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El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural activó una serie de medidas para contener el impacto inmediato que deja la decisión del Grupo Gloria de abandonar el negocio lácteo en Colombia.
La cartera se propone evitar que un ajuste empresarial termine trasladándose, sin filtro, a los ingresos de pequeños y medianos productores, pues serán 127.000 litros diarios de leche que la compañía dejará de comprar. Detrás de ese volumen hay 182 productores en 33 municipios de Boyacá y Cundinamarca. Es ahí donde se concentra el riesgo.
El grupo peruano llevaba más de 16 años en el país. Operaba marcas tradicionales como Algarra y Lechesan, con presencia histórica en la canasta de los hogares colombianos. Su decisión de replegarse hacia el negocio de bebidas (y dejar la leche) no responde, según el Gobierno, a una crisis estructural del sector.
Una salida empresarial que abre una grieta
El cierre parcial de la planta de Cogua y la suspensión de la línea láctea reconfiguran, de inmediato, la cadena de compra. Menos compradores significa menos opciones para vender. Y en un producto perecedero como la leche, el tiempo es la diferencia entre ingreso o pérdida. Recordar, por ejemplo, lo que ocurre cuando hay parálisis en las vías del país.
Contexto: Dos marcas tradicionales de leche ya no estarán en la mesa de los colombianos
De acuerdo con el más reciente análisis de la Bolsa Mercantil de Colombia, en la nación se producen anualmente más de 7.000 millones de litros de leche, volumen destinado principalmente a abastecer la demanda interna, estimada en cerca de 147 litros por persona al año.
Por eso la reacción del Gobierno fue rápida, al menos en diseño.
La estrategia se mueve en dos niveles. El primero es inmediato: reubicar ese volumen de leche dentro del sistema.
El Ministerio abrió espacios de diálogo con empresas del sector para redistribuir el acopio y la transformación de esos 127.000 litros diarios. La apuesta es que otras industrias absorban la oferta y eviten que los productores queden sin comprador.
El segundo nivel es más estructural: fortalecer la capacidad de negociación de los productores.
Ahí entra un mensaje que el Gobierno viene repitiendo: impulsar esquemas asociativos y cooperativos, ya que un productor aislado vende a precio; un grupo organizado puede negociar condiciones, transformar producto y capturar más valor.
“Fortalecer esquemas asociativos (…) permite estabilizar ingresos”, señaló la cartera.
El sector aguarda más de 20.000 empleos y representa una porción relevante de la industria alimentaria.
Según la Asociación Nacional de Productores de Leche, el precio pagado al productor ha crecido apenas un 1,3 % en lo corrido del año. En contraste, los costos del campo han aumentado cerca de un 23,7 %.
Eso quiere decir que, por cada litro, un productor estaría perdiendo alrededor de 76 pesos. En una finca promedio de 1.000 litros diarios, eso puede significar más de 27 millones de pesos al año en ingresos no percibidos.
Formalización: la promesa de un mejor precio
En paralelo, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, puso sobre la mesa el sistema de pago de precio base por calidad de leche cruda, reglamentado desde 2012.
Carvajalino insistió en la necesidad de que los productores se formalicen para acceder a ese esquema. En teoría, esto permitiría mejores precios y condiciones más estables.
Muchos pequeños productores operan por fuera de esos sistemas, ya sea por costos, barreras técnicas o falta de acceso.
La invitación, además, viene acompañada de la advertencia a reportar incumplimientos en los pagos por parte de la industria.
Un mercado difícil de ajustar
La leche tiene una particularidad que complica cualquier reacomodo: no se puede almacenar indefinidamente.
A diferencia de otros productos, no hay margen para esperar mejores condiciones de mercado. La cadena (ordeño, recolección, transporte, procesamiento) debe funcionar con precisión casi diaria. Cualquier ruptura genera pérdidas.
Además, hay un problema de infraestructura en varias regiones del país: dificultades en el transporte rural, limitaciones en almacenamiento en frío y brechas en capacidad de procesamiento.
La salida de un jugador relevante, las presiones sobre los costos, las sanciones recientes por prácticas como la adición de lactosuero y las tensiones en la relación entre industria y productores dibujan un escenario más complejo.
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