La incertidumbre en el sector energético amenaza con apagar la confianza

La empresa fue intervenida en septiembre de 2024.

Foto: Cortesía Air-e

Lo que está ocurriendo con Air-e, la empresa encargada de distribuir electricidad en Atlántico, Magdalena y La Guajira, no ha sido únicamente una cuestión de problema financiero, sino de una falla estructural en la confianza del sector.

La luz sigue encendida, pero el sistema de pagos parpadea, ya que según la Asociación nacional de Empresas Generadoras (Andeg), van cuatro agentes interventores en menos de un año. El más reciente, Nelson Javier Vásquez, llegó hoy a liderar a la empresa para enderezar su rumbo.

“Sin duda, el riesgo más alto es que Air-e no logre cumplir con sus compromisos con el mercado, lo que se reflejaría en un aumento creciente de las deudas y en consecuencia una afectación mayor a la cadena de pagos”, señaló Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo del gremio.

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Air-e fue intervenida en septiembre pasado y se mantuvo con fines de liquidación desde enero de 2025. A la fecha, carga deudas que rondan los $1,5 billones, según el gremio. Esa cifra, suficiente para financiar a universidades públicas o reactivar aún más el modo férreo, es apenas la punta visible del riesgo que enfrenta el sistema eléctrico, que desde hace rato camina sobre camino pedregoso.

Estas deudas, según los expertos y gremios, afecta la operación de las plantas térmicas, clave para el sistema en momentos de baja hidrología, como en el pasado fenómeno de El Niño.

Deudas y subsidios

El problema no empezó con Air-e. Viene de años atrás de subsidios acumulados y decisiones complejas, y una entidad regulatoria (CREG) que aún no completa la cantidad de expertos en su nómina.

Apenas hace tres semanas, el Gobierno hizo un giro de $2,5 billones para oxigenar al sector, un salvavidas que sirvió para cubrir parte de las cuentas atrasadas de 2024 y los primeros meses de 2025. Pero esa inyección, por supuesto, fue un respiro. Según el Comité Intergremial, aún faltan por saldar unos $5,1 billones.

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Esto pone en jaque al sector, y peor aún, a los colombianos que dependen del equilibrio financiero de estas empresas.

Solo en subsidios eléctricos no girados hay $2,7 billones pendientes, a lo que se suman $3,3 billones por la “opción tarifaria”. Sobre esta última, el Gobierno señaló en marzo que no asumirá el pago de esta deuda, y afirmó que será asumida por estratos altos, comercios e industrias.

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El Caribe es la región que más tensión tiene dentro del sistema, ya que con el rescate financiero a Air-e, el Gobierno prometió soluciones como Colombia Solar, que apuesta por comunidades energéticas y autoconsumo. Sin embargo, las cuentas siguen anchas.

En mayo, el Gobierno giró para la región Caribe $697.000 millones en pagos para las empresas Air-e y Afinia, con $233.100 millones y $463.900 millones, respectivamente.

“Desde Andeg reiteramos la necesidad de adoptar medidas de fondo, estructuradas y sostenibles que garanticen el pago a los agentes afectados, restauren la confianza en el sistema y protejan la seguridad energética del país”, dijo Castañeda.

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Lo que está en juego es la confianza del sistema eléctrico como columna vertebral. Si no se logra la estabilidad financiera prometida, la inversión privada se retrae y los generadores podrían frenar operaciones, un llamado que han reiterado los gremios desde principio de año con la crisis energética.

Para trabajar en doble vía, el Ministerio de Minas y Energía también ha movido sus fichas de inversiones extranjeras en Europa con el portafolio del país en proyectos sostenibles, mientras cambia las reglas de juego del sistema para destrabar los proyectos. “Hay una decisión política por orientación del señor presidente, de remover los obstáculos alrededor del licenciamiento ambiental en proyectos de generación de energía limpia inferiores a 100 megavatios”, dijo Palma.

Por ahora, los generadores abren las puertas al diálogo con el Gobierno para tener salidas a corto y largo plazo.

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