Informalidad, el reto que continúa siendo un dolor de cabeza en Colombia

En el marco del día internacional del trabajo, que se celebra este primero de mayo, representantes del Gobierno, trabajadores y empresarios, se reunieron para hablar de los principales problemas que tiene el país en materia laboral.

Archivo El Espectador

El presidente Iván Duque, durante su participación en el evento organizado para conmemorar el día internacional del trabajo, recordó que la informalidad tiene un impacto negativo en el país al impedir que los trabajadores hagan sus respectivos aportes a sistemas que permiten beneficios como salud y pensión.  

Según el mandatario, si la informalidad actual continúa, en el futuro habría una afectación mayor en el desequilibrio y financiación de este tipo de sistemas, además de una escasez de recursos para financiar proyectos públicos, puesto que, asegura, el número de personas que declaran renta es reducido.

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Datos entregados, el pasado 11 de abril, por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), muestran que en las 13 ciudades y áreas metropolitanas del país casi cinco de cada diez trabajadores son informales, un 47,3%.

El listado de las áreas metropolitanas donde la informalidad es más protagónica se encuentra encabezado por Cúcuta, con un 69,8%, seguida de Sincelejo (66%) y Riohacha (64,7%). En cuanto a las ciudades, la que se ve más afectada con esta problemática es Bogotá, con un 39,3%, seguida de Manizales (40%) y Medellín (43,4%).

Para la ministra de trabajo, Alicia Arango, la informalidad es uno de los temas protagónicos que deberán abordarse este año en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, mesa en la que se vienen adelantando mensualmente debates del ámbito laboral y del que hacen parte representantes de los tres agentes protagónicos en este tema: Gobierno, empresarios y empleados.

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Una de las apuestas que propone la jefe de esta cartera, y que por los últimos años se ha implementado en reformas tributarias y, más recientemente, en la Ley de Financiamiento, es aliviar la carga tributaria de las empresas con el fin de oxigenar sus finanzas y así permitir una mayor flexibilidad para la generación de nuevas plazas laborales.

En teoría, las compañías al pagar menos impuestos no solo tendrían para invertir más dinero en contratación de empleados, sino que además permitiría que muchas empresas, que hoy operan desde la informalidad, puedan subirse al bus de la formalidad al dejar de ser la tributación un costo que amenaza con su estabilidad financiera.

No obstante, hay quienes piensan que esta fórmula para combatir la informalidad y el desempleo resulta obsoleta. Para el fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias, muestra de lo anterior es que el país lleva 30 años con esa premisa sin haber alcanzado resultados significativos.

“Durante todas las administraciones, tanto de Uribe como de Santos, las reformas tributarias tuvieron una exención impuestos para los empresarios. ¿Cuál es el aumento de los empleos que han generado todas las reformas tributarias?”, mencionó el líder sindical al criticar el hecho de que ni siquiera se ha podido bajar de los dos dígitos la cifra del desempleo. 

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Para él la solución no es disminuir los impuestos a las empresas, puesto que, asegura, el problema radica en los ciclos económicos que generan más o menos empleos. La apuesta que propone es remunerar mejor a los empleados ya que así tendrían mayor capacidad de gasto, lo que haría que aumente el consumo y así la demanda a las empresas, estos incrementos harían que las compañías vendieran más y se vieran obligadas a contratar a más personas.

Más allá de esta discusión tributaria, en su entrevista con El Espectador, el presidente de la Confederación Gremial del Trabajo (CGT), Julio Roberto Gómez, aseguró que parte de los debates que espera sean abordados este año en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, es la definición de cómo los trabajadores, que prestan servicios a plataformas tipo Uber y Rappi, pueden pasar a la formalidad. De lograrse, lo anterior significaría un paso más para combatir el dolor de cabeza de la informalidad en Colombia.

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“Lo que se trata es de no evadir más la ley, si se requiere una empresa como Rappi, que se estructure y que alguien responda por la seguridad social de estos trabajadores.  Creo que es necesario que nos sentemos en la comisión para estructurar una política de empleo. Se podría crear una cooperativa, por ejemplo, que responda por esos pisos mínimos de protección social y seguridad social”, manifestó

 

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