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La decisión que adoptó el Gobierno para conseguir recursos que permitan ayudar a los colombianos afectados por la crisis del covid-19 y de menores ingresos afectará a por los menos 21.000 servidores del sector público.
Deben hacer este aporte los funcionarios con salarios, honorarios y pensiones mensuales periódicos superiores a los $10 millones. El impuesto solidario establecido mediante el decreto 568 implica que de 1,2 millones de servidores públicos en el país, la medida solo le corresponderá al 2% de la población laboral, esto es que el tributo a porte lo deben pagar 21.000 empleados públicos.
Explica el Departamento de la Función Pública que de los 21.200 servidores públicos el 90,68%, cerca de 19.226 empleados son de la Nación y unos 1.975 pertenecen a los territorio nacionales.
El decreto que excluye a los miembros de las Fuerzas Militares, aplicará para 12.664 de la Rama Judicial que contempla a 105 funcionarios de la Corte Constitucional, 393 del Consejo de Estado, 334 de la Corte Suprema de Justicia, 153 del Consejo Superior de la Judicatura, 5.440 de los tribunales y juzgados, 6.229 de la Fiscalía General y 10 de Medicina Legal.
De la Rama Ejecutiva son 4.145 funcionarios y de la Legislativa 298 servidores: 110 senadores y 188 de la Cámara de Representantes. De los organismos de control afectará a 1.662 servidores públicos: de la Contraloría 444, de la Procuraduría 1.148 y de la Defensoría del Pueblo 17, de la Auditoría 46 y del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría siete.
La nómina de la Organización Electoral con salarios superiores a los $10 millones representa el 0,51%, que son unos 98 empleados. De la Registraduría 88 y el Consejo Nacional Electoral 10.
Entre los entes autónomos como las CAR, universidades, entidades de Paz, etc, aportaran 359 funcionarios, los que representan cerca del 1,87% de total de aportantes. De las CAR son 114, universidades 19, entidades de Paz 209 y de la Comisión Nacional del Servicio Civil 17.
Explica el Departamento de la Función Pública que para el caso de los territorio se tomaron en cuenta las cuatro categorías existentes para las gobernaciones, no así para las alcaldías pues su escala solo permitía aplicar la medida a los municipios de categorías Especial.
Sumados los servidores de estas gobernaciones y alcaldías, se habla de 1.975 servidores: 233 de las gobernaciones de Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca. De las gobernaciones de Atlántico, Bolívar, Boyacá, Meta, Nariño son 82, de Caldas, Cesar, Córdoba, entre otras, que suman nueve, son unos 85 funcionarios.
(Para información: Pandemias y remedios: ¿cómo prevenir colapso social?).
De las gobernaciones de categoría tres donde están Casanare, Cauca, Quindío, San Andrés, y Sucre aportarán 85 empleados y de Amazonas, Arauca, Caquetá son seis. De las alcaldías de Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Cali aportarán 1. 337 personas.