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Por más de 40 años, la Ciénaga de Don Antonio o Cholén ha sido un cuerpo de agua sitiado por el silencio y el miedo. Ubicada en San Benito Abad, Sucre, esta extensión pantanosa de 187 hectáreas (declaradas baldíos de la Nación) fue cercada a sangre y fuego por intereses privados. Campesinos, hacendados y pescadores, quienes han disputado por la tenencia del lugar, tendrán límites en el “acaparamiento sistemático”, según la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
La entidad pública interpuso su primera demanda judicial sobre un conflicto agrario ante la justicia ordinaria. Es la primera de un centenar que planea presentar este año. Pero no es solo una denuncia, sino la consecuencia directa de la sentencia C-294 de 2024, con la que la Corte Constitucional declaró inexequible la competencia que la ANT tenía para decidir de fondo en estos procesos, según el Decreto Ley 902 de 2017.
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Según explicó la ANT, esto obligó a trasladar cientos de casos no resueltos (que habían llegado al final de su etapa administrativa) a un sistema judicial que, paradójicamente, carece de jueces especializados en materia agraria. El limbo se hizo norma. Hasta que se rompió.
La historia de Don Antonio no es excepcional. Es estructural. Lo que ocurre allí refleja una de las fallas más persistentes del modelo territorial colombiano: el acceso desigual a la tierra, la informalidad catastral, el acaparamiento impune y la débil capacidad estatal para defender lo que legalmente le pertenece.
En Cholén, la tierra pública se convirtió en feudo privado sin necesidad de escritura. Solo bastaron cercas, ganado y armas. Según Felipe Harman, director de la ANT, “la ciénaga ha sido acaparada por latifundistas, la llenaron de cercas y ganado, siendo estos baldíos de la Nación”.
En la Ciénaga Grande, una operación similar permitió recuperar recientemente 1.200 hectáreas en manos privadas.
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Pero en San Benito Abad, el conflicto escaló más allá. Tres personas fueron asesinadas por defender esas tierras. Entre las víctimas están la hermana y el sobrino de Nidia Lambraño, una lideresa que ha vivido toda su vida en la ciénaga y cuya familia ha sobrevivido medio siglo cultivando pan coger. “Nos tratan de invasores”, dijo Nidia en la rueda de prensa. Pero, dice, “tenemos todo el derecho de darle el uso del pan coger mientras ellos lo están haciendo para explotación de ganado, para arrendarlo y coger plata”.
El conflicto de Cholén pudo haberse resuelto con mayor agilidad si existiera, como lo han prometido varios gobiernos sin éxito, una Jurisdicción Agraria especializada. La hipótesis, más que conocida (y debatida, por cierto), es que sin ella, los casos como este deben tramitarse en juzgados civiles ordinarios que no tienen ni el conocimiento técnico ni la prioridad institucional para abordar la complejidad de los litigios agrarios.
Para Harman, de la ANT, la reforma no es solo compra de tierras, sino legalidad agraria.
Además, hizo un llamado al Congreso para que apruebe la creación de la Jurisdicción Agraria para resolver los más de 100 conflictos en vilo.
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