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El corredor de carga Cartagena-Barranquilla cambió oficialmente de administrador. Desde las 00:00 horas de este 22 de julio, el Instituto Nacional de Vías (Invías) asumió la operación de los 249,16 kilómetros del proyecto IP Autopistas del Caribe, así como la administración de sus seis estaciones de peaje, con lo que se cerró el proceso de reversión iniciado a comienzos de este año.
Con este paso también arrancó la liquidación del Contrato de Concesión No. 002 de 2021, una etapa que estará a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la concesión y la interventoría, luego de completarse la entrega técnica y jurídica de los activos.
La transición pone punto final a uno de los proyectos de infraestructura más controvertidos de los últimos años. Aunque la concesión nació bajo el modelo de iniciativa privada para modernizar el corredor entre Cartagena y Barranquilla, nunca logró alcanzar su cierre financiero por los problemas para operar plenamente los peajes previstos en la estructuración del contrato.
El contrato fue firmado en septiembre de 2021 y contemplaba una concesión a 35 años, con la entrada en operación prevista para octubre de 2029. De acuerdo con la ficha oficial del proyecto, el Capex (la inversión a largo plazo) ascendía a cerca de COP 2,6 billones y a otros COP 4,9 billones para Opex (la operación y el mantenimiento), sobre un corredor de 253 kilómetros entre Cartagena y Barranquilla.
El principal obstáculo estuvo en los peajes de Turbaco y Arroyo de Piedra. El primero enfrentó suspensiones parciales y protestas de la comunidad, mientras que el segundo nunca entró en funcionamiento por conflictos sociales. Ambos representaban cerca del 46 % del tráfico proyectado para financiar la concesión, por lo que la imposibilidad de recaudar esos recursos terminó haciendo inviable el proyecto.
La ANI explicó que antes de la entrega definitiva se realizaron, entre febrero y junio, visitas técnicas conjuntas con el Invías para verificar el estado de la infraestructura, consolidar inventarios y trasladar toda la documentación necesaria para garantizar la continuidad de la operación sin afectar a los usuarios.
Durante ese periodo, el concesionario mantuvo las labores de operación y mantenimiento del corredor, mientras la interventoría efectuó la medición final de los indicadores contractuales que servirán como base para el cierre técnico del contrato.
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Con el cambio de operador, el Invías quedó a cargo de las estaciones de peaje de Gambote, Pasacaballos, Turbaco, Bayunca, Sabanagrande y Galapa, además de la administración integral del corredor vial.
La reversión también consolidó una transferencia parcial que ya se había realizado meses atrás. Los tramos SAO-Ternera y Cartagena-Calicanto, que suman 3,84 kilómetros, dejaron de estar bajo responsabilidad de la concesión desde el 28 de febrero y pasaron a ser administrados por el Distrito de Cartagena.
Cuando el Gobierno anunció la terminación anticipada del proyecto, en febrero de 2024, la decisión generó fuertes cuestionamientos de gremios y dirigentes regionales. La Cámara Colombiana de la Infraestructura advirtió entonces que el fracaso de la concesión enviaría una señal de inseguridad jurídica para los inversionistas y frenaría obras estratégicas para la competitividad del Caribe, mientras autoridades locales alertaron sobre el impacto que tendría la cancelación de una inversión estimada en más de COP 4 billones.
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Para la ANI, en cambio, la reversión culminó conforme a lo previsto y garantiza que el corredor continúe operando bajo administración estatal.
El reto ahora recaerá sobre el Invías, que deberá mantener la operación, el recaudo de los peajes y la conservación de una de las principales rutas logísticas entre Cartagena y Barranquilla.
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