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La Asociación Colombiana de Minería (ACM) y la Federación Colombiana del Carbón (Fenalcarbón) emitieron comunicados este miércoles para advertir sobre las consecuencias que tendría en el empleo, las regalías y la cadena productiva de Córdoba la reducción del 25 % en la operación de Cerro Matoso. Ambos gremios le pidieron al Gobierno Nacional actuar con urgencia.
La caída en la operación de la mina de níquel se dio después de que Canacol Energy restringiera el 55 % del gas contratado, luego de que una Corte de Alberta, en Canadá, avalara la terminación anticipada de los contratos que Canacol tiene vigentes en Colombia, incluido el de Cerro Matoso.
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El pedido de los gremios
La Asociación Colombiana de Minería hizo un llamado urgente a la Superintendencia de Sociedades, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y al Ministerio de Minas y Energía para que “actúen con celeridad, garanticen el respeto del ordenamiento jurídico colombiano y adopten las medidas necesarias para garantizar así el suministro de gas”.
Según el gremio, la reducción del 25 % en la operación ya tiene “impactos inmediatos sobre el empleo, los contratos, los proveedores, los contratistas y los aportes a la Nación, que en condiciones plenas de operación se estiman en $3.000 millones de pesos diarios”.
La ACM también advirtió que, de prolongarse la situación, hay “una alta probabilidad de incrementos en el precio del gas, con efectos directos sobre las tarifas y los subsidios que hoy reciben millones de colombianos”.
El gremio recordó que Cerro Matoso ha sido, “durante cuatro décadas, un motor de desarrollo para Córdoba y para el país, generando regalías, impuestos, compras locales y bienestar para miles de familias”, y advirtió que la incertidumbre actual también afecta a “una docena de empresas que también se ven directamente afectadas por esta situación”.
El efecto en el carbón de Córdoba
A su turno, la Federación Colombiana del Carbón advirtió que, si Cerro Matoso se ve obligada a detener una de sus dos líneas de producción, la demanda de carbón caería alrededor de 50 %, lo que dejaría de comercializar cerca de 90.000 toneladas anuales por parte de las empresas productoras del departamento.
“La decisión no solo compromete la continuidad de una de las operaciones industriales más importantes del país, sino que amenaza directamente la actividad carbonífera que abastece a la empresa y de la cual dependen cientos de familias. Cuando se afecta una operación estratégica como Cerro Matoso, se pone en riesgo toda una cadena productiva que genera empleo, inversión y desarrollo para Córdoba”, explicó Carlos Cante, presidente ejecutivo de Fenalcarbón.
El gremio recordó el peso de esta industria en la región: genera más de 1.400 empleos directos e indirectos, de los cuales el 74 % corresponde a mano de obra local. Entre 2024 y 2025, el sector aportó más de COP 55.800 millones en impuestos, COP 57.900 millones en regalías, más de COP 3.000 millones en inversión social y más de COP 6.000 millones en gestión ambiental.
“Colombia no puede darse el lujo de perder capacidad industrial por problemas que tienen solución. Proteger la operación de Cerro Matoso también significa proteger la minería del carbón de Córdoba, el empleo regional y miles de millones de pesos que hoy se traducen en inversión social, regalías y desarrollo para el departamento”, agregó Cante.
La decisión de Canacol
El origen del problema es una decisión judicial tomada a miles de kilómetros de Colombia. El pasado 24 de junio, la Corte de Alberta, en Canadá (donde está constituida Canacol Energy), avaló en primera instancia la solicitud de la compañía para terminar anticipadamente sus contratos de suministro y transporte de gas natural en el país, en el marco de un proceso de reestructuración por insolvencia que la empresa inició el año pasado.
Esa decisión, sin embargo, no es definitiva, pues está sujeta al reconocimiento de la Superintendencia de Sociedades, que deberá evaluar si el fallo se adopta o no en el país, y las empresas afectadas, entre ellas Cerro Matoso, cuentan con 21 días para apelar en segunda instancia. Formalmente, los contratos no se han terminado, pero eso no ha impedido que Canacol ya empezara a restringir las entregas de gas pactadas, como ocurrió este miércoles.
Canacol produce actualmente alrededor de 75 millones de pies cúbicos diarios de gas, equivalentes al 7,5 % de la demanda nacional. La empresa abastece parte del consumo de siete departamentos de la costa Caribe y algunos municipios de Norte de Santander, lo que explica por qué el caso ha generado alarma más allá del sector minero.
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