Los (des)amores entre la Constitución del 91 y el movimiento estudiantil

Es 1990 y bajo las circunstancias del país, parece que sólo el movimiento estudiantil (ME) podía impulsar un nuevo contrato social. Sus integrantes iniciaron la adolescencia siendo testigos del presidencialismo excesivo del Estatuto de Seguridad de Turbay y vieron la creciente influencia y violencia de los carteles de la cocaína. Tenían entre 15 y 20 años cuando ocurrió la trágica toma y retoma del Palacio de Justicia, seguida por el barro que silenció a Armero. Esos adolescentes ejercieron el voto por primera vez entre procesos de paz y lágrimas por los candidatos presidenciales asesinados. Alzando su voz en contra de esta demencia, jóvenes de diferentes universidades decidieron unirse. Su movimiento, “La Séptima Papeleta”, hizo uso de la democracia e impulsó la convocatoria de una Asamblea General Constituyente, que luego daría paso a la Constitución Política de Colombia de 1991.

lea también: Treinta años de igualdad constitucional entre mujeres y hombres

Esta Constitución fortaleció el talante pacífico, democrático y progresista del ME. Por ejemplo, su artículo 37 legitimó el derecho a la protesta: “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”. Un avance significativo para la democracia del país, pues la constitución de 1886 amparaba la disolución de toda reunión que obstruyera las vías y que el poder ejecutivo tuviese amplio margen cuando se declaraba “Estado de Sitio”, lo que derivó en abusos de poder y violación de los Derechos Humanos. De este arreglo institucional, los estudiantes también fueron víctimas. La masacre del 26 de febrero de 1971 lo demuestra.

Pese a los aires de esperanza y el papel protagónico del estudiantado, otras transformaciones que vinieron con la nueva Constitución generaron tensión con el ME. Quienes pertenecemos a la academia sabemos que sin educación no hay estudiantes y sin estudiantes tampoco hay educación. Por ello la Ley 30 de 1992, sobre la educación superior, ha sido constante objeto de crítica por parte del ME, especialmente por el financiamiento. En su artículo 86, se especifica que el gobierno entregará a las universidades públicas un monto de recursos que cada año deben aumentar en un porcentaje mayor o igual al de la inflación. Sin embargo, esta disposición se ha incumplido varios años (2001, 2004, 2005 y 2008). Esta es una de las razones por las que la educación superior pública no ha completado el salto cualitativo que el nuevo siglo demanda y que reclaman más de un millón de familias que, cada semestre y en todo el país, cifran allí sus esperanzas.

Alguien ajeno a la universidad podría pensar que esta reivindicación estudiantil es egoísta. Generalmente, una mejor educación permite una mejor inserción laboral, un horizonte profesional más prometedor y una mejor calidad de vida. Pero estos beneficios individuales también tienen amplios efectos en la sociedad. Cuando la población de un país es más educada, la productividad laboral aumenta y la innovación prospera, lo que se traduce en un mayor crecimiento económico. Los estudiantes entienden que los alcances de sus aspiraciones van más allá del ámbito educativo, y comprenden que sus efectos trascienden a su generación e impactan el desarrollo económico y social del país. Por ello es lamentable que durante la primera década del nuevo milenio se haya ejercido una férrea represión sobre el ME. Aunque esto disminuyó su activismo, también favoreció su recomposición y convergencia, además de ganar apoyo de otros movimientos sociales.

En 2011, el Gobierno presentó un proyecto de reforma de la Ley 30 que abría la puerta a instituciones universitarias de carácter mixto y ataba los recursos públicos asignados al crecimiento económico, en contra de la autonomía universitaria y en favor de su privatización. Ejerciendo el derecho constitucional a la protesta, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) reunió a las principales organizaciones estudiantiles del país y celebraron más de 900 movilizaciones en las que se sumaron más de 3 millones de personas para rechazar la reforma. Después de tres meses de manifestaciones, el ME junto con otros sectores sociales, lograron que el gobierno retirara el proyecto.

Pese a la aparente victoria del ME, el déficit presupuestal sigue amenazando a la educación superior pública. Frente a un faltante de $18,2 billones, los estudiantes de 32 universidades públicas y de más de 15 universidades privadas convocaron el paro nacional estudiantil del 10 de octubre de 2018, exigiendo más presupuesto, el pago de la deuda y la revisión de las condiciones de endeudamiento con el ICETEX. El dilatado pulso de los siguientes dos meses logró comprometer al gobierno de añadir en los siguientes cuatro años recursos por $5,8 billones, dirigidos a la educación superior pública y a la investigación.

