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El presidente Gustavo Petro dijo que, con base en el artículo 370 de la Constitución, y el 68 de la Ley 142 de 1994, retomará el control de las políticas generales de administración de servicios públicos.
En un comunicado, los gremios del sector de energía eléctrica y gas natural respondieron al anuncio. En el documento, Andesco, Asocodis, Andeg, Acolgen y Ser Colombia señalan que el sector eléctrico y de gas natural cuenta con una institucionalidad robusta, lo que ha hecho posible que todos los actores (incluyendo el gobierno) se articulen para lograr mejoras en cobertura y calidad en las últimas tres décadas.
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De ahí que para los gremios, el anuncio debilita la institucionalidad y “pone en riesgo la confianza de los agentes prestadores de estos servicios para ejecutar las inversiones públicas y privadas necesarias para garantizar los mismos”. De hecho, indican que probablemente se verán afectados los proyectos “que permitirán al país avanzar en el proceso de transición energética”.
Las asociaciones piden que se garantice la seguridad jurídica para contar con reglas estables, mantener la independencia de los entes de regulación y así asegurar la confiabilidad de los servicios de electricidad y gas natural. Además, solicitan al Gobierno evitar situaciones que pongan en riesgo la prestación de los servicios, “debido a la toma de decisiones sin el suficiente soporte técnico”.
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Vale la pena recordar que la Comisión de Regulación y Energía (CREG) también se pronunció. En el comunicado, la comisión aseguró que los organismos reguladores deben ser independientes para que las decisiones sean objetivas, imparciales, consistentes y técnicas. Lo que permite que “los agentes regulados, así como el público en general, perciban objetividad, neutralidad y transparencia por parte del Estado”.
Finalmente, los gremios y las empresas dicen en el comunicado tener disposición para trabajar con el Gobierno y buscar soluciones.
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