La norma que busca acabar con la corrupción en obras públicas
Los pliegos tipo estandarizan requisitos como las acreditaciones de experiencia en las licitaciones de proyectos de infraestructura. Sin embargo, hay quienes alegan que les quitan autonomía a las regiones.
Paula Delgado Gómez / @PaulaDelG.
Por décadas, cientos de contratos del Estado se han caracterizado por beneficiar más a los privados que a la ciudadanía. En un esfuerzo por acabar con el pago de favores electorales a punta de licitaciones amañadas, el Gobierno aprobó el año pasado una ley (1882) que se reglamentó apenas la semana pasada (decreto 342) y obliga a las entidades públicas a adoptar los famosos pliegos tipo.
Se trata de documentos estandarizados que deben servir de guía para elaborar las cláusulas de los contratos (llamados pliegos de condiciones) para las licitaciones en obras públicas, interventorías y consultorías de estudios, diseños o ingeniería.
Los pliegos tipo, que entrarán en vigencia a partir del lunes 1° de abril, van dirigidos particularmente a proyectos de infraestructura del sector transporte, que representan el 33 % del total de obras públicas del país.
Esta norma servirá para dar un paso en la lucha contra los llamados “pliegos sastre”, bautizados así porque están hechos a la medida de un contratista específico. Y no es solo buena voluntad. Con la norma se sigue una de las recomendaciones en la materia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El Ministerio de Transporte destacó que con la norma se pretende optimizar los procesos de contratación y el control de los recursos del Estado que se utilizan para tal fin. También crea condiciones para que más empresas puedan participar y clasificar en las licitaciones, al hacer más clara la forma en que deben presentar sus propuestas.
La titular de la cartera, Ángela María Orozco, manifestó que este decreto brinda transparencia en la contratación y otorga a las entidades públicas, incluyendo a las de control, mecanismos para garantizar este principio. Y resaltó que con estas medidas se protege el patrimonio público y se tienen mayores garantías para que las obras queden en manos de los contratistas más idóneos.
“Tener procesos estandarizados también beneficia a las pequeñas y medianas empresas del sector de la ingeniería en el país, que durante reiteradas ocasiones pidieron un estándar básico de contratación y ahora lo tendrán”, resaltó Orozco.
Los parámetros obligatorios que se incluyen están relacionados con cartas de presentación de los proponentes, acreditación de experiencia y capacidad financiera, identificación de riesgos, cobertura de seguros, pagos a seguridad social, definición de cronogramas y firma de un pacto de transparencia, entre otros.
Con los pliegos tipo, además, se unifican los indicadores financieros por considerar en el contrato, las reglas de interpretación y las causales de rechazo. Incluso el decreto ordena definir métodos de selección para los contratistas que sean aleatorios e incentiven la libre competencia.
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El desarrollo, la revisión continua e implementación de los pliegos tipo les corresponde a Colombia Compra Eficiente, Planeación Nacional y el Ministerio de Transporte. El primer paso se dio esta semana con la estructuración de una propuesta por parte de la Agencia Nacional de Contratación Pública, que se encuentra a disposición de la ciudadanía para comentarios hasta el próximo 19 de marzo a la medianoche.
Sin embargo, algunas cosas no entran en la esquematización, por ejemplo, la priorización de proyectos, las condiciones técnicas de la obra o los plazos de ejecución; se trata más de pautas generales que de condiciones particulares del contrato, pues estas últimas son de la autonomía de la entidad que contrata.
Los principios de la ley (1882 de 2018) motivaron una demanda de inconstitucionalidad que presentó el abogado Efraín Gómez Cardona, en marzo del año pasado, argumentando que los pliegos tipo vulneran la autonomía de las entidades territoriales sin ningún fundamento al quitarles la potestad de definir sus propias condiciones y someterlas a regulaciones homogéneas que pueden resultar inadaptadas a sus necesidades, por tratarse se regiones con características muy distintas.
El jurista incluso citó como caso fallido el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal (Sice) que se creó en el 2000 con la ley 598, la cual se derogó 12 años después.
El director de la Federación Nacional de Municipios, Gilberto Toro, apoyó la petición de Gómez bajo la premisa de que serán “auténticas camisas de fuerza que impedirán las funciones administrativas de las autoridades locales” y calificó como “irracional” que el presidente de la República tenga la atribución de redactar un documento tan puntual como un pliego de condiciones y que pretenda aplicarse tanto a una megaobra como a una escuela rural.
Además, dijo que era ingenuo pensar que la medida contribuiría en la lucha contra la corrupción, suponiendo que a punta de decretos del Gobierno central “no penetrarán las manos de los avivatos”.
En cambio, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) calificó la expedición del nuevo decreto como “un triunfo histórico en la lucha contra la corrupción, por la cual ha trabajado el gremio de la infraestructura durante los últimos diez años”.
