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El futuro de la asociación público-privada (APP) para el Canal del Dique es cada vez más incierto. A finales de julio, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) lo definía como el proyecto “mejor estructurado que ha tenido el país”, pero dos meses después la adjudicación está suspendida indefinidamente.
El gobierno Duque estaba decidido a dejar adjudicada la licitación por $3,2 billones, de hecho, la fecha fijada era el último día hábil de esa administración. Sin embargo, en medio de una polémica y muchas dudas, la ANI tuvo que fijar una nueva fecha: 12 de agosto, dejando la decisión en manos del gobierno de Gustavo Petro. Cuando se cumplió el plazo, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, anunció una “última suspensión” por un mes, pero sus palabras no se cumplieron porque, nuevamente, se corrió el plazo hasta el 30 de septiembre.
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Esta semana la ANI informó que, definitivamente, este mes no se adjudicarán las obras que buscan, entre otras cosas, mitigar el riesgo de inundaciones en la zona de influencia. La entidad dijo que se suspende de manera indefinida la adjudicación hasta que la Corte Constitucional decida cuál juzgado tiene la competencia para resolver la acción de tutela en la que se decretaron medidas cautelares al proyecto.
Para entenderlo mejor hay que conocer el proceso. Danit Escorcia, del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de los Olivos de Hato Viejo, Bolívar, le explicó a este diario que la organización instauró una acción de tutela que fue admitida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Cartagena. En respuesta, el despacho pidió suspender provisionalmente la licitación, amparando los derechos al debido proceso y a la consulta previa.
“Pedimos consulta previa. Estamos de acuerdo con que se haga el proyecto, pero este debe tener en cuenta las condiciones de vida de campesinos, pescadores y pequeños ganaderos. No pueden hacer un proyecto para desaparecer la pesca, la ganadería y la agricultura porque nosotros no nos alimentamos con pavimento”, sostiene Escorcia.
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Las comunidades llevan meses denunciando falta de garantías de participación. El mes pasado, Jasmar Pájaro, historiador y miembro del Colectivo Abogados del Karibe (Abokar), dijo a El Espectador que 45 consejos comunitarios en la zona de influencia del proyecto no fueron consultados, un proceso que debió realizarse antes de que se abriera la licitación. En esa misma línea, líderes y organizaciones han llamado la atención sobre posibles irregularidades en algunas de las 16 consultas previas que sí se hicieron.
Ahora bien, ante la decisión, la ANI y Cormagdalena solicitaron que ese expediente se remita al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Sincelejo porque -argumentó la ANI- “en ese despacho se habían tramitado múltiples tutelas bajo el concepto de tutelas masivas que debe conocer un mismo juez constitucional”.
Sin embargo, el Juzgado de Sincelejo consideró que no es de su competencia y por eso el caso fue remitido a la Corte Constitucional, que definirá cuál juzgado es el que debe decidir. Juan Ospina, abogado y profesor en derecho constitucional, explica que este proceso (conflicto negativo de competencia) suele tardar entre uno y dos meses.
“Durante este tiempo se mantiene la decisión sobre la medida provisional que produjo la suspensión de la licitación. Si la Corte Constitucional determina que el juzgado de origen es el que tiene la competencia, las medidas adoptadas serán importantes para el fallo definitivo y si dice que el juzgado que debe conocer es el de Sincelejo, ese juzgado tendría que hacer su propia valoración y decidir. El propósito de la acción tutela es proteger los derechos fundamentales, en esa medida, las decisiones que tome el juez de tutela deben cumplirse, así ello signifique una suspensión del proceso licitatorio hasta tanto se atienda la garantía de los derechos vulnerados, como lo sería el derecho a la consulta previa”, dice Ospina.
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Otros peros al megaproyecto
En el último mes, autoridades locales solicitaron celeridad en la licitación, especialmente por el fenómeno de La Niña que amenaza con inundar la zona. Incluso, comunidades en Bolívar y Atlántico realizaron bloqueos para exigirle al Gobierno obras de mitigación, pues no quieren que se repita la situación de 2010, cuando más de 100.000 personas resultaron damnificadas en el Caribe por los estragos que causó este fenómeno climático.
Esta es una de las tensiones, pero del otro lado hay una larga lista de cuestionamientos. A las denuncias por falta de garantías de participación se suma la orden que la JEP les dio a la ANI y al futuro concesionario de adoptar protocolos técnicos para asegurar la búsqueda, recuperación, identificación y entrega digna a sus familiares de los cuerpos de víctimas de desaparición forzada que podrían estar en el Canal del Dique. Como dice un documento de la Contraloría (enviado a la ANI en agosto), también es fundamental evaluar los efectos de esta orden, teniendo en cuenta que esas “actividades” no se contemplan en la licitación, no están en las obligaciones del concesionario ni en el presupuesto, ni en el cronograma.
En esa misma comunicación, el órgano de control recordó que en el pasado le había manifestado a la ANI inquietudes sobre la estructuración del proyecto, como el licenciamiento ambiental, el riesgo arqueológico y la obligación de dragar el canal sin tener definido el nivel de servicio que se le exigirá al concesionario, por ejemplo. Los cuestionamientos ambientales tampoco son menores, vale recordar que la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, ha dicho que esa cartera exigirá licencia ambiental.
La Contraloría también dijo que, contrario a lo que establece el informe de evaluación de oferta publicado por la ANI, hay inconsistencias en la propuesta del único oferente, Sacyr, e incluso le preguntó a la Agencia si verificó “los eventuales efectos reputacionales y de relacionamiento con posibles financiadores del oferente”, teniendo en cuenta la sanción aplicada en España por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) “bajo el cargo de ‘alterar el sistema de licitaciones públicas para edificaciones e infraestructuras”’.
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Otro factor que para la Contraloría hay que evaluar, además de las afectaciones reputacionales, es la capacidad de ese único oferente de obtener recursos para ejecutar simultáneamente dos proyectos que suman $7 billones, teniendo en cuenta que a Sacyr (el mismo del puente Hisgaura) también se le adjudicó el proyecto Buga-Buenaventura, en agosto.
Sobre la sanción, Sacyr ha dicho que recurrirá ante el Tribunal Supremo en el plazo establecido y que “el proceso, que dura alrededor de cinco años, no está en firme y no tendrá ningún efecto en nuestros negocios en Colombia”. Respecto a la suspensión indefinida de la licitación, la empresa decidió no pronunciarse.
Entretanto, la ANI asegura que avanzará en las mesas de diálogo con poblaciones de Atlántico, Bolívar y Sucre, espacios en los que “se seguirán dando a conocer detalles de la APP, pero también se recibirán inquietudes y propuestas que las comunidades tengan sobre este megaproyecto”.
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Finalmente, la entidad indicó que seguirá atendiendo las solicitudes de la JEP, la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo (estas dos últimas en el pasado también pidieron atender las inquietudes de las comunidades). Además, “sostendrá diferentes reuniones con actores relevantes del proyecto, entre ellos la Sociedad Colombiana de Ingenieros y expertos académicos”.
Por ahora no hay ninguna certeza respecto a qué pasará con la APP que hace unos meses el gobierno de Iván Duque definía como el proyecto de cambio climático más importante de Colombia y de América Latina. Para armar este rompecabezas hacen falta varias piezas: qué pasará con la exigencia de consulta previa, con las dudas sobre la licencia ambiental, con la orden de asegurar la búsqueda y entrega digna de los cuerpos de víctimas de desaparición forzada, con los cuestionamientos al único oferente, entre otras cosas. Sobre la mesa también está el temor a los estragos que puede causar el fenómeno de La Niña.
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