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El presidente Gustavo Petro anunció la liquidación de Air-e después de casi dos años de intervención estatal. La empresa presta el servicio de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira y atiende a cerca de 1,2 millones de usuarios en la Costa Caribe.
“Mi decision es liquidar Air-e para lograr que sus activos configuren una empresa común con otra empresa pública caribeña”, escribió el mandatario en su cuenta de X.
La decisión supone un giro frente a la estrategia adoptada por el propio Gobierno en septiembre de 2024, cuando la Superintendencia de Servicios Públicos tomó el control de la compañía con el objetivo de estabilizar sus finanzas y garantizar la continuidad del servicio.
Petro aseguró que la integración de activos permitiría fortalecer la operación eléctrica en la región. También defendió el programa Colombia Solar, que según el Gobierno cuenta con COP 8 billones aprobados en vigencias futuras para expandir proyectos de autogeneración en la Costa Caribe.
Andeg rechazó la propuesta y calificó la medida como “irresponsable e ilegal”. Alejandro Castañeda, presidente del gremio de generadores, sostuvo que una liquidación impediría que Air-e continúe desarrollando las actividades necesarias para prestar el servicio.
“Al momento de iniciar el acto de liquidación de la compañía Aire, no puede continuar esa compañía ni prestando el servicio, ni comprando energía, ni vendiendo la energía a los usuarios, ni facturando”, afirmó Castañeda.
El dirigente gremial aseguró que el Gobierno tampoco ha informado qué empresa asumiría la operación en Atlántico, Magdalena y La Guajira una vez se concrete la liquidación.
“Al momento de hoy, el gobierno no ha hecho ninguna gestión para buscar un operador que tenga las características, la idoneidad suficiente para prestar el servicio a estos tres departamentos que representan 13 millones de hogares”, señaló.
Castañeda también descartó que las distribuidoras estatales existentes puedan asumir la operación. Según dijo, se trata de compañías de menor tamaño y con limitaciones financieras para absorber una empresa que, de acuerdo con las cifras presentadas por el gremio, pierde entre COP 150.000 millones y 200.000 millones al mes.
Las deudas de Air-e
Cuando la empresa fue intervenida, sus obligaciones con generadores rondaban los $560.000 millones. Después de la intervención, la deuda siguió creciendo.
Andeg y el exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta estiman que Air-e acumula actualmente cerca de COP 2,5 billones en obligaciones con generadores, transmisores y otros agentes del mercado eléctrico.
“Desde septiembre de 2024 la deuda que acumula la compañía Air-e con todo el sector eléctrico es de 2,5 billones de pesos”, aseguró Castañeda.
El dirigente afirmó que aproximadamente COP 1,7 billones corresponden a generadores térmicos, empresas que cumplen una función clave para respaldar el sistema durante períodos de baja hidrología asociados al fenómeno de El Niño.
Castañeda advirtió que una liquidación dejaría esas acreencias sujetas a un proceso concursal y retrasaría aún más los pagos pendientes. “Una liquidación básicamente es hacerle conejo a todos los acreedores”, afirmó.
El exministro Acosta calificó la intervención estatal como un fracaso y sostuvo que la liquidación podría agravar los problemas financieros que ya enfrenta el sector.
“Después de 21 meses de la intervención de Air-e por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, ante el fracaso de esta, el presidente Petro, faltándole tres meses para abandonar la Casa de Nariño, anuncia su liquidación”, escribió.
Acosta recordó que Air-e acumuló nuevas obligaciones por cerca de COP 2,5 billones después de la intervención y advirtió que una nueva suspensión de pagos podría afectar a empresas que dependen de esos recursos para mantener su operación.
¿Resultados de la intervención? Aún pendientes
La Contraloría General también expresó preocupaciones sobre la situación de la compañía. Hace pocas semanas alertó sobre el deterioro patrimonial de Air-e y pidió medidas urgentes para garantizar la continuidad y sostenibilidad del servicio.
La Procuraduría solicitó información detallada sobre los resultados de la intervención y sobre el manejo financiero de la empresa durante el tiempo que permaneció bajo control de la Superintendencia de Servicios Públicos.
Las advertencias de los organismos de control coinciden con los reclamos que el sector energético viene formulando desde hace meses por problemas de liquidez, retrasos en pagos y obligaciones pendientes dentro de la cadena eléctrica.
Tomás González, director del Centro Regional de Estudios de Energía (CREE), sostuvo en una conversación en mayo con El Espectador que el próximo gobierno tendrá que resolver cerca de COP 6 billones en deudas pendientes con empresas del sector energético. A su juicio, la situación de Air-e forma parte de una presión financiera más amplia que afecta a comercializadoras, distribuidoras y generadores.
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Según González, la principal amenaza para el sistema no es una falta inmediata de energía, sino la pérdida de capacidad financiera de las empresas para sostener inversiones, comprar energía y mantener la operación. Por esa razón, varios gremios y organismos de control han advertido sobre el riesgo de un “apagón financiero”.
Air-e representa cerca del 12 % de la demanda nacional de energía. La definición sobre quién asumirá la operación, cómo se pagarán las deudas acumuladas y qué recursos financiarán la nueva estructura propuesta por el Gobierno tendrá efectos sobre una parte importante del sistema eléctrico colombiano.
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