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Una carta de veinte páginas con trece objeciones. El Ministerio de Hacienda señaló que no avalará que el Congreso le quite el blindaje a uno de los cofres pensionales.
La carta, firmada por la viceministra técnica Marta Juanita Villaveces y enviada al presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, prende las alarmas por un proyecto de ley aprobado que busca modificar el Fonpet, la “bolsa” común de recursos administrados de manera centralizada, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las obligaciones pensionales de los empleados que trabajaron en estas entidades territoriales.
Según la cartera, la ley no solo vulnera la sostenibilidad fiscal, sino que podría dejar sin sustento a miles de pensiones que dependen de esta cuenta.
“Esta medida se considera altamente perjudicial (...); le significaría al Fonpet $1 billón de 2024 menos, aproximadamente, por cada año, y se podría convertir en una pesada carga para la estabilidad económica del Estado”, se lee en la carta.
El proyecto de ley aprobado en cuarto debate plantea modificar la Ley 549 de 1999 para permitir el uso de los excedentes del Fonpet —el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales— con la supuesta intención de “garantizar” el financiamiento de los pasivos pensionales. En teoría, se trata de redistribuir recursos ya existentes. En la práctica, según Hacienda, es una bomba de tiempo.
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Minhacienda se abstiene de dar concepto favorable a proyecto de ley que permite modificar el Fonpet.
— MinHacienda (@MinHacienda) May 6, 2025
Tanto a la plenaria del @SenadoGovCo como a la Comisión Tercera de la @CamaraColombia el Ministerio les ha expresado la inconveniencia. pic.twitter.com/R9ovyNdoYa
El Fonpet fue creado para que las entidades territoriales pudieran atender sus obligaciones pensionales con seriedad técnica, sin caer en improvisaciones o vacíos presupuestales. De hecho, durante los últimos dos años, el fondo ha desembolsado $6,3 billones de pesos para cubrir deudas pensionales heredadas de épocas en que los municipios eran responsables directos —y a menudo irresponsables— de sus jubilaciones.
Modificar las reglas de este fondo, sin una fuente clara de compensación, equivale a romper un dique sin calcular la corriente, advierte la cartera de Hacienda.
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El telón de fondo
La carta del Ministerio no escatima términos. Habla de un “gasto adicional significativo”, de una propuesta “inconsistente con el Marco Fiscal de Mediano Plazo” y de una “inobservancia de la jurisprudencia constitucional”.
En pocas palabras, esta iniciativa, que aprueba un gasto —aunque sea indirecto o “sin ordenar gasto” explícitamente— sin aclarar cómo se financiará, estaría violando principios básicos de sostenibilidad fiscal. Una línea roja delineada en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, citó Hacienda.
La Corte Constitucional ha reiterado que el Congreso no puede improvisar con la caja del Estado. Debe calcular, anticipar, y sobre todo, sustentar.
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El Fonpet fue concebido precisamente para que las promesas hechas en el pasado, en algunos casos sin respaldo, no se convirtieran en pesadillas contables o sociales. Según la carta firmada por Villaveces, antes de 1993, los entes territoriales pagaban pensiones directamente, pero sin reservas, sin control actuarial, y a menudo sin información precisa de las historias laborales. El resultado fue una crisis estructural que la Ley 100 intentó ordenar y que el Fonpet vino a contener.
Hoy ese sistema funciona con un mecanismo casi invisible pero vital: una bolsa común manejada por fiduciarias como Fiduprevisora y Fiduagraria (que administran 25 % del fondo) y por la Dirección General de Crédito Público (que maneja 75 % restante).
Se plantea, por ejemplo, modificar los plazos para que las entidades territoriales reporten información sobre sus pasivos pensionales. Según Hacienda, eso solo agravaría un problema ya existente, advierte Hacienda, ya que muchas entidades no reportan a tiempo ni con calidad suficiente.
También se propone fijar un tope de 1 % para los gastos de administración del Fonpet. En teoría, eso parece eficiente. En la práctica, si se reduce sin considerar la complejidad de la operación, puede afectar la trazabilidad, la auditoría y, en últimas, la confiabilidad del fondo.
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