Gobierno obligado a destrabar el plan de privatizaciones para 2021

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El abultado déficit fiscal esperado en 2020 de 8,9%, obligado por los gastos de la crisis sanitaria, presiona para sacar al mercado algunos bienes como las electrificadoras regionales donde el Estado tiene alta participación.

Pese a que el gobierno del presidente Duque necesita recursos para suavizar el déficit fiscal que puede ser del 8,9% para 2020 y de 7,6% para este año, por mayores gastos por la crisis sanitaria, no da señales de querer desprenderse de activos considerados estratégicos como ISA y Ecopetrol. Las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo vigente estiman enajenaciones por $12 billones.

Esa venta de activos que requiere la economía tiene que realizarse este año. Con ello se envía un aviso a las calificadoras de riesgo para que desistan rebajar la calificación del país y poner en peligro el grado de inversión.

Sin embargo, al respecto el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha dicho que “el foco en este momento es batallar la crisis sin perder de vista la responsabilidad de mantener la estabilidad futura que permita en el mediano y largo plazo un buen funcionamiento de la economía”.

Carrasquilla ha dado muestras de que esas privatizaciones (ISA y Ecopetrol) no están en el ‘ADN’ del Gobierno.

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“En el marco de la planeación fiscal de mediano plazo, el Gobierno nacional se encuentra evaluando la estrategia de administración de activos que le permita optimizar la rentabilidad del portafolio de empresas en las que tiene participación la Nación y su mejor aprovechamiento”, señala el ministerio de Hacienda.

La primera etapa del plan de enajenaciones podría comenzar por ofrecer al mercado la participación que tiene en varias empresas eléctricas regionales. Otros gobierno lo han hecho pero no han encontrado eco entre los inversionistas.

Actualmente el gobierno central tiene participación accionaria en la Empresa Distribuidora del Pacífico (100%), Empresa de Energía del Archipiélago de San Andrés y Providencia (67,05%), Electrocaquetá (72,35%), Electreficadora del Huila (83.05%), Electrificadora del Meta (55,68%), Empresa de Energía del Amazonas (90,68%), Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe (100%) y Gestión Energética (93,20%), entre otras.

Un grupo de esas electrificadoras podrían salir al mercado en un primer bloque: Electrificadora del Meta, Electrificadora del Huila; Centrales Eléctricas de Nariño, Electrificadora del Caquetá, Centrales Eléctricas del Cauca, Distribuidora del Pacífico y Urrá.

Recientemente, la agencia Bloomberg informó que “El Gobierno de Colombia está revisando planes para vender su participación en Interconexión Eléctrica”. En Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) el gobierno tiene una participación de 51,41%. Además, a través de ISA, tiene acciones en Interchile (82%), Intercolombia (100%), ISA Capital do Brasil (70,44%), ISA Inversiones Chile (100%), ISA inversiones maule (100%), Linear Systems Re (100%), Internexa (99,4%), Proyectos de Infraestructura del Perú (99,9%), XM (99,7%), Transelca (100%), Consorcio Transmantaro (60%), ISA Bolivia (51%), Intervial Colombia (100%) y en Interconexión Eléctrica Colombia-Panamá (50%).

“El Gobierno colombiano, que posee una participación controladora de 51,4%, estaría revisando planes para vender una participación en la compañía con sede en Medellín, que opera líneas de transmisión eléctrica y carreteras en América Latina”, dice Bloomberg.

Analistas del mercado consultados coinciden en que cualquier anuncio de venta de empresas grandes y consolidadas como Ecopetrol e ISA siempre despiertan interés entre inversionistas locales y extranjeros.

De todas maneras, el Ministerio de Hacienda se encuentra realizando los análisis necesarios, que podrán contar con el apoyo de asesores expertos, sin que a la fecha se hubiese tomado una decisión definitiva frente a la enajenación de la participación en alguna de las empresas.

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“Es importante resaltar que la decisión de enajenación de activos es contingente a las condiciones de mercado de cada una de las empresas con participación de la Nación, de manera que se proteja el patrimonio del Estado”, aclara el Ministerio de Hacienda.

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