“Es necesario actualizar el régimen sancionatorio”: superintendente de Transporte

A principios de este año la Superintendencia de Transporte anunció la puesta en marcha de un proyecto de renovación, que incluye la definición de nuevas políticas públicas, la creación de una nueva Delegatura de Protección al Usuario y la mejora de su capacidad técnica y tecnológica.

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Si bien la estructura que se persigue fortalecerá la entidad y sus funciones de inspección, vigilancia y control, de acuerdo con la superintendente, Carmen Ligia Valderrama, aún hace falta definir, actualizar y modificar algunas normas del sector.

¿Esta renovación institucional es suficiente?

Cuando llegamos a esta Superintendencia, encontramos una entidad que se había desfocalizado. Su misión era vigilar el sector por la importancia que tiene: el servicio público de transporte conecta el país en todos los frentes. Se renovó la entidad desde su nombre mismo, porque se necesita que realmente vigile la actividad y proteja al consumidor para que haya garantía de que el mercado funciona lo mejor posible.

¿Qué fallas encontraron?

Éramos una entidad desconocida para unos o conocida por ser sancionatoria para otros, pero no hacíamos ninguna labor adicional. Una gran debilidad era que la Superintendencia se dedicaba a sancionar a empresarios medianos y pequeños con multas que para el Estado son diminutas, pero que para los privados no se completaban ni con el ingreso de un mes. Eso los impactaba mucho y además desfavorecía la actividad, porque no se estaba supervisando nada ni logrando ningún objetivo.

Desde el punto de vista jurídico también tenía falencias gravísimas. Los delegados podían tomar decisiones porque tenían facultades del superintendente. Otra cosa era la hiperregulación. Solo en una de las delegaturas se expedían más de 58 circulares en promedio al mes, lo que es desproporcionado e ineficiente.

¿Eso no es un indicio de que al sector le faltan normas?

Sí, se necesita que algunas normas sean actualizadas y modificadas, como el régimen sancionatorio. Pero también existen muchas que todavía no se han implementado y ahí están, como las de protección a usuarios. Y es que notamos que en vista del maremágnum de normas que había, los funcionarios terminaron tratando de solucionar las situaciones de manera particular. Así no se regula, por eso se generaron esa clase de producciones tan masificadas de circulares externas.

¿Cómo son las sanciones en este momento?

Las multas no son del todo claras. Por ponerle un ejemplo, cuando se multa a un bus de transporte público la sanción va al vehículo y no al conductor. El monto máximo es de 700 salarios mínimos, una suma poco efectiva para una empresa grande y para que realmente genere un impacto; además, al ser la máxima, hay que dosificarla.

¿Cuál es el proceso para modificar el régimen sancionatorio?

Es una política pública que está en cabeza del Ministerio de Transporte; nosotros acompañaremos el proceso, pero la decisión definitiva es de ellos. Lo cierto es que hay que revisarlo y fortalecerlo, pero sobre todo para atacar la ilegalidad y la informalidad; quienes son legales no deberían tener la preocupación de que sea muy estricto.

¿Qué viene con la creación de la Delegatura de Protección al Usuario?

Esta entidad no protegía a los usuarios del sector. Cuando llegaban solicitudes las rechazaban y decían que no era competencia de la Superintendencia. Pero sí, somos competentes y ejercemos facultades administrativas. La Delegatura de Protección al Usuario se creó para podernos dedicar exclusivamente a capacitar y divulgar esos derechos y deberes a los usuarios y vigilados, y para inspeccionar y controlar cuando sea el caso. Además, haremos presencia en las 15 casas de la Red Nacional de Protección al Consumidor, adonde la gente puede llevar sus peticiones, quejas y reclamos.

¿Y qué pasará con las otras delegaturas?

