Las críticas de los gremios a la firma del POT de Bogotá

La alcaldesa Claudia López señaló que después de elecciones se reglamentarán las nuevas localidades y políticas, como la de moradores y el plan maestro de la Región Metropolitana. / Gustavo Torrijos

Foto: Getty Images/iStockphoto - GUSTAVO TORRIJOS

El plan de ordenamiento territorial (POT) es un instrumento territorial y de uso del suelo que define los lineamientos de cómo y dónde crecerá Bogotá en los próximos 12 años. En el documento se pueden encontrar desde las nuevas vías demarcadas y rutas de sistemas de transporte, hasta las condiciones y lugares donde se podrán construir viviendas, colegios, parques y hospitales.

Le puede interesar: POT de Bogotá: lo que debe saber del plan aprobado

La sesión para tumbar el POT no se pudo realizar debido a la aparición de una nueva recusación (entre las muchas que se presentaron en el proceso), por lo que quedó en manos de la alcaldesa Claudia López definir su aprobación por decreto. Pese a que el cabildo y varios gremios pidieron volver a tramitar el POT con los cambios propuestos en los últimos tres meses, este 29 de diciembre el plan fue aprobado por decreto.

La mandataria resaltó la necesidad de actualizar la norma e insistió en que se garantizó el debido proceso antes de firmarlo; sin embargo, se abrió una polémica respecto a la legitimidad de un POT aprobado en esas condiciones.

La decisión no cayó bien entre algunos políticos, ni siquiera entre los más allegados a la alcaldesa, los miembros de Alianza Verde. Desde allí, el concejal Diego Cancino dijo que “es ilegítimo, no reconoce las voces de la gente, pasa por encima del Concejo de Bogotá y no reconoce la posibilidad de construir el próximo año un POT de manera colectiva”. (Lea: Desde Concejo y Congreso: el mundo político reacciona a firma del POT de Bogotá)

La respuestas de los gremios tampoco se hicieron esperar. El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, dijo que la decisión más importante en muchos años para Bogotá pudo haberse tomado en otro momento y lamentó que a pesar de las solicitudes la alcaldesa decidiera aprobarlo por decreto.

“Desafortunadamente el Concejo de Bogotá no tuvo las capacidades ni la altura de debate para dar una discusión profunda que hubiera podido ser concertada entre ciudadanos, actores políticos, económicos, sociales y la administración del Distrito”, aseguró. Además, dijo que cuando se vencieron los términos le propusieron a la administración considerar la posibilidad de implementar un mecanismo participativo que permitiera construir consensos.

Para Mac Master, si bien la decisión de la Claudia López es posible jurídicamente, desde el punto de vista social habría sido mucho mejor poder concertar. Con el decreto —para el presidente— se perdió la oportunidad de oír a las comunidades y a los agentes: “no estoy de acuerdo con la decisión que se tomó a dos días de terminar el año que, por supuesto, es un momento álgido desde el punto de vista de decisiones jurídicas y políticas, pero también es un momento en el que la mayoría de la gente no está atenta a lo que está sucediendo en termino de las decisiones administrativas”.

Por su parte, Alejandro Callejas, gerente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) capitulo Bogotá-Cundinamarca, señaló que el POT tiene grandes irregularidades, errores y contradicciones.

En una entrevista con W Radio, Callejas afirmó que con este plan no se pueden hacer viviendas de una sola habitación, pues “se definieron áreas mínimas de vivienda, con unos problemas importantes para la ciudad, se multiplicaron las cargas, se establecieron perfiles viales muy distintos a lo que está necesitando hoy Bogotá. Es una propuesta a la que no le encontramos sentido ni sustento técnico”.

Le puede interesar: Las incertidumbres tras la aprobación del POT por decreto en Bogotá

En esa misma línea, dijo que el consenso ciudadano apuntaba a la necesidad de tener un POT mejor estructurado y sustentado técnicamente “y no este documento que desde el principio la administración reconocía que tenía muchos errores, vicios y contradicciones”. Y agregó que el gremio tampoco quiere “viviendas de lata”, pero sí pretende incentivar la vivienda formal, recordando que más del 70 % de la vivienda social que se produce en Bogotá mide entre 42 y 35 metros cuadrados.