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La Corte Constitucional, la industria extractiva y el Gobierno han sido los tres protagonistas de un debate que ha crecido en las últimas horas. Este se origina en torno a un fallo de la primera que termina afectando al último.
El tema de fondo son las regalías, es decir, el dinero que recibe el Estado como contraprestación por la explotación de los recursos naturales no renovables. En otras palabras, el oro, níquel, carbón y otros elementos que se se encuentran en el subsuelo del país son propiedad de los colombianos, y quienes deseen explotarlos deben pagar cierto porcentaje de su comercialización al Gobierno, quien se encarga de redirigir estos en dineros para financiar programas que benefician a la población.
Con la aprobación de la más reciente reforma tributaria el Congreso de la República dio luz verde para que las empresas de la industria extractiva no dedujeran las regalías de la base de su tributación. En otras palabras, antes de la reforma estos ingresos se descontaban de lo declarado para pagar impuestos y con la reforma pasaron a hacer parte de esa contabilidad.
Con esto, las proyecciones apuntaban a que el Gobierno tendría un ingreso cercano a los $5 billones entre este año y el siguiente, dinero que habría sido tenido en cuenta en la planificación del presupuesto para la próxima vigencia.
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El caso es que la medida fue demandada por considerarse contraria a lo que establece la Constitución, y recientemente la Corte falló a favor de las empresas extractivas, tumbando así lo que el Congreso había aprobado.
Esta decisión generó una reacción en el presidente Gustavo Petro, quien desde su cuenta de X manifestó que:
“Mi deber como colombiano en un país al que siempre lo han estafado en la venta de sus materias primas energéticas es decir lo que significa las regalías. Las regalías no son un costo del empresario de petróleo. El petróleo es propiedad del pueblo colombiano. Cuando el Estado concede explotarlo a un particular, el Estado se queda con una parte, precisamente porque el bien explotable es propiedad del pueblo: el petróleo. Cuando la Corte vuelve el derecho del pueblo una deducción del impuesto de renta del particular, le regala impuestos a gente muy poderosa económicamente y produce una profunda injusticia social; vuelve inocuo el derecho del pueblo a su propiedad. Es una verdadera expropiación de un bien nacional que se convierte de facto en un bien particular, y no de cualquier particular: los particulares más poderosos del mundo.
Un verdadero retroceso hacia el fortalecimiento de la economía fósil, de la que la humanidad debe escapar para sobrevivir, y un debilitamiento del estado para hacer la transición energética”, concluye el presidente.
Otro de los que criticó la decisión de la Corte fue el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, quien por cierto fue quien dio forma a la reforma tributaria que aprobó el Congreso.
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Sobre este caso, Ocampo dijo: “respeto pero no comparto la decisión de la Corte Constitucional de permitir la deducibilidad de las regalías en el impuesto de renta. Las regalías no son un costo de producción sino la participación del Estado en las utilidades que se generan al explotar un recurso natural. Es decir, son equivalentes a un dividendo, que no es deducible como costo en el impuesto de renta.
Como resultado de esta decisión, el gobierno tendrá que hacer los ajustes correspondientes en el presupuesto general de la nación”.
Pero también está la opinión de las empresas inmersas en la industria extractiva, para quienes la Corte hizo justicia al apegarse a lo que está establecido en la Constitución.
En entrevista con Blu el presidente de la Asociación Colombiana de Minería, Juan Camilo Nariño explicó que las regalías sí se tiene que deducir porque son dineros que no pertenecen a las empresas, sino al Estado. De allí que considera injusto que se tenga que tributar por un ingreso que no le pertenece y que tampoco constituye ni aumenta su patrimonio.
Según este directivo, lo que hizo la Corte fue “corregir las inequidades que generaba la reforma tributaria, así como la vulneración de unos principios consagrados en la Constitución, como lo son el de la equidad y la igualdad”.
Como lo explica, el principio de la justicia tributaria establece que los tributos no pueden exceder la capacidad contributiva de las compañías o personas. “La no deducibilidad de las regalías ponía la tasa de tributación de las compañías mineras, en particular la del carbón, en un 142 %, lo cual es considerable si se compara con el 81 % que se tributaba antes de la reforma”, detalla.
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La pregunta clave en este momento es de dónde van a salir los recursos para tapar ese hueco en las cuentas del Gobierno, quien ya contaba con esos cerca de $5 billones al año por cuenta de la no deducibilidad de las regalías.
Si se mira el presupuesto del próximo año, el total de recaudo esperado para 2023 y 2024 de la medida que tumbó la Corte equivale al presupuesto de los sectores de ambiente y presidencia combinados.
Esto no quiere decir que los recursos saldrán de la desfinanciación de estos renglones, pero sirve para hacerse una idea más cercana del tamaño del nuevo hueco en la contabilidad de la administración Petro.
Para ajustar las cuentas a la nueva realidad económica que plantea esta decisión de la Corte, el presidente Petro solicitó a su cartera de Hacienda recortar el presupuesto asignado a las tres ramas del poder público.
Para Nariño, no es que la industria que representa vaya a dejar de contribuir y así enriquecerse más con los recursos que pertenecen a la nación, pues recuerda que en un año la minería aporta $15,9 billones correspondientes al impuesto de renta y el aporte en regalías.
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