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Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, aseguró que hay dos temas que tienen el potencial de limitar el desarrollo del mercado de capitales colombiano: el deterioro fiscal y la reglamentación del fondo de ahorro que crea la reforma pensional.
Expertos, gremios y centros de investigación han mencionado sus preocupaciones en el frente fiscal. Malagón dijo que el desbalance para este año “puede llegar a ser de más de 7 puntos del PIB y llevar el endeudamiento de Colombia a los peligrosos niveles del 60 % del PIB, donde ya empieza a estar en riesgo la sostenibilidad de nuestra deuda pública. Esa es una inquietud que, sin duda alguna, le pasa factura al mercado de capitales”.
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Agregó que el aumento del endeudamiento genera mayor presión sobre los mercados de deuda, eleva los costos de financiamiento y limita el margen para aplicar políticas contracíclicas en el futuro, lo que disminuye la confianza de los inversionistas en el mercado de renta fija pública.
La segunda preocupación es el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (FAPC) que crea la reforma pensional. A este fondo se destinarán parte de las cotizaciones que llegarán a Colpensiones (todos cotizarán en esta entidad hasta por 2,3 salarios mínimos).
Por ahora, la reforma pensional sigue en manos de la Corte Constitucional. Hasta que el alto tribunal no tome una decisión, la ley no entrará en vigencia.
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Malagón hizo énfasis en la importancia de conocer la reglamentación del fondo que administrará el Banco de la República, los mecanismos para el traslado de recursos y las garantías sobre su manejo. “Si bien es cierto que ha habido un gran esfuerzo por parte de las autoridades para reglamentar la reforma pensional, todavía persisten algunas dudas y cierta incertidumbre sobre el manejo del fondo”.
Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, explicó en el Simposio de Mercado de Capitales que el Banco ha avanzado en la implementación, pero que hay temas que no pueden seguir hasta tanto la Corte Constitucional anuncie su decisión. Por medio de una carta, el 10 de julio, el gerente le pidió al alto tribunal que la entrada en vigencia del sistema sea al menos tres meses después de la publicación de la sentencia en la que se declare la exequibilidad de la ley. “Esta ventana de tiempo se requiere para adelantar una serie de actividades ya mencionadas, como la firma del contrato interadministrativo y el desarrollo de las diferentes etapas que se requieren en el proceso de contratación de los administradores del FAPC”, dijo.
Villar aclaró que a la fecha hay aspectos de la reglamentación de la ley que aún no se han expedido por parte del gobierno, como el régimen de inversión del fondo y su desacumulación. Y agregó que espera que para ese tema se tengan en cuenta las recomendaciones de la OCDE sobre regulación de los fondos pensionales.
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Al mercado le preocupa que caigan las inversiones porque las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), claves en el tema, tendrán menos afiliados.
Villar señaló que los recursos que se reciban a través del fondo serán canalizados hacia el mercado de capitales a través de administradores profesionales para generar una rentabilidad que ayude al Gobierno a cubrir sus obligaciones de pensiones en el futuro: “En principio, además, eso deberá permitir que el flujo de recursos que hoy se destina hacia el mercado de capitales a través de las AFP, el cual se va a reducir por las menores cotizaciones que recibirás esas AFP, pueda ser compensado con los recursos que se canalicen hacia el mercado de capitales a través del fondo”.
Como explicó el gerente, la misma reforma pensional estima que el fondo se habrá agotado plenamente hacia 2070, con lo cual el Gobierno requerirá aportar mayores recursos para cubrir el déficit. Para hacer sostenible el sistema pensional, agregó, serán necesarios ajustes en los parámetros del sistema, en particular en las edades de jubilación y en los porcentajes de cotización de los afiliados.
“Diferentes entidades de Gobierno han hecho proyecciones sobre los ingresos futuros del fondo y estas oscilan, en los primeros meses, entre $1,4 y $2,6 billones de pesos de ingresos mensuales. Dependiendo de estas estimaciones y de la reglamentación de la desacumulación, el fondo alcanzaría su máximo valor entre 2048 y 2057. Teniendo en cuenta estas estimaciones, se espera que el tamaño del fondo sea considerable y tenga un impacto en el mercado de capitales local”, concluyó Villar.
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