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La basura no es solo un asunto de bolsas y camiones. Una propuesta de la Comisión de Regulación de Gas y Saneamiento Básico (CRA) busca redefinir cuánto y cómo se pega por el servicio de aseo en Colombia. El cambio, que regirá los próximos diez años, cubriría a 262 municipios y 63 % de la población nacional —más de 33 millones de personas—.
Pero el gremio Andesco advierte que la discusión va demasiado rápido para un tema que puede ajustar la calidad del servicio, el empleo en el sector y la formalización de recicladores.
Más allá de los contenidos, Andesco reclama por el proceso, pues la CRA abrió solo tres meses de discusión, mientras que la regulación anterior tardó dos años en construirse (2013–2015).
“Hoy debemos hablar desde la técnica y la seriedad frente al marco tarifario más importante que tiene Colombia. Esta decisión nos va a impactar por los próximos 10 años, debemos aprovechar este espacio para hablar de los impactos y construir desde la diferencia”, dijo Camilo Sánchez, presidente de la asociación.
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¿Qué cambia con la propuesta?
La CRA plantea un nuevo marco tarifario (es decir, el conjunto de reglas que determina qué costos se reconocen y cómo se cobra a los usuarios). Según Andesco, hay varios puntos críticos:
- Reducción del 30 % en la remuneración de actividades básicas como el barrido manual de calles. Esto obligaría a los municipios a cubrir con presupuesto propio lo que quede por fuera.
- Empleo en riesgo. El aseo es un sector intensivo en mano de obra poco calificada. Si la norma prioriza el barrido mecánico, más de 57.000 puestos podrían verse amenazados, advierte el gremio.
- Costos laborales. No está claro si el nuevo esquema reconoce el impacto de la reducción de la jornada laboral y de la reciente reforma laboral.
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El reciclaje, en el centro
Uno de los puntos positivos señalados por Andesco es que la propuesta abre espacio para avanzar en economía circular y formalización de recicladores de oficio. Hoy, de 119.000 recicladores, apenas 11.000 tiene empleo formal.
El gremio pide que la tarifa remunere de manera efectiva el trabajo de quienes recuperan materiales, y que el dinero transferido realmente se traduzca en mejoras de calidad de vida.
El regulador insiste en que la reforma permitirá ciudades más limpias y resilientes. El gremio, por su parte, pide freno y mayor debate.
Entre la premura de la CRA y las advertencias del sector, el tiempo —otra vez— se vuelve el factor decisivo a un año del cambio de Gobierno.
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