La megaobra del Canal del Dique fue adjudicada a Sacyr Concesiones

Foto: Wilfredo Amaya - Wilfredo Amaya

Luego de varios aplazamientos para la adjudicación de la megaobra del Canal del Dique, el trámite se surtió de manera exitosa este miércoles, pues la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) le adjudicó el contrato a Sacyr Concesiones Colombia SAS, firma que ofertó $2.782′754.253.672 (más de $2,78 billones y casi medio billón de pesos menos a lo estimado en la adjudicación que se iba a dar en el gobierno de Iván Duque).

Para llegar hasta esta adjudicación, que ha estado acompañada de diversos cuestionamientos y contratiempos, el Gobierno Nacional tuvo que surtir una serie de etapas que incluyeron procesos de socialización con las comunidades del área de influencia del canal. La ANI detalla que se hicieron más de 250 mesas de trabajo y se protocolizaron 16 procesos de consulta previa ordenados por el Ministerio del Interior, los cuales estuvieron acompañados por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República.

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Vale la pena recordar la importancia que tiene este megaproyecto para el país, pues de resultar exitoso logrará recuperar los sistemas naturales degradados en su zona de influencia, así como mitigar el impacto de eventuales inundaciones en la región del Caribe, como las que se generan por el fenómeno de La Niña.

“De ejecutar obras en el Canal del Dique se viene hablando hace más de 50 años en el país. De hecho, la prioridad surgió hace poco más de una década, luego de la tragedia que ocasionó el desbordamiento de sus aguas, más exactamente el 29 de noviembre de 2010, y que dejó más de 100 mil damnificados en la zona. El proyecto tiene una longitud total de 115,5 km, que abarca la hidrovía, entre Calamar y la bahía de Cartagena. La ejecución de las obras incluye, entre otros, un sistema de esclusas y compuertas para evitar la entrada no controlada de grandes cantidades de sedimentos y caudal. Dos esclusas estarán en Calamar y Puerto Badel; también tendrá compuertas en Calamar”, detalló la ANI.

Los detalles del proyecto

Con la adjudicación del contrato, Sacyr Concesiones Colombia SAS tiene 18 meses para ejecutar el proceso de preconstrucción, es decir, adelantar los requerimientos técnicos, ambientales, sociales y prediales que permitirán el inicio de construcción de la obra.

“En esta fase de preconstrucción, el concesionario podrá adelantar actividades de mitigación ante probables sucesos producto de la ola invernal, es decir, podrá hacer mantenimiento a lo largo del canal navegable”, detalló la ANI.

El contrato adjudicado establece que Sacyr tiene un plazo de 15 años para ejecutar las obras, poner el canal en operación y realizar las respectivas labores de mantenimiento. Se estima que esta intervención tiene el potencial de generar 61.776 empleos en la zona. De hecho, este era uno de los requisitos que debía aprobar para celebrar la adjudicación.

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“La población beneficiada con este proyecto será de 1.5 millones de habitantes de 19 municipios: ocho del Atlántico: Campo de La Cruz, Candelaria, Luruaco, Manatí, Repelón, Sabanalarga, Santa Lucia y Suan); diez ubicados en el departamento de Bolívar: Arjona, Arroyohondo, Calamar, Cartagena de Indias, Mahates, María La Baja, San Cristóbal, San Estanislao, Soplaviento y Turbana; y uno en Sucre, San Onofre”, añadió la ANI.

Hay que destacar que este proyecto se adjudicó mediante el esquema de Asociación Público Privada (APP), esto se traduce en que el concesionario, por su propia cuenta y riesgo, llevará a cabo los estudios, diseño, construcción, financiación, operación mantenimiento y reversión de bienes a la nación (esto último por el impacto ambiental que pueda tener en la zona de influencia de las obras).

También hay que recordar que con la adjudicación del contrato Sacyr se compromete a cumplir con los compromisos suscritos con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que, a grandes rasgos, es informar sobre el hallazgo, o presunción, de cadáveres humanos encontrados en la obra. Esto es importante, pues dichos cuerpos podrían ser de víctimas del conflicto armado colombiano declaradas como desaparecidas.

En caso de encontrar, o presumir la existencia de estos cadáveres, el listado de obligaciones incluye :

1. Dar aviso a las autoridades correspondientes, al interventor y a la ANI en un plazo no mayor a 24 horas
2. Demarcar la zona y aplazar las actividades que se adelanten en el área circundante al hallazgo
3. Suspender las actividades de obra, operación o mantenimiento y abstenerse de realizar cualquier tipo de intervención hasta que no se hayan realizado los procedimientos respectivos por parte de las autoridades correspondientes
4. Permitir el acceso a las zonas en donde se hallan o presman la existencia de cadáveres a las diferentes autoridades correspondientes.

Un proyecto cargado de incertidumbres

Como lo menciona la ANI, el Canal del Dique es un proyecto del que se viene viendo la necesidad desde hace más de 50 años. En la administración de Iván Duque se quiso avanzar en esta materia, tanto así que una de las tantas fechas de adjudicación se fijó para el último día de su mandato (cosa que no ocurrió). Esto pese a que en su momento la ANI lo describió como “el proyecto mejor estructurado que ha tenido el país”.

Posteriormente, en el marco de diversas polémicas y dudas, la ANI estableció una nueva fecha para la adjudicación: el 12 de agosto del presente año. El día llegó y tal acto no se materializó. Ya con Gustavo Petro en la presidencia de Colombia, su ministro de Transporte, Guillermo Reyes, tuvo que anunciar una “última suspensión” y fijó el 30 de septiembre como la nueva fecha. Hoy supimos que la fecha definitiva terminó siendo hoy, 7 de diciembre.

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Parte de esas dilaciones se presentaron por las negativas que presentaron las comunidades influenciadas por el megaproyecto, quienes presentaron tutelas, las cuales llegaron hasta las altas cortes.

Aunque en el acto de adjudicación de este miércoles se registró la participación de Iván Rodrígez, ciudadano que dijo haber presentado una acción popular contra la ANI y Cormagdalena, junto con otras personas, para impedir que se adjudique el proceso.

“Hoy también le mandé un derecho de petición al presidente de la ANI solicitando que no continúe con el proceso de contratación, y que no lo adjudique hasta que no se conozca el resultado de la acción popular que está en manos de un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá”.

Para este ciudadano, la adjudicación del megaproyecto fue irregular, pues no se cumplió con uno de los requisitos que era la publicación de la fecha de adjudicación en el cronograma. “Eso no se hizo, lo que recibimos nosotros fue la convocatoria a una reunión”, detalló el demandante. De hecho su reclamo es cierto, pues a la prensa también se le avisó sobre tiempo la realización del evento para la adjudicación.

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