurar que el proyecto hidroeléctrico sí entrará a operar con sus dos primeras turbinas en 2022 (junio y noviembre, según pronunciamientos del presidente Iván Duque).
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Con el fallo de la Contraloría confirmado, la viabilidad de ese preacuerdo pareciera estar en entredicho. EPM aseguró, a través de un comunicado, que estudiará el documento e “implementará las acciones necesarias para mitigar los efectos que pueda producir en relación con el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Ituango e informará al mercado sobre las implicaciones que la mencionada situación pueda causar en el desarrollo de este y el proceso de ajuste del siniestro”.
La empresa agregó que “Es importante tener en cuenta que a la fecha el fallo no se encuentra en firme y ejecutoriado, razón por la cual los contratistas deben cumplir con las obligaciones contractuales que se encuentran vigentes en los diferentes contratos”.
Hasta el momento se sabe que EPM estaría trabajando en asegurar que una de las filiales de los constructores, y que no ha sido incluida en las decisiones de la Contraloría, podría hacerse cargo del contrato para evitar una cesión de los trabajos hecha a marchas forzadas.
Si esta opción puede ejecutarse, de fondo permitiría que el preacuerdo que fue anunciado este jueves se pueda ejecutar. En otras palabras, un alivio para EPM y el resto del proyecto que necesita terminar, en el plazo más próximo, las dos primeras unidades de generación en los plazos indicados.
Esta decisión estaba siendo discutida el viernes en la tarde por parte de EPM y representantes de la empresa que tomaría en sus manos el contrato.
En medio de las varias incertidumbres que abre la ratificación del fallo, algunas voces del sector energético salieron este viernes a explicar que la seguridad energética del país no se pone en entredicho, por lo menos hasta 2023, si Hidroituango continúa viendo pasar derecho sus plazos.
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“El país ha venido preparándose para cualquier contingencia en el proyecto Hidroituango. Desde 2019 se hizo una subasta de cargo por confiabilidad buscando nuevos proyectos, o ampliaciones, que dieran la energía firme que el sistema necesita si Ituango llegaba a retrasarse más allá del año 2021, 2022 e incluso 2023”, dijo Alejandro Castañeda, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg).
A lo que agregó: “Ahora, en 2024, uno ve que, así esté Ituango o no, ya comienzan a verse déficits entre la demanda, que viene creciendo considerablemente, y la oferta. Se necesita una nueva subasta de cargo por confiabilidad para expandir nuevamente el sistema y tener la energía firme”.
Esta suerte de parte de tranquilidad fue ratificado por Diego Mesa, ministro de Minas y Energía, al decir que “si hay retrasos, obviamente hay preocupaciones respecto a cuándo va a entrar en funcionamiento Ituango, pero no porque vayamos a tener una situación de desabastecimiento este año, en 2022 o 2023. Esa no es la preocupación. Pero, por supuesto, un proyecto de la naturaleza de Ituango garantiza tener mayor energía disponible y eso es más confiabilidad y también una oferta de competividad para el sector”.
Sin embargo, esta calma no es compartida por Susana Fonseca, directora ejecutiva de Asoenergía (gremio que representa a los grandes consumidores industiales y comerciales), aseguró que “vemos con preocupación cualquier elemento que retrase la entrada del proyecto Hidroituango. Los usuarios necesitan que las ocho unidades, los 2.400 megavatios entren los más pronto y eficientemente posible. Cualquier elemento que haga que se demore la entrada pone en riesgo la seguridad energética del país. El problema de que se demore la entrada las dos primeras unidades implica que se pone en riesgo al sistema ante un evento climático como El Niño o de falla de alguno de sus elementos y estrecha la posibilidad de atender la demanda a futuro”.
Por su parte, Camilo Sánchez, presidente de Andesco, está confiado en que el fallo no ponga en riesgo la puesta en marcha del proyecto hidroeléctrico. “Creo que hay mucha desinformación y unas peleas muy fuertes en la parte de Antioquia. Lo que estamos esperando es que haya confiabilidad, que Ituango entre el momento adecuado porque es muy importante para la seguridad energética”, dijo el dirigente gremial.
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¿En qué queda la aspiración presidencial?
La determinación de la Contraloría pone en jaque la aspiración presidencial de Sergio Fajardo, quien hoy se abre espacio en la denominada Coalición de la Esperanza en búsqueda de ser el candidato de los sectores de la centro-izquierda. La razón es que, una vez ratificado el fallo en segunda instancia, el Código Disciplinario Único establece que “quien haya sido declarado responsable fiscalmente será inhábil para el ejercicio de cargos públicos y para contratar con el Estado durante los cinco años siguientes a la ejecutoria del fallo correspondiente”.
Según la ley, esa inhabilidad concluirá “cuando la Contraloría competente declare haber recibido el pago o, si este no fuere procedente, cuando la Contraloría excluya al responsable del boletín de responsables fiscales”.
Ante el fallo, el abogado del precandidato, Mauricio Pava, dejó entrever que detrás hay una decisión más política que de responsabilidad fiscal y explicó que el expediente tiene revisión automática del Consejo de Estado, que tendrá la última palabra y que podría pronunciarse seguramente hasta 2022, justo en medio de la contienda. “Los efectos legales del fallo se encuentran suspendidos hasta tanto el Consejo de Estado revise la legalidad del prejuzgamiento de la Contraloría”, dijo en diálogo con este diario.
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Incluso, el jurista sostuvo que una autoridad de orden administrativa como la Contraloría no puede inhabilitar a personas para cargos de elección popular. Lo anterior a la luz del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a favor del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, que en septiembre de 2020 determinó que la Procuraduría General, como órgano administrativo, no podía restringir los derechos políticos de los servidores públicos elegidos por voto popular.
“Si el contralor no se comporta como un juez, y abandona todo recato legal, pone a nuestras instituciones en lo que le fue criticado a Venezuela en el fallo de Leopoldo López vs. Venezuela en la CIDH, y la democracia sufre”, agregó Pava.
A su turno, tras la determinación, Fajardo emitió un breve comunicado en el que señala que “la verdad y la decencia siempre salen adelante”. El precandidato sostuvo que, de la mano de su equipo jurídico, estudiarán “a profundidad” las 2.106 páginas de la determinación “para tomar las decisiones legales y políticas correspondientes”.