
Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La primera: no basta con hablar del «Estado emprendedor», sino que debemos construirlo. Para ello debemos centrar la atención en instituciones y organizaciones gubernamentales concretas que sean capaces de crear estrategias de crecimiento de largo plazo y «aceptar» el inevitable fracaso que esto conlleva. De hecho, no es una coincidencia que los países más débiles de la eurozona sean precisamente aquellos que tienen un nivel bajo de gasto en áreas que, a pesar de que parecen costosas hoy, son las que llevarán al crecimiento en el futuro. (Recomendamos: Entrevista de El Espectador con Mariana Mazzucato).
Aun así, se dice que son países que gastan demasiado. Aunque a menudo se utiliza la «gobernanza» como razón para imponer reformas de mercado, en realidad la gobernanza debería consistir también en reunir la experiencia y crear la disposición para invertir en áreas de alto crecimiento y alto riesgo. Tal como sabe cualquier persona que haya trabajado en el sector privado, hay muchas empresas «burocráticas» e inerciales.
No hay nada en el ADN del sector público que lo haga menos innovador que el sector privado. Pero, del mismo modo, fomentar la innovación y la creatividad en las instituciones del sector público requiere reflexionar sobre las dinámicas organizativas. Al negar la capacidad del sector privado para ser una fuerza innovadora desde dentro, la mayoría de los expertos en gestión estratégica y cambio organizativo se han centrado más en el sector privado, dejando al sector público solo la función de «crear las condiciones» para que la innovación ocurra en el sector privado «revolucionario». (Más: Mariana Mazzucato y sus siete principios para una nueva economía política).
Como he planteado antes, esto ha creado una profecía autocumplida, en la que los jóvenes graduados más inteligentes opinan que es más interesante trabajar en Goldman Sachs o en Google que en un banco de inversión del Estado o en un ministerio de innovación. La única forma de reequilibrar este problema es mejorar el estatus del Gobierno y las palabras e imágenes que utilizamos para describirlo, en vez de empeorarlos. Existen importantes implicaciones de la crisis de la eurozona.
Las condiciones impuestas a los países más débiles, a través de la «contención fiscal», no deberían basarse en la reducción del tamaño del sector público, sino en incrementar los incentivos de los gobiernos para gastar en áreas como educación y también en transformar el sector público desde dentro, para que sea más estratégico, meritocrático y dinámico. Aunque parezca difícil llevar a cabo esto, no es menos difícil que imponer la austeridad que está minando la estructura socioeconómica y la competitividad futura de los países más débiles.
La segunda: si se le pide al Estado que se implique en el mundo de la incertidumbre, con las inevitables ganancias y pérdidas (que también caracterizan al capital riesgo privado), entonces cuando llegan las ganancias (la parte alta), debería haber un beneficio para cubrir las pérdidas (la parte baja). Es decir, a pesar de que el gasto del Estado en educación básica y salud no debería esperar necesariamente un beneficio directo, más allá de los impuestos y la oferta de una mano de obra cualificada y saludable, las inversiones de alto riesgo del Estado deberían ser concebidas de forma diferente, y debería permitirse que obtuvieran un beneficio directo, precisamente a causa de la elevada tasa de fracaso.
Las inversiones «ganadoras» exitosas del Estado deberían rentabilizarse para cubrir las pérdidas cuando estas aparezcan, así como para financiar las inversiones del futuro (que todavía hoy son imprevisibles). A pesar de que se ha identificado que la privatización de los beneficios y la socialización de las pérdidas en el sector privado es algo económicamente ineficiente y socialmente injusto (Alessandri y Haldane, 2009), esta misma asimetría que se produce en la economía real, tanto en el caso de las empresas de nuevas tecnologías como en el de empresas más maduras que necesitan inversión externa para volver a despegar, ha pasado inadvertida.
Una relación riesgo-beneficio más clara no solo aumentará los ingresos del Gobierno —en un momento en que los presupuestos públicos están sometidos a mucha presión—, también permitirá que los contribuyentes sean testigos de un beneficio más claro de sus inversiones y, por tanto, contribuirá a incrementar el apoyo político necesario para llevar a cabo inversiones que conduzcan a un crecimiento futuro de largo plazo.
Y la tercera: al centrarse en el papel que desempeña el Estado en el panorama abrupto de riesgo, actuando de forma activa y con valor, en lugar de limitarse a «reducir el riesgo» para el sector privado y corregir los «fallos del mercado», el análisis expuesto en este libro tiene el potencial de definir mejor las políticas enfocadas a otros actores del «ecosistema» de innovación. Esto es importante, ya que tal como he destacado en el apartado dedicado a los «mitos» del capítulo 2, una consecuencia de haber infravalorado el papel del Estado ha sido que se ha «exagerado» el de otros, desde las pymes hasta el capital riesgo y los accionistas.
Por tanto, reconocer a los diferentes actores en el ecosistema —a lo largo del tiempo y del panorama abrupto de riesgo— hará más difícil que aquellos actores económicos cuyo protagonismo ha sido exagerado, gracias a lo cual han conseguido capturar el imaginario público, exijan subvenciones y subsidios. El apéndice contiene una lista de propuestas que podrían permitir que el Gobierno ahorrara (utilizando Reino Unido como ejemplo), gracias a un análisis más realista del «ecosistema» y con políticas basadas en lo que sabemos de los diferentes actores en lugar de basarse en los mitos que les están asociados.
Vivimos una época en la que se está reduciendo el papel del Estado. Se externalizan los servicios públicos, se recortan los presupuestos y muchas estrategias nacionales las dicta el miedo en lugar del valor. Gran parte de estos cambios se están llevando a cabo con la excusa de hacer a los mercados más competitivos y dinámicos. Este libro es un llamado a cambiar nuestra manera de discutir sobre el Estado, su intervención en la economía y las imágenes e ideas que utilizamos para describir su participación.
Solo entonces podremos empezar a construir el tipo de sociedad en la que queremos vivir, y en la que queremos que vivan nuestros hijos, de una forma que deje de lado los falsos mitos sobre el Estado y reconozca cómo puede, cuando tiene una misión y está organizado de forma dinámica, solucionar problemas tan difíciles como poner a un hombre en la Luna o luchar contra el cambio climático. Tan solo necesitamos valor para insistir —a través tanto de la visión como de los instrumentos políticos específicos— en la idea de que el crecimiento que resulta de estas inversiones debe ser no solo «inteligente», sino también «inclusivo».
* Se publica con autorización de Penguin Random House Grupo Editorial, sello Taurus. Mariana Mazzucato: es catedrática de Economía de la Innovación y Valor Público en el University College de Londres (UCL), donde fundó y dirige el Institute for Innovation and Public Purpose (IIPP). Ha sido galardonada con diferentes premios internacionales, incluidos el Leontief Prize for Advancing the Frontiers of Economic Thought de 2018 y el John von Neumann Award de 2020. Una de los tres pensadores más importantes en temas de innovación según The New Republic, de las cincuenta personas más creativas en temas empresariales según Fast Company y de los veinticinco líderes que diseñan el futuro del capitalismo según WIRED, es también autora de títulos aclamados como El valor de las cosas. Quién produce y quién gana en la economía global (Taurus, 2019) o Misión economía. Una guía para cambiar el capitalismo (Taurus, 2021). Asesora de políticos de todo el mundo sobre crecimiento inteligente, inclusivo y sostenible, actualmente es miembro de, entre otras instituciones, el Consejo sobre Economía de la Salud para Todos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Junta Consultiva de Alto Nivel sobre Asuntos Económicos y Sociales (HLAB) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).