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Un juez ordenó este miércoles al Gobierno de Buenos Aires que "de forma inmediata" prohíba la actividad de las firmas de comida a domicilio Rappi, Kadabra (Glovo) y Pedidos Ya hasta que puedan cumplir los requisitos legales de seguridad de sus repartidores.
En concreto, el juez Roberto Gallardo instó al Ejecutivo local a impedir el funcionamiento de esas empresas de 'delivery', así como de toda las firmas que realicen la actividad de mensajería y reparto a domicilio que no cumplan con la normativa "hasta tanto esté acreditada judicialmente la adecuación" a los requisitos legales.
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Las firmas deberán garantizar que todos sus repartidores circulen utilizando casco, que la caja portaobjetos esté anclada a la moto y/o bicicleta y no en la espalda del repartidor, y circulen con seguro de vida y accidentes. También que posean libreta sanitaria, y que los vehículos cuenten con adecuada señalización nocturna.
El titular del Juzgado de primera instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario número dos ordenó también al Gobierno porteño que diseñe y ejecute un plan de contingencia económica y social para todos los repartidores de esas firmas, cuya actividad ha crecido de forma exponencial en los últimos tiempos.
Además, solicita que compense la "reducción de sus ingresos dinerarios" hasta tanto se normalice la situación objetiva y el encuadre legal de las empresas.
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Esta decisión se da después de que el 6 de diciembre pasado el tribunal dispusiera de forma precautoria, a pedido de la Defensoría del Pueblo, organizaciones sindicales y diversas empresas, una serie de medidas por el grave riesgo a la seguridad en la vía pública y por la integridad de los conductores de bicicletas. Sin embargo, el fallo del juez destaca que esas medidas, que habían sido trasladadas al Ejecutivo, no fueron cumplidas.
"De la información oficial aportada por el Ministerio de Salud, surge que en el lapso de un mes y sólo en relación a los hospitales públicos de la Ciudad, se registraron 25 accidentes en la vía pública que involucraron a conductores de motos o bicicletas afectadas al servicio de mensajería y/o reparto a domicilio", remarca el dictamen.
Rappi emitió un comunicado manifestando su preocupación ante la resolución del juez, a la que tildó de "inédita a nivel mundial". Sus representantes anunciaron que apelarán, pues consideran que la decisión "afecta a toda la industria de mensajería urbana y reparto a domicilio de sustancias alimenticias en la ciudad, y pone en riesgo la continuidad de las fuentes de ingreso de miles de personas".
Por EFE.
