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Horas después de que el Consejo de Estado suspendiera el decreto que ordenaba el traslado de entre COP 25 y 27 billones en ahorros pensionales a Colpensiones, los ministerios de Hacienda y Trabajo respondieron con un pronunciamiento conjunto en el que defienden la medida y apuntan contra los fondos privados.
A través de un comunicado, las carteras del Ejecutivo expresaron su “preocupación” por la decisión del Consejo de Estado, adoptada “en tiempo excepcionalmente expedito” y sin agotar el debate.
Para los ministerios, ese tipo de decisiones “generan profundas implicaciones sobre la sostenibilidad del sistema pensional y la garantía efectiva de los derechos de los trabajadores”.
De dónde vienen los recursos
Para entender de dónde viene esa plata que el Gobierno quiere que se traslade a Colpensiones, hay que remontarse a la reforma pensional. La Ley 2381 de 2024 creó una ventana de oportunidad excepcional en la que personas a menos de 10 años de pensionarse pudieran cambiarse del régimen privado al público, algo que la Ley 100 no permitía. Más de 120.000 colombianos usaron dicha ventana.
El problema es que esa reforma está suspendida. En junio de 2025, la Corte Constitucional frenó su entrada en vigencia mientras estudia el caso de fondo. Solo dos artículos siguen en pie: el que creó las Administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual y el 76, que creó precisamente la ventana de traslado.
Pero la Ley 2381 (la de la reforma pensional) también estableció qué debía pasar con los ahorros de quienes se trasladaron.
Según Andrés Mauricio Velasco, presidente de Asofondos, el mandato era que esos recursos debían quedarse en los fondos privados, crecer como ahorro y moverse al fondo del Banco de la República solo cuando la persona cumpliera los requisitos para pensionarse.
“Esos recursos no son para que Colpensiones pague pensiones de la Ley 100, no son para que se expongan en el corto plazo. Deben ganar intereses y engrosar el fondo de ahorro del Pilar Contributivo del Banco de la República”, advirtió Velasco este martes.
De esos 120.000 trasladados, cerca de 100.000 aún no se han pensionado y sus ahorros suman aproximadamente COP 20 billones. Los otros 20.000 ya están recibiendo pensión, con recursos por cerca de COP 5 billones. En total, una cifra entre COP 25 y 27 billones.
El Gobierno, sin embargo, argumentó que como su reforma pensional está suspendida, las reglas de juego son las de la Ley 100 de 1993, que establece, en palabras simples, que si una persona se traslada, también lo debe hacer la plata que tenía ahorrada. Con ese argumento expidió el Decreto 415 del 20 de abril de 2026, que ordenó a los fondos privados transferir esos recursos a Colpensiones: el 50 % en un plazo máximo de 20 días y el 50 % restante en los 10 días siguientes. Los recursos de quienes ya se pensionaron debían girarse en 15 días.
Ahí está el debate: el decreto ordenó mover la plata de inmediato, pero la ley que creó la ventana de traslado dice que esos recursos no se mueven hasta que la persona se pensione.
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El choque de posiciones
Este martes, la Sección Segunda del Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto mientras estudia una demanda que pide tumbarlo por completo, al considerar que el Gobierno modificó una regla que ya estaba definida por la ley y que los plazos de los traslados eran tan cortos que, si no actuaba de urgencia, el dinero ya habría sido trasladado cuando se tomara una decisión.
En contexto: Consejo de Estado suspende decreto que ordenó traslado anticipado de ahorros a Colpensiones
Sin embargo, la suspensión no es total. El Consejo de Estado frenó el traslado de los COP 20 billones correspondientes a quienes aún no se han pensionado, pero mantuvo vigente el giro de los COP 5 billones de las cerca de 25.000 personas que ya consolidaron su derecho pensional.
Los ministerios de Hacienda y Trabajo respondieron con un comunicado conjunto en el que argumentaron que el decreto de traslado tiene respaldo legal. La medida, dice el pronunciamiento de las carteras, busca que la plata de quienes se trasladaron “acompañe efectivamente las obligaciones pensionales asumidas por el Estado a través de Colpensiones”. En otras palabras: si Colpensiones pagará esas pensiones en el futuro, Colpensiones debe tener esos recursos de ahorro.
Las carteras también indicaron que “no es admisible que mientras el sistema público asume el pago de las pensiones y los riesgos asociados, los recursos permanezcan en administración privada”.
Así mismo, apuntaron contra los fondos privados: “pretenden mantener el control y usufructo de los ahorros de más de 120.000 trabajadores que decidieron trasladarse al régimen público”, se lee en dicho documento.
Frente a los COP 5 billones que el Consejo de Estado no suspendió, los ministerios exigieron a los fondos privados proceder “sin dilación alguna” con ese traslado.
Por su parte, Andrés Mauricio Velasco, de Asofondos, dijo que los fondos no están reteniendo esa plata por interés propio. “Los fondos de pensiones no ganamos más plata reteniendo estos ahorros pensionales. No cobramos comisión sobre los saldos”, aclaró.
Para Velasco, la discusión es una pelea por la sostenibilidad del sistema. El dirigente gremial advirtió que el modelo de reparto (en el que las generaciones activas pagan las pensiones de los mayores) no da abasto. Según él, hoy se necesitan entre 7 y 8 colombianos cotizando por salario mínimo para pagar una sola pensión mínima, pero en este momento solo hay 5; en 25 años serán 4 y esta cifra se irá reduciendo hasta un cotizante por cada pensionado en 50 años.
“Lo único que nos va a permitir pensionarnos es el ahorro y por eso nosotros desde los fondos de pensiones hemos hecho una defensa para que ese ahorro se consolide. La ley pensional decía que estos recursos eran para ahorrarse”, agregó.
En ese sentido, Velasco le pidió al Consejo de Estado que también frene el traslado de los COP 5 billones de quienes ya se pensionaron después de usar la ventana de traslado.
¿Qué sigue?
Asofondos insistió este martes en la suspensión total de los efectos del Decreto 415. El Consejo de Estado, por su parte, estudia de fondo si la norma debe ser anulada de manera definitiva. Y en medio de todo, la Corte Constitucional aún no ha resuelto el limbo de la reforma pensional, cuya suspensión es precisamente el origen de este enredo.
La insistencia del Gobierno con esos recursos tiene también tiene otras lecturas más allá de lo pensional. Este año, la Nación debe transferirle a Colpensiones COP 33 billones para el pago de pensiones. Si la entidad recibe entre COP 25 y 27 billones de los traslados, necesitaría menos dinero del Presupuesto General, es decir, un alivio en un momento de estrechez fiscal. Pero, a largo plazo, esto tendría consecuencias.
Buena parte de esa plata pertenece a personas que aún no se han pensionado y estaba destinada al ahorro, no al pago de pensiones de hoy. Si Colpensiones la recibe y la usa para cubrir el déficit de este año, cuando esas personas lleguen a la edad de pensionarse, el sistema tendría que responder con menos ahorro acumulado, lo que agrandaría el hueco en el futuro. De hecho, cuando el Congreso aprobó la reforma pensional en 2024, fijó que esos recursos irían a un fondo de ahorro administrado por el Banco de la República, no a Colpensiones.
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