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El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció este jueves que su Gobierno iniciará la derogatoria de las resoluciones que permitieron la creación de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), figura creada durante la administración de Gustavo Petro que, a grandes rasgos, restringe en ciertos territorios el desarrollo de actividades no agroindustriales como la minería o el urbanismo.
Según un comunicado de la Oficina de Prensa del presidente electo, el Gobierno entrante revisará estos actos administrativos y sus efectos sobre la producción agropecuaria, la inversión y el desarrollo de las comunidades rurales.
Cabe recordar que el pasado 11 de julio, tres congresistas electos del bloque de De la Espriella (la senadora Sara Castellanos y los representantes Daniel Briceño y Carol Borda) le habían pedido por escrito al ministro designado de Agricultura, Indalecio Dangond, la revisión y derogatoria de las resoluciones que definen las APPA.
En esa misiva, los congresistas argumentaron que estas figuras “atropellan la autonomía de los concejos municipales, el derecho a la propiedad privada y la libertad de empresa”. Señalaron, además, que el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023 (el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Petro que le dio vida a las APPA) “convirtió una ley que solo debía durar cuatro años en una herramienta permanente que le da al Ministerio de Agricultura el poder de decidir, por su cuenta, cómo deben usarse las tierras de departamentos, municipios y el destino que deben darle sus propietarios”.
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Qué son las APPA
Las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos son una figura relativamente nueva en la planeación del uso del suelo en Colombia. Nacieron con el artículo 32 del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Petro (la Ley 2294 de 2023), que modificó la Ley 388 de 1997, la norma que regula cómo deben planificarse las ciudades y municipios del país, para incluir la creación de “áreas de especial interés para proteger el derecho humano a la alimentación”.
Según ha explicado el Ministerio de Agricultura actual, se trata de “territorios estratégicos” que se declaran con el objetivo de proteger al campesinado y el derecho a la alimentación, en particular frente a otros intereses por el uso del suelo. Por lo tanto, en los territorios donde se declara una APPA se restringe el desarrollo de actividades no agroindustriales, como el urbanismo o la minería.
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El proceso para llegar a una APPA tiene un paso previo: primero se identifica una ZAPPA (Zona de Protección para la Producción de Alimentos), a partir de un análisis técnico y un proceso de concertación con las comunidades. Con base en esos insumos se delimita el polígono correspondiente y, finalmente, se declara el APPA, que es la que sí tiene efectos jurídicos sobre el uso del suelo.
La primera APPA se declaró en junio de 2024 en ocho municipios de La Guajira, respondiendo, según el Ministerio de Agricultura, a la alta deficiencia nutricional del departamento. Luego se declaró una segunda en tres municipios del suroeste antioqueño y una tercera en Sopó, Cundinamarca. Para noviembre de 2025 estas tres áreas cubrían alrededor de 109.652 hectáreas.
Según cifras del Ministerio de Agricultura, publicadas en mayo de 2026, más de 864.000 hectáreas en 48 municipios han sido declaradas como APPA, con el fin de “orientar el ordenamiento del suelo rural hacia la garantía del derecho a la alimentación y la seguridad y soberanía alimentaria”.
Las tensiones territoriales
Durante el Gobierno de Gustavo Petro, la expansión de las APPA no estuvo libre de fricciones.
El caso más visible se dio en el suroeste antioqueño, donde el 26 de diciembre de 2024 el Ministerio de Agricultura declaró una ZAPPA de 249.617 hectáreas en 23 municipios, entre ellos Andes, Jardín, Jericó y Urrao, una región con alto potencial minero que, según el entonces gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, tuvo que limitarse casi exclusivamente a la producción agrícola.
La Gobernación de Antioquia radicó en el Consejo de Estado una demanda de nulidad contra esa ZAPPA, argumentando que sería “violatoria de los principios y normas constitucionales”.
En su momento, Rendón también le pidió a la Corte Constitucional declarar inexequible el artículo 32 del Plan Nacional de Desarrollo, alegando que la norma no prevé mecanismos de coordinación del Ministerio de Agricultura con los departamentos, distritos y municipios para la declaración de las APPA ni para la reglamentación de los usos del suelo en ellas. Una reacción similar de rechazo se presentó en Tolima.
El centro de las críticas de los mandatarios locales ha sido que las APPA desconocen la autonomía de los territorios en materia de ordenamiento territorial. A la Corte Constitucional llegaron al menos cinco demandas contra el artículo 32, y tanto la Contraloría General de la República como la Procuraduría General de la Nación se pronunciaron sobre la figura: la primera advirtió riesgos legales, fiscales y de gobernanza en su implementación, mientras que la segunda le pidió a la Corte declarar inexequible el artículo que le dio origen.
El choque de visiones
El comunicado de la Oficina de Prensa del presidente electo detalla que la derogatoria de las APPA busca “eliminar restricciones que afecten injustificadamente el uso productivo de la tierra, devolverles confianza a productores e inversionistas y crear mejores condiciones para generar empleo, aumentar la oferta de alimentos y fortalecer la economía del campo”.
El texto añade que el Gobierno entrante impulsará, en cambio, “un modelo de desarrollo rural que proteja la propiedad privada, respalde a quienes trabajan la tierra y permita aprovechar responsablemente el potencial productivo de las regiones”.
Sin embargo, las APPA han tenido defensores entre académicos y organizaciones que han seguido de cerca su implementación. Carlos Duarte, del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, le dijo a El Espectador en noviembre de 2025 que las APPA podrían ser un instrumento para que las comunidades tomen sus decisiones con el respaldo y el conocimiento de la institucionalidad, siempre que haya concertación.
En esa misma nota, Angie Durán, investigadora del programa de Gobernanza Territorial de la Asociación Ambiente y Sociedad, sostuvo que la declaratoria de las APPA se basa en el desarrollo de modelos de agricultura campesina, en los que se reconoce que los modos de producción de las comunidades campesinas y étnicas también protegen los ecosistemas.
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