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El presidente del gremio, Juan Martín Caicedo, aseguró que el decreto “parte en dos la historia de la contratación y acabará con las mafias que la permean y afectan”. Incluso resaltó como un beneficio económico el ahorro en contratación de asesores para elaborar los pliegos. “El pliego tipo les garantiza a las empresas el acceso efectivo a las compras públicas, por cuanto se elimina una barrera”, dijo.
Con respecto a los argumentos de la demanda, que se espera se resuelva de aquí a mayo, cree que se trata de una falacia, “lo único que estamos estandarizando son las condiciones de los procesos licitatorios, para que no las manipulen”, señaló. “La corte es sabia; no se va a equivocar, porque la autonomía tiene unos límites cuando se compromete el interés del país”, concluyó.
Carlos Camargo, director de la Federación Nacional de Departamentos, también cree que el decreto representa un avance significativo en el empeño del Gobierno Nacional para darle mayor transparencia a la contratación de obras de infraestructura del transporte.
“Los pliegos tipo son un instrumento de gestión contractual que benefician ineludiblemente el interés general, dado que estandarizan las condiciones objetivas de participación y de elección de los contratistas de obras y pretenden alcanzar ventajas competitivas para el sector privado y público”, dijo.
Camargo garantizó que los gobernadores apoyan la iniciativa, que es “revolucionaria en materia contractual” y participarán en su implementación. Y aprovechó para sugerir que se tengan en cuenta las condiciones y realidades de las regiones a la hora de expedir los documentos, “con el ánimo de promover el empleo, el crecimiento económico y el apoyo a la mano obra local”.
Excepcionalmente algunas entidades ya venían usando los pliegos tipo voluntariamente. Es famosa la experiencia del Instituto Nacional de Vías (Invías) que entre 2011 y 2018 contrató $9 billones bajo esta figura.
También destaca el caso de la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter), que desde hace cinco años implementa los pliegos tipo en su contratación y que, asegura, le han permitido “profundizar un ejercicio de transparencia en la adjudicación a través de esquemas aleatorios y efectivos que permiten blindar el proceso”, lo que se traduce en un promedio de 17 empresas participando por convocatoria.
Los mayores problemas de contratación, de acuerdo con la CCI, están en las regiones, donde son especialmente susceptibles a prácticas corruptas. Allí, más del 80 % de los procesos quedan en manos de un único oferente; una tendencia que se espera disminuya en el futuro cuando los pliegos tipo se extiendan a otro tipo de obras.
Por décadas, cientos de contratos del Estado se han caracterizado por beneficiar más a los privados que a la ciudadanía. En un esfuerzo por acabar con el pago de favores electorales a punta de licitaciones amañadas, el Gobierno aprobó el año pasado una ley (1882) que se reglamentó apenas la semana pasada (decreto 342) y obliga a las entidades públicas a adoptar los famosos pliegos tipo.
Se trata de documentos estandarizados que deben servir de guía para elaborar las cláusulas de los contratos (llamados pliegos de condiciones) para las licitaciones en obras públicas, interventorías y consultorías de estudios, diseños o ingeniería.
Los pliegos tipo, que entrarán en vigencia a partir del lunes 1° de abril, van dirigidos particularmente a proyectos de infraestructura del sector transporte, que representan el 33 % del total de obras públicas del país.
Esta norma servirá para dar un paso en la lucha contra los llamados “pliegos sastre”, bautizados así porque están hechos a la medida de un contratista específico. Y no es solo buena voluntad. Con la norma se sigue una de las recomendaciones en la materia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El Ministerio de Transporte destacó que con la norma se pretende optimizar los procesos de contratación y el control de los recursos del Estado que se utilizan para tal fin. También crea condiciones para que más empresas puedan participar y clasificar en las licitaciones, al hacer más clara la forma en que deben presentar sus propuestas.
La titular de la cartera, Ángela María Orozco, manifestó que este decreto brinda transparencia en la contratación y otorga a las entidades públicas, incluyendo a las de control, mecanismos para garantizar este principio. Y resaltó que con estas medidas se protege el patrimonio público y se tienen mayores garantías para que las obras queden en manos de los contratistas más idóneos.
“Tener procesos estandarizados también beneficia a las pequeñas y medianas empresas del sector de la ingeniería en el país, que durante reiteradas ocasiones pidieron un estándar básico de contratación y ahora lo tendrán”, resaltó Orozco.
Los parámetros obligatorios que se incluyen están relacionados con cartas de presentación de los proponentes, acreditación de experiencia y capacidad financiera, identificación de riesgos, cobertura de seguros, pagos a seguridad social, definición de cronogramas y firma de un pacto de transparencia, entre otros.
Con los pliegos tipo, además, se unifican los indicadores financieros por considerar en el contrato, las reglas de interpretación y las causales de rechazo. Incluso el decreto ordena definir métodos de selección para los contratistas que sean aleatorios e incentiven la libre competencia.
Le puede interesar: Así avanzan los proyectos anticorrupción en el Congreso
El desarrollo, la revisión continua e implementación de los pliegos tipo les corresponde a Colombia Compra Eficiente, Planeación Nacional y el Ministerio de Transporte. El primer paso se dio esta semana con la estructuración de una propuesta por parte de la Agencia Nacional de Contratación Pública, que se encuentra a disposición de la ciudadanía para comentarios hasta el próximo 19 de marzo a la medianoche.
Sin embargo, algunas cosas no entran en la esquematización, por ejemplo, la priorización de proyectos, las condiciones técnicas de la obra o los plazos de ejecución; se trata más de pautas generales que de condiciones particulares del contrato, pues estas últimas son de la autonomía de la entidad que contrata.
Los principios de la ley (1882 de 2018) motivaron una demanda de inconstitucionalidad que presentó el abogado Efraín Gómez Cardona, en marzo del año pasado, argumentando que los pliegos tipo vulneran la autonomía de las entidades territoriales sin ningún fundamento al quitarles la potestad de definir sus propias condiciones y someterlas a regulaciones homogéneas que pueden resultar inadaptadas a sus necesidades, por tratarse se regiones con características muy distintas.
El jurista incluso citó como caso fallido el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal (Sice) que se creó en el 2000 con la ley 598, la cual se derogó 12 años después.
El director de la Federación Nacional de Municipios, Gilberto Toro, apoyó la petición de Gómez bajo la premisa de que serán “auténticas camisas de fuerza que impedirán las funciones administrativas de las autoridades locales” y calificó como “irracional” que el presidente de la República tenga la atribución de redactar un documento tan puntual como un pliego de condiciones y que pretenda aplicarse tanto a una megaobra como a una escuela rural.
Además, dijo que era ingenuo pensar que la medida contribuiría en la lucha contra la corrupción, suponiendo que a punta de decretos del Gobierno central “no penetrarán las manos de los avivatos”.
En cambio, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) calificó la expedición del nuevo decreto como “un triunfo histórico en la lucha contra la corrupción, por la cual ha trabajado el gremio de la infraestructura durante los últimos diez años”.
Lea también: Seis consorcios presentaron propuestas en la licitación del proyecto de la cordillera central
El presidente del gremio, Juan Martín Caicedo, aseguró que el decreto “parte en dos la historia de la contratación y acabará con las mafias que la permean y afectan”. Incluso resaltó como un beneficio económico el ahorro en contratación de asesores para elaborar los pliegos. “El pliego tipo les garantiza a las empresas el acceso efectivo a las compras públicas, por cuanto se elimina una barrera”, dijo.
Con respecto a los argumentos de la demanda, que se espera se resuelva de aquí a mayo, cree que se trata de una falacia, “lo único que estamos estandarizando son las condiciones de los procesos licitatorios, para que no las manipulen”, señaló. “La corte es sabia; no se va a equivocar, porque la autonomía tiene unos límites cuando se compromete el interés del país”, concluyó.
Carlos Camargo, director de la Federación Nacional de Departamentos, también cree que el decreto representa un avance significativo en el empeño del Gobierno Nacional para darle mayor transparencia a la contratación de obras de infraestructura del transporte.
“Los pliegos tipo son un instrumento de gestión contractual que benefician ineludiblemente el interés general, dado que estandarizan las condiciones objetivas de participación y de elección de los contratistas de obras y pretenden alcanzar ventajas competitivas para el sector privado y público”, dijo.
Camargo garantizó que los gobernadores apoyan la iniciativa, que es “revolucionaria en materia contractual” y participarán en su implementación. Y aprovechó para sugerir que se tengan en cuenta las condiciones y realidades de las regiones a la hora de expedir los documentos, “con el ánimo de promover el empleo, el crecimiento económico y el apoyo a la mano obra local”.
Excepcionalmente algunas entidades ya venían usando los pliegos tipo voluntariamente. Es famosa la experiencia del Instituto Nacional de Vías (Invías) que entre 2011 y 2018 contrató $9 billones bajo esta figura.
También destaca el caso de la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter), que desde hace cinco años implementa los pliegos tipo en su contratación y que, asegura, le han permitido “profundizar un ejercicio de transparencia en la adjudicación a través de esquemas aleatorios y efectivos que permiten blindar el proceso”, lo que se traduce en un promedio de 17 empresas participando por convocatoria.
Los mayores problemas de contratación, de acuerdo con la CCI, están en las regiones, donde son especialmente susceptibles a prácticas corruptas. Allí, más del 80 % de los procesos quedan en manos de un único oferente; una tendencia que se espera disminuya en el futuro cuando los pliegos tipo se extiendan a otro tipo de obras.