Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Este lunes, el Gobierno de Gustavo Petro radicó en el Congreso el proyecto de ley de competencias. Esta ley es necesaria para poner en marcha la promesa a las regiones que quedó plasmada en la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP).
El SGP es el mecanismo mediante el cual el Gobierno transfiere recursos a municipios, distritos y departamentos para atender principalmente necesidades en educación, salud, agua potable y saneamiento básico.
La reforma aprobada en 2024 aumentó las transferencias, pasando de cerca del 20 % de los ingresos corrientes de la Nación a 39,5 % en un plazo de 12 años, a partir de 2027. Durante el trámite en el Congreso, el proyecto recibió apoyo de parlamentarios, gobernadores y alcaldes que defendieron que finalmente se cumpliría la promesa de descentralización de la Constitución de 1991, pero fue objeto de críticas por parte de economistas, centros de investigación e incluso de entidades del gobierno que advirtieron que pondría en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas.
El Ministerio de Hacienda explicó que la ley de competencias, sin la que la reforma al SGP no puede entrar en vigencia, establece una distribución de los recursos, detalla las competencias de los distintos niveles de gobierno en los tres sectores priorizados, define unos principios básicos para la descentralización, establece una institucionalidad para administrar el proceso de descentralización y define una clasificación básica por capacidades y por atributos.
En contexto: Los peros a la ley de competencias: un borrador débil para una deuda histórica
Como en su momento lo reconoció el mismo Congreso, la reforma al SGP es uno de los proyectos más importantes, por no decir el más importante, aprobado en el cuatrienio, pues implica una transformación del Estado en pro de la descentralización.
El Gobierno sostiene que la ley de competencias se construyó después de un amplio debate que arrancó en enero de este año. En total se adelantaron más de 150 reuniones. Se realizó una mesa técnica con representación del Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Vivienda, expertos de la Misión de Descentralización, la CRA, el DANE y el Departamento Administrativo de la Función Pública.
El proyecto también surtió el proceso de consulta previa con los pueblos y comunidades indígenas. El Gobierno realizó más de 30 reuniones con la Federación Nacional de Departamentos, Federación Nacional de Municipios, Asociación de Ciudades Capitales, Asociación de Ciudades Intermedias, las Regiones Administrativas y de Planificación, Fecode, la Defensoría del Pueblo y la academia.
Como contó este diario, el primer borrador de la ley de competencias generó críticas, pues los expertos consultados aseguraron que se enfocaba más en hacia dónde tendrían que ir los recursos, que en transferir competencias. Algunos incluso aseguraron que el Gobierno de Gustavo Petro busca una reforma a la salud por la puerta de atrás. Ahora, el Congreso tiene en sus manos el análisis de la versión final.
💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.
