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Las soluciones del Gobierno para los arroceros y las preguntas que quedan

Mientras el Gobierno diseña reformas sectoriales para el próximo año, los agricultores afectados por el invierno esperan alivios financieros y soluciones para no tener que dejar de sembrar.

Imagen de referencia.
Foto: CSIC/EFE - César Hernández Regal/CSIC
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Después de las inundaciones de julio, Judy Herrera salió con sus vecinos a arreglar las vías terciarias en Nechí (Casanare). “Tenía la ilusión de sacar el arroz que estaba próximo a recogerse. Pero cuando bajó el agua, muchos nos dimos cuenta de que no había cosecha y para los que quedaron con una parte, los rendimientos fueron menores”, recuerda.

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De las 140 hectáreas que sembró, no le quedó nada. Ahora las deudas que tiene suman COP 700 millones. “Creo que muchos de nosotros no iremos a sembrar el próximo año porque no tenemos con qué”, expresa la arrocera.

Los reportes oficiales establecen que los productores acumulan obligaciones por COP 470.000 millones con la industria molinera. Más de 13.000 hectáreas de arroz fueron afectadas por las inundaciones de mitad de año en Casanare, que representó el 54,8 % del área arrocera nacional durante el primer semestre de 2026, según el Ministerio de Agricultura.

Aunque los problemas para el sector llegaron antes que las dificultades del clima. El mismo Gobierno reconoce que entre febrero y julio de 2026, el arroz paddy verde se comercializó en Yopal a un promedio de COP 1.264.000 por tonelada, uno de los precios más bajos entre las principales plazas de referencia y por debajo de los costos de producción de numerosos agricultores.

La situación de los arroceros es crítica y estructural. Desde el año pasado los productores alertan de los bajos precios de compra, el alza de los insumos y costos de producción, las importaciones que llegan a precios más bajos y el contrabando.

En 2025 la situación llevó a que muchos agricultores salieran dos veces a tomar las vías para protestar y pedirle soluciones al Gobierno. Esta es una alternativa que ya comienza a sonar entre algunos arroceros que sienten que se están quedando sin más opciones para ser escuchados y recibir la ayuda del Estado.

Lea: Rentabilidad del arroz y el recurso parafiscal: las tensiones de Minagricultura y Fedearroz.

El futuro de los arroceros en el país

Los retos de los arroceros son muchos y la situación es delicada, de acuerdo con Óscar Gutiérrez, director de Dignidad Agropecuaria Nacional.

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Es en este contexto, el Ministerio de Agricultura lanzó esta semana el Modelo de Ordenamiento Productivo para el sector arrocero colombiano, que comenzará su ejecución durante el primer semestre de 2027.

El Consejo Nacional del Arroz adoptó un modelo fundamentado en cuatro pilares estratégicos. Aunque no se trata de soluciones novedosas, para algunos productores, busca fortalecer la sostenibilidad económica de la cadena, mejorar la planificación de la producción, estabilizar los mercados y proteger los ingresos de los arroceros del país.

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El primer componente es el de ordenar la oferta. Consiste en planificar la producción para que haya un mayor equilibrio entre oferta y demanda, “mediante la zonificación de siembras por departamento, la definición de áreas de cultivo de referencia y la realización de un Censo Arrocero Nacional”, dice el Ministerio.

Sobre este punto, Gutiérrez cuestiona si se tendrá en cuenta el asunto del mercado exterior porque representa una parte de la oferta que se pretende ordenar. “Hay que ver a quiénes les van a decir que no pueden sembrar porque tienen que dejarle cupo a las importaciones y al contrabando. Ahí hay un lío en el ordenamiento", asegura.

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Este es un asunto clave sobre el que se quejan constantemente los productores. De hecho, en varias ocasiones han solicitado que se cierren las fronteras terrestres para evitar el contrabando del grano y que solo se reciba en puertos, aunque vengan de países vecinos. Dicha medida estuvo vigente durante las tensiones comerciales con Ecuador, pero se retiró al superarse la coyuntura.

Respecto al contrabando, desde el Gobierno aseguran que van a fortalecer las acciones de lucha contra él y que “se revisarán aquellas prácticas comerciales que puedan afectar la libre competencia y la transparencia de la cadena”. Aunque no se explica cómo.