Esta historia muestra que el colectivo estudiantil ha querido conectar la visión crítica de la academia con las problemáticas del país. Cuando el colectivo se organiza como movimiento se convierte en un actor sociopolítico. Un actor progresista que busca hacer evolucionar las instituciones, no acabarlas; que pretende el fortalecimiento del Estado de derecho, no su suplantación autoritaria; que defiende la educación como derecho fundamental y no como privilegio condicionado a la capacidad económica.

Por ello es repudiable tanto su estigmatización como su instrumentalización. Estigmatización por parte de quienes insisten en reprimirlos, callarlos con un lapidario “estudien vagos” y desean emplazar el ejercicio de un derecho constitucional a un “protestódromo”. Instrumentalización por grupos armados, que utilizan a estudiantes para impulsar agendas que nada tienen que ver con el anhelo legítimo del ME, como lo es una educación accesible, pertinente y de calidad.

Colombia necesita hoy un movimiento estudiantil cohesionado, que rompa las distancias entre universidades públicas y privadas, que nos ponga en sintonía con los tiempos que vivimos, que con su ejemplo nos haga abandonar los modales de la barbarie. Allí anclamos la esperanza, porque lo mejor del país, y de la universidad, son sus estudiantes.

* Investigador del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la U. Nacional.

** Estudiante de Economía, U. Nacional.

Es 1990 y bajo las circunstancias del país, parece que sólo el movimiento estudiantil (ME) podía impulsar un nuevo contrato social. Sus integrantes iniciaron la adolescencia siendo testigos del presidencialismo excesivo del Estatuto de Seguridad de Turbay y vieron la creciente influencia y violencia de los carteles de la cocaína. Tenían entre 15 y 20 años cuando ocurrió la trágica toma y retoma del Palacio de Justicia, seguida por el barro que silenció a Armero. Esos adolescentes ejercieron el voto por primera vez entre procesos de paz y lágrimas por los candidatos presidenciales asesinados. Alzando su voz en contra de esta demencia, jóvenes de diferentes universidades decidieron unirse. Su movimiento, “La Séptima Papeleta”, hizo uso de la democracia e impulsó la convocatoria de una Asamblea General Constituyente, que luego daría paso a la Constitución Política de Colombia de 1991.

lea también: Treinta años de igualdad constitucional entre mujeres y hombres

Esta Constitución fortaleció el talante pacífico, democrático y progresista del ME. Por ejemplo, su artículo 37 legitimó el derecho a la protesta: “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”. Un avance significativo para la democracia del país, pues la constitución de 1886 amparaba la disolución de toda reunión que obstruyera las vías y que el poder ejecutivo tuviese amplio margen cuando se declaraba “Estado de Sitio”, lo que derivó en abusos de poder y violación de los Derechos Humanos. De este arreglo institucional, los estudiantes también fueron víctimas. La masacre del 26 de febrero de 1971 lo demuestra.

Pese a los aires de esperanza y el papel protagónico del estudiantado, otras transformaciones que vinieron con la nueva Constitución generaron tensión con el ME. Quienes pertenecemos a la academia sabemos que sin educación no hay estudiantes y sin estudiantes tampoco hay educación. Por ello la Ley 30 de 1992, sobre la educación superior, ha sido constante objeto de crítica por parte del ME, especialmente por el financiamiento. En su artículo 86, se especifica que el gobierno entregará a las universidades públicas un monto de recursos que cada año deben aumentar en un porcentaje mayor o igual al de la inflación. Sin embargo, esta disposición se ha incumplido varios años (2001, 2004, 2005 y 2008). Esta es una de las razones por las que la educación superior pública no ha completado el salto cualitativo que el nuevo siglo demanda y que reclaman más de un millón de familias que, cada semestre y en todo el país, cifran allí sus esperanzas.

Alguien ajeno a la universidad podría pensar que esta reivindicación estudiantil es egoísta. Generalmente, una mejor educación permite una mejor inserción laboral, un horizonte profesional más prometedor y una mejor calidad de vida. Pero estos beneficios individuales también tienen amplios efectos en la sociedad. Cuando la población de un país es más educada, la productividad laboral aumenta y la innovación prospera, lo que se traduce en un mayor crecimiento económico. Los estudiantes entienden que los alcances de sus aspiraciones van más allá del ámbito educativo, y comprenden que sus efectos trascienden a su generