La discrepancia entre operadores móviles y la Comunidad Andina en medio del coronavirus

Hace mes y medio, la Comunidad Andina (CAN) celebraba haber aprobado una decisión que, según Jorge Hernán Pedraza, secretario general del bloque conformado por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, potencialmente beneficiará a 111 millones de ciudadanos. Se trata de la eliminación gradual de las tarifas de roaming entre estos países entre 2020 y 2022.

Nadie sabía en ese momento que semanas después la región y el mundo estarían combatiendo el coronavirus y que la pandemia se volvería un factor para reabrir la discusión entre la CAN y los operadores de telecomunicaciones, que durante el debate de la medida se mostraron en contra de adoptarla.

Lea más sobre esto en: Costos de roaming entre Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia serán eliminados desde 2022

La Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet) envió una carta al secretario Pedraza pidiendo la suspensión de la entrada en vigor de las medidas tomadas, prevista para julio de este año y posponerla para 2021. El argumento de fondo: “permitir a los operadores concentrarse en la prestación de los servicios y la atención de la operación en esta compleja coyuntura”, en referencia a la crisis por el coronavirus.

La solicitud no tardó en generar una respuesta por parte de la CAN. También por escrito, el secretario Pedraza contestó sorprendido: “como Secretario General y ciudadano andino, que si antes de esta pandemia, la CAN se vio en la necesidad de generar esta norma para hacer equidad en beneficio de los usuarios, promoviendo la disminución de los altos costos de las llamadas internacionales, con más razón, cobra vigencia hoy por las circunstancias que vivimos, la existencia de la norma”, se lee en la misiva.

Y continúa: “Más aun, guardé la esperanza que su carta estuviera focalizada en anunciarme que se adelantarían como parte de los planes promocionales y de solidaridad de las empresas del sector con nuestros 111 millones de ciudadanos, la puesta en práctica desde ya”. Es decir, no solo está en desacuerdo con aplazar la entrada en vigor, sino que considera que sería conveniente adelantar la implementación por parte de los operadores.

Al respecto, Maryleana Méndez, secretaria general de Asiet, señala que no pueden confundirse las llamadas internacionales (de una persona en un país a otra persona en otro país) con el roaming, entendido este último como la línea móvil de un país que se usa en otro, generalmente durante un viaje. Por eso mismo, los voceros de los operadores señalan que en este momento de crisis los ciudadanos no están viajando, por tanto, en todo caso, la medida no tendría mayor efecto, pero sí implicaría un esfuerzo para las compañías de telecomunicaciones, esfuerzo que se podría dedicar, desde lo que les compete, a atender la crisis por el coronavirus.

Méndez explica que implementar las medidas requiere de ajustes y coordinación dentro de las empresas, entre ellas mismas y con las autoridades. Samuel Hoyos, presidente del gremio de operadores en Colombia, Asomóvil, añade que en este momento esa no debe ser la prioridad, sino que lo prioritario es enfocarse en garantizar el servicio en el país, mientras la gente está en sus casas estudiando, trabajando, informándose, e incluso recibiendo apoyos económicos del Estado a través de las plataformas de comunicaciones.

“Cualquier otra tarea nos va a distraer de nuestra prioridad, cualquier papeleo, esfuerzo técnico o peso invertido es un esfuerzo o un peso que se dejará de invertir en lo que es prioritario en este momento”, dice Hoyos.

Pedraza, sin embargo, señala que el “roaming no solo opera cuando la gente viaja”, sino que hay muchos ciudadanos de los países andinos viviendo en otra de las naciones que son miembros de la comunidad. Señala, además, a las personas que se quedaron “varadas” en medio de las cuarentenas, turistas que se vieron obligados a guardar el aislamiento en un país que no es el propio. “Por eso pedimos que se adelanten los efectos de la decisión como un acto de justicia y contribución, lo que no afectará las economías de las empresas, y sí sería un acto de solidaridad con las familias que tienen la necesidad de comunicarse”, más cuando los transportes aéreos y terrestres entre los países están suspendidos.

Los operadores, de otro lado, insisten en su posición y confían en que las autoridades reconsideren la puesta en marcha de las medidas, que rechazaron durante todo el proceso de debate. Afectación a las finanzas de las empresas, sumada a una especie de subsidio que –dicen– correría por cuenta de los usuarios que no viajan en beneficio de aquellos que sí lo hacen, fueron algunas de las razones que esgrimieron para oponerse a la eliminación de las tarifas de roaming.

La CAN, cuyas normas son de carácter supranacional y no requieren aprobación de los congresos de cada país miembro, por su parte cree que es una medida que beneficiará potencialmente a 111 millones de ciudadanos y cuenta con cálculos que aseguran que, por lo menos en Colombia, el impacto en la eventual disminución de ingresos para los operadores sería de menos de 0,1 %, “algo realmente irrisorio e imperceptible”, dijo Pedraza en entrevista con este diario el año pasado, en vísperas de la aprobación de la decisión por parte del bloque de países.  

Hace mes y medio, la Comunidad Andina (CAN) celebraba haber aprobado una decisión que, según Jorge Hernán Pedraza, secretario general del bloque conformado por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, potencialmente beneficiará a 111 millones de ciudadanos. Se trata de la eliminación gradual de las tarifas de roaming entre estos países entre 2020 y 2022.

Nadie sabía en ese momento que semanas después la región y el mundo estarían combatiendo el coronavirus y que la pandemia se volvería un factor para reabrir la discusión entre la CAN y los operadores de telecomunicaciones, que durante el debate de la medida se mostraron en contra de adoptarla.

Lea más sobre esto en: Costos de roaming entre Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia serán eliminados desde 2022

La Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet) envió una carta al secretario Pedraza pidiendo la suspensión de la entrada en vigor de las medidas tomadas, prevista para julio de este año y posponerla para 2021. El argumento de fondo: “permitir a los operadores concentrarse en la prestación de los servicios y la atención de la operación en esta compleja coyuntura”, en referencia a la crisis por el coronavirus.

La solicitud no tardó en generar una respuesta por parte de la CAN. También por escrito, el secretario Pedraza contestó sorprendido: “como Secretario General y ciudadano andino, que si antes de esta pandemia, la CAN se vio en la necesidad de generar esta norma para hacer equidad en beneficio de los usuarios, promoviendo la disminución de los altos costos de las llamadas internacionales, con más razón, cobra vigencia hoy por las circunstancias que vivimos, la existencia de la norma”, se lee en la misiva.

Y continúa: “Más aun, guardé la esperanza que su carta estuviera focalizada en anunciarme que se adelantarían como parte de los planes promocionales y de solidaridad de las empresas del sector con nuestros 111 millones de ciudadanos, la puesta en práctica desde ya”. Es decir, no solo está en desacuerdo con aplazar la entrada en vigor, sino que considera que sería conveniente adelantar la implementación por parte de los operadores.

Al respecto, Maryleana Méndez, secretaria general de Asiet, señala que no pueden confundirse las llamadas internacionales (de una persona en un país a otra persona en otro país) con el roaming, entendido este último como la línea móvil de un país que se usa en otro, generalmente durante un viaje. Por eso mismo, los voceros de los operadores señalan que en este momento de crisis los ciudadanos no están viajando, por tanto, en todo caso, la medida no tendría mayor efecto, pero sí implicaría un esfuerzo para las compañías de telecomunicaciones, esfuerzo que se podría dedicar, desde lo que les compete, a atender la crisis por el coronavirus.

Méndez explica que implementar las medidas requiere de ajustes y coordinación dentro de las empresas, entre ellas mismas y con las autoridades. Samuel Hoyos, presidente del gremio de operadores en Colombia, Asomóvil, añade que en este momento esa no debe ser la prioridad, sino que lo prioritario es enfocarse en garantizar el servicio en el país, mientras la gente está en sus casas estudiando, trabajando, informándose, e incluso recibiendo apoyos económicos del Estado a través de las plataformas de comunicaciones.

“Cualquier otra tarea nos va a distraer de nuestra prioridad, cualquier papeleo, esfuerzo técnico o peso invertido es un esfuerzo o un peso que se dejará de invertir en lo que es prioritario en este momento”, dice Hoyos.

Pedraza, sin embargo, señala que el “roaming no solo opera cuando la gente viaja”, sino que hay muchos ciudadanos de los países andinos viviendo en otra de las naciones que son miembros de la comunidad. Señala, además, a las personas que se quedaron “varadas” en medio de las cuarentenas, turistas que se vieron obligados a guardar el aislamiento en un país que no es el propio. “Por eso pedimos que se adelanten los efectos de la decisión como un acto de justicia y contribución, lo que no afectará las economías de las empresas, y sí sería un acto de solidaridad con las familias que tienen la necesidad de comunicarse”, más cuando los transportes aéreos y terrestres entre los países están suspendidos.

Los operadores, de otro lado, insisten en su posición y confían en que las autoridades reconsideren la puesta en marcha de las medidas, que rechazaron durante todo el proceso de debate. Afectación a las finanzas de las empresas, sumada a una especie de subsidio que –dicen– correría por cuenta de los usuarios que no viajan en beneficio de aquellos que sí lo hacen, fueron algunas de las razones que esgrimieron para oponerse a la eliminación de las tarifas de roaming.

La CAN, cuyas normas son de carácter supranacional y no requieren aprobación de los congresos de cada país miembro, por su parte cree que es una medida que beneficiará potencialmente a 111 millones de ciudadanos y cuenta con cálculos que aseguran que, por lo menos en Colombia, el impacto en la eventual disminución de ingresos para los operadores sería de menos de 0,1 %, “algo realmente irrisorio e imperceptible”, dijo Pedraza en entrevista con este diario el año pasado, en vísperas de la aprobación de la decisión por parte del bloque de países.