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Colombia subsidia la energía de forma tan imperfecta que, mientras unos hogares vulnerables siguen recibiendo ayudas insuficientes, otros con ingresos altos pagan menos de lo que deberían. Ese desorden cuesta caro, golpea el presupuesto y profundiza las desigualdades.
Por eso, el Gobierno estudia una propuesta que hasta hace poco sonaba demasiado incendiaria: dejar de usar los estratos como base para los subsidios y, en su lugar, cobrar según el nivel de consumo.
“Lo que hoy existe es una injusticia histórica. El Presupuesto General de la Nación —que debería fortalecer la educación y la salud de los más pobres— terminan saliendo subsidios para usuarios que claramente tienen la capacidad de pagar su consumo real”, señaló el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.
La idea es que quien más consume pague lo que le corresponde y que los recursos públicos dejen de financiar tarifas artificialmente bajas en hogares que sí tienen capacidad de pago. El Ministerio de Minas y Energía abrió la puerta a ese debate y dejó claro que el sistema actual ya no resiste.
“Nosotros no vamos a defender privilegios, defendemos el interés público. Los subsidios deben llegar a quienes realmente los necesitan, no a quienes siempre han tenido las ventajas del sistema”, apuntó Palma.
Todo esto mientras se cocina en el Congreso de la República la Ley de Tarifas, un proyecto que promete reducir los precios de la energía, tanto así que traslada la deuda de opción tarifaria de estratos 1, 2 y 3 a los usuarios de mayores ingresos.
¡Avanzamos hacia un sistema de subsidios que realmente apoye a quienes lo necesitan!
— Minenergía (@MinEnergiaCo) November 19, 2025
El gobierno de @petrogustavo, abrió un debate indispensable para corregir una inequidad histórica: los recursos públicos no pueden seguir financiando a quienes tienen capacidad de pago. Por eso,… pic.twitter.com/BdmLusNmqH
El déficit que enciende las alarmas
La Contraloría General lo expuso con números:
- Para 2025 se requieren COP 6,6 billones para subsidiar energía, pero el presupuesto solo tiene COP 3,16 billones, apenas el 47 %.
- En gas combustible, el presupuesto del año ya está agotado y se necesitan COP 750.000 millones adicionales.
- La deuda de la opción tarifaria creada en pandemia asciende a COP 4,5 billones, de los cuales COP 2,6 billones pertenecen a estratos 1, 2 y 3.
- La cartera acumulada con empresas de energía superaba los COP 2,7 billones a cierre de 2024.
Ese retraso afecta el flujo de caja de empresas distribuidoras, aumenta la presión fiscal y, en casos extremos, pone en riesgo la continuidad del servicio. En marzo ocurrió en Boyacá: Enercer S.A. advirtió la suspensión del gas en 15 municipios por la falta de pago del Estado, que al final no sucedió tras un acuerdo a finales de ese mes.
El modelo actual no está funcionando
Como detalló este diario en una anterior ocasión, hay deficiencias serias en la entrega y gestión de los subsidios, según un informe de la propia Contraloría que respalda el inciso del Gobierno.
- Focalización deficiente: el estrato no mide pobreza ni ingresos. Los errores de inclusión y exclusión son tan grandes que el país termina subsidiando a vulnerables de estrato 5 y dejando por fuera a familias pobres en zonas rurales.
- Fondo de solidaridad al límite: el FSSRI no tiene cómo sostenerse si el hueco sigue creciendo.
- Controles débiles: no hay auditorías ni seguimiento que permitan verificar si los recursos se gastan bien.
- Metas sin evaluación: el sistema no mide impacto ni incentiva eficiencia energética.
El informe incluso subraya que el país ha perdido más de COP 190.000 millones en irregularidades durante la última década.
Sin embargo, a la idea del Gobierno le falta carne. Por ahora, dice que estudiará la idea “con rigor”, pero advierte que la transición debe ser ordenada y basada en datos. Y ahí aparece un actor clave: el Registro Universal de Ingresos (RUI), la herramienta que el Departamento Nacional de Planeación propone para reemplazar la estratificación como mecanismo de focalización.
El RUI permite saber el ingreso real de cada hogar. Si avanza, el país podría por fin pasar de un sistema territorial (estratos) a un sistema socioeconómico (ingresos reales).
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