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Recientemente la Superintendencia Financiera hizo de conocimiento público la prohibición a la sociedad Calcapital S.A.S. de captar o recaudar dineros del público sin autorización.
Calcapital S.A.S. es una compañía que se ofrece al público como un agente de actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados. Su sede está en la ciudad de Duitama (Boyacá) y su representante legal es Javier Alexander Calderón Gil.
El ente de control estableció que esta sociedad suscribió al menos 89 contratos entre 2020 y 2022 con 73 personas, por un valor de $1.878.500.000, bajo las modalidades de “constitución de anticresis de un apartamento” (el dueño de un inmueble permite que las ganancias que genera por su arrendamiento sean exclusivas para el pago de una obligación con un acreedor) e “inversión de capital” (entrega de dineros con la promesa de recibir ganancias a cambio).
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“La medida, adoptada mediante la Resolución 1965 del 29 de diciembre del 2022, ordenó además realizar de forma inmediata la devolución de los recursos que fueron captados de manera ilegal e imposibilita a la mencionada sociedad y a su representante legal para realizar operaciones de captación o recaudo no autorizado de dineros del público en forma masiva y mediante cualquier modalidad, ya sea directamente o por medio de otras personas naturales o jurídicas”, detalló la superintendencia.
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Con las personas que firmaron un contrato de anticresis, la sociedad se comprometió a devolver, al vencimiento del contrato, la suma inicialmente recibida de cada uno de ellos. Con quienes celebró un contrato de inversión de capital se comprometió a dar intereses del 4,2 % mensual durante el tiempo de duración del contrato, los cuales se pagarían de forma independiente a los resultados de las actividades de construcción inmobiliaria.
“La SFC remitió copia de la medida a otras autoridades, entre ellas la Superintendencia de Sociedades, para la correspondiente intervención y a la Fiscalía General de la Nación con el fin de que se adelanten las investigaciones en materia penal”, concluyó.
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