En la medida en que se protege a los usuarios estamos pensando también en los empresarios. Si hay reglas claras y se tiene un mínimo para estandarizar el servicio, ambas partes pueden estar tranquilas; para eso se necesita divulgación y capacitación. Ese fortalecimiento lo aplicaremos también en los otros tres bloques: puertos, concesiones e infraestructura, y tránsito y transporte terrestre. Antes esta última se llevaba 80 % de la capacidad de la entidad, había un interés muy marcado y las otras estaban casi olvidadas.

¿Ya definió qué frentes tendrán prioridad en su gestión?

No está definido completamente de manera jerarquizada cuáles son esas prioridades, pero empezamos con el tema de seguridad vial por lo que hay de por medio; es de especial importancia, porque implica la vida de los usuarios.

En ese sentido, en temporada alta hicimos una campaña con las concesiones con el objetivo de conocer cómo estaban funcionando las vías en manos de privados desde el punto de vista de la seguridad vial. También protocolizamos nuestra reacción frente a accidentes en la Delegatura de tránsito y transporte terrestre, para que una vez suceda la emergencia lo implementemos y determinemos si fue producto del incumplimiento de deberes como la revisión técnico-mecánica.

También crearon una oficina TIC, ¿con qué fin?

La primera función es consolidar un sistema único de trámites donde las 25 aplicaciones sueltas que encontramos sean parte de un gran sistema; esperamos que eso quede listo este año, es complejo pera ya empezamos. Lo segundo es conectarnos y coordinarnos tecnológicamente con el sector, porque la entidad era una rueda suelta; lo que comenzó con el lanzamiento de la plataforma Sitra (Sistema Integral de Tránsito y Transporte). Eso nos permite cumplir el tercer objetivo, que es vigilar con big data, tomando información general para diseñar políticas públicas más eficaces.

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En las inspecciones preventivas que se aplicaron a 44 concesiones viales, la Supertransporte encontró 1.084 hallazgos relacionados con la seguridad vial durante la noche. Entre los más recurrentes están deficiencias o ausencia de señalización horizontal y vertical, caída de material en las vías y obstáculos de visibilidad, entre otros.

A principios de este año la Superintendencia de Transporte anunció la puesta en marcha de un proyecto de renovación, que incluye la definición de nuevas políticas públicas, la creación de una nueva Delegatura de Protección al Usuario y la mejora de su capacidad técnica y tecnológica.

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Si bien la estructura que se persigue fortalecerá la entidad y sus funciones de inspección, vigilancia y control, de acuerdo con la superintendente, Carmen Ligia Valderrama, aún hace falta definir, actualizar y modificar algunas normas del sector.

¿Esta renovación institucional es suficiente?

Cuando llegamos a esta Superintendencia, encontramos una entidad que se había desfocalizado. Su misión era vigilar el sector por la importancia que tiene: el servicio público de transporte conecta el país en todos los frentes. Se renovó la entidad desde su nombre mismo, porque se necesita que realmente vigile la actividad y proteja al consumidor para que haya garantía de que el mercado funciona lo mejor posible.

¿Qué fallas encontraron?

Éramos una entidad desconocida para unos o conocida por ser sancionatoria para otros, pero no hacíamos ninguna labor adicional. Una gran debilidad era que la Superintendencia se dedicaba a sancionar a empresarios medianos y pequeños con multas que para el Estado son diminutas, pero que para los privados no se completaban ni con el ingreso de un mes. Eso los impactaba mucho y además desfavorecía la actividad, porque no se estaba supervisando nada ni logrando ningún objetivo.

Desde el punto de vista jurídico también tenía falencias gravísimas. Los delegados podían tomar decisiones porque tenían facultades del superintendente. Otra cosa era la hiperregulación. Solo en una de las delegaturas se expedían más de 58 circulares en promedio al mes, lo que es desproporcionado e ineficiente.

¿Eso no es un indicio de que al sector le faltan normas?

Sí, se necesita que algunas normas sean actualizadas y modificadas, como el régimen sancionatorio. Pero también existen muchas que todavía no se han implementado y ahí están, como las de protección a usuarios. Y es que notamos que en vista del maremágnum de normas que había, los funcionarios terminaron tratando de solucionar las situaciones de manera particular. Así no se regula, por eso se generaron esa clase de producciones tan masificadas de circulares externas.

¿Cómo son las sanciones en este momento?

Las multas no son del todo claras. Por ponerle un ejemplo, cuando se multa a un bus de transporte público la sanción va al vehículo y no al conductor. El monto máximo es de 700 salarios mínimos, una suma poco efectiva para una empresa grande y para que realmente genere un impacto; además, al ser la máxima, hay que dosificarla.

¿Cuál es el proceso para modificar el régimen sancionatorio?

Es una política pública que está en cabeza del Ministerio de Transporte; nosotros acompañaremos el proceso, pero la decisión definitiva es de ellos. Lo cierto es que hay que revisarlo y fortalecerlo, pero sobre todo para atacar la ilegalidad y la informalidad; quienes son legales no deberían tener la preocupación de que sea muy estricto.

¿Qué viene con la creación de la Delegatura de Protección al Usuario?

Esta entidad no protegía a los usuarios del sector. Cuando llegaban solicitudes las rechazaban y decían que no era competencia de la Superintendencia. Pero sí, somos competentes y ejercemos facultades administrativas. La Delegatura de Protección al Usuario se creó para podernos dedicar exclusivamente a capacitar y divulgar esos derechos y deberes a los usuarios y vigilados, y para inspeccionar y controlar cuando sea el caso. Además, haremos presencia en las 15 casas de la Red Nacional de Protección al Consumidor, adonde la gente puede llevar sus peticiones, quejas y reclamos.

¿Y qué pasará con las otras delegaturas?

En la medida en que se protege a los usuarios estamos pensando también en los empresarios. Si hay reglas claras y se tiene un mínimo para estandarizar el servicio, ambas partes pueden estar tranquilas; para eso se necesita divulgación y capacitación. Ese fortalecimiento lo aplicaremos también en los otros tres bloques: puertos, concesiones e infraestructura, y tránsito y transporte terrestre. Antes esta última se llevaba 80 % de la capacidad de la entidad, había un interés muy marcado y las otras estaban casi olvidadas.

¿Ya definió qué frentes tendrán prioridad en su gestión?

No está definido completamente de manera jerarquizada cuáles son esas prioridades, pero empezamos con el tema de seguridad vial por lo que hay de por medio; es de especial importancia, porque implica la vida de los usuarios.

En ese sentido, en temporada alta hicimos una campaña con las concesiones con el objetivo de conocer cómo estaban funcionando las vías en manos de privados desde el punto de vista de la seguridad vial. También protocolizamos nuestra reacción frente a accidentes en la Delegatura de tránsito y transporte terrestre, para que una vez suceda la emergencia lo implementemos y determinemos si fue producto del incumplimiento de deberes como la revisión técnico-mecánica.

También crearon una oficina TIC, ¿con qué fin?

La primera función es consolidar un sistema único de trámites donde las 25 aplicaciones sueltas que encontramos sean parte de un gran sistema; esperamos que eso quede listo este año, es complejo pera ya empezamos. Lo segundo es conectarnos y coordinarnos tecnológicamente con el sector, porque la entidad era una rueda suelta; lo que comenzó con el lanzamiento de la plataforma Sitra (Sistema Integral de Tránsito y Transporte). Eso nos permite cumplir el tercer objetivo, que es vigilar con big data, tomando información general para diseñar políticas públicas más eficaces.

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En las inspecciones preventivas que se aplicaron a 44 concesiones viales, la Supertransporte encontró 1.084 hallazgos relacionados con la seguridad vial durante la noche. Entre los más recurrentes están deficiencias o ausencia de señalización horizontal y vertical, caída de material en las vías y obstáculos de visibilidad, entre otros.