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La dificultad con las importaciones es que llega más producto a bajos precios, más ahora que ha caído la tasa de cambio. Desde el Instituto de Estudios Interculturales de la U. Javeriana en Cali resaltan que el costo de producción en Colombia ronda los 254 dólares por tonelada, que es un 34 % superior al de Estados Unidos y un 30 % superior al de países vecinos como Perú.

Protección del mercado y la producción

Por la misma línea de las importaciones, la propuesta del Gobierno es proteger el mercado con la promoción de una administración responsable de los contingentes, de acuerdo con las condiciones del mercado nacional. Se trata de la cantidad de arroz que puede ingresar al país como parte del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.

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Otra estrategia es la de impulsar “la creación de un Mecanismo Nacional de Formación de Precios del Arroz, basado en información verificable sobre costos de producción, inventarios, oferta disponible, demanda y comercio exterior, con el fin de generar mayor transparencia, previsibilidad y confianza para todos los actores del sector”, según el Minagricultura.

Desde Dignidad Agropecuaria Nacional lo que piden es que haya un precio piso, pero lo que inquieta es que se tenga en cuenta el comercio exterior como una variable, ya que el precio internacional del grano es un factor que no se puede controlar.

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Además, Gutiérrez considera que se debe tener en cuenta la rentabilidad del productor porque no basta con no producir a pérdidas. “En esta cadena tienen que ganar todos los actores, en las condiciones del mercado nacional”, agrega.

El tercer punto es la protección del productor con instrumentos que permitan enfrentar de manera “más eficaz” los riesgos climáticos y las fluctuaciones del mercado. Entre las medidas priorizadas se encuentran las pólizas colectivas de aseguramiento, los mecanismos de cobertura de precios y la estructuración de un Fondo de Estabilización de Precios.

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La duda que despierta dicho pilar es que no se sabe de dónde saldrán los recursos y tampoco se conocen los detalles de cómo van a operar los mecanismos.

No hay una alternativa a la estacionalidad de la producción. Al depender de las lluvias, las cosechas salen en periodos cortos de tiempo, lo que satura a los molinos y deprime el precio de compra. Con la dificultad extra de que el arroz tiene entre 24 y 48 horas para ser procesado porque, de lo contrario, se puede pudrir, en palabras de Gutiérrez.

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Un arroz más competitivo

Dar acceso a financiamiento especializado para la integración agroindustrial es otra de las medidas del Ministerio. Así como fortalecer la “disponibilidad de semillas certificadas y materiales tecnológicos que permitan incrementar la productividad y competitividad del cultivo”.

El asunto de las semillas despierta dudas entre los productores porque se excluye las que organiza el mismo arrocero y que le ayuda a ahorrar lo que vale dicho insumo. En teoría, usarlas significa más productividad, “pero no siempre es así y los productores ya saben cuáles les sirven y los resultados que pueden tener”, expresa Gutiérrez.

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También queda la pregunta de quién se beneficia con la “obligatoriedad” en el uso de las semillas certificadas y de si su producción es suficiente como para cubrir toda la siembra o si habría que importarlas y a qué costo.

Finalmente, “el ministro decía que no somos competitivos, pero no somos nosotros. Se nos sale del contexto. No manejamos precios de compra que a veces ni cubren los costos de producción, nadie regula el precio de los insumos, tenemos problemas con las importaciones y el contrabando que no lo han parado”, resume la arrocera Herrera.

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Antes del plan de 2027

La productora está de acuerdo con muchas de las medidas que propone el Gobierno. Lo que le preocupa es que llegarán el próximo año, cuando ella, y los demás productores del Casanare, necesitan soluciones urgentes para poder sembrar en 2027.

El ministro Indalecio Dangond solicitó una serie de ayudas a comienzo de octubre y, según Herrera, todavía no han llegado. Los anuncios del jefe de la cartera apuntan a: reperfilar los créditos de los afectados, suspender temporalmente los procesos de cobro jurídico, ejecutivos y embargos, evitar intereses de mora y sanciones, facilitar acuerdos de pago viables, ampliar los plazos de las obligaciones con molinos y agrocomercios y proveedores de insumos.

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“Necesitamos recursos del Estado que nos saque de la quiebra. Si el país quiere que sigamos produciendo alimentos, necesitamos poder ir pagando lo que debemos y retomar la siembra. No necesitamos que nos regalen nada, pero sí que nos ayuden”, concluye Herrera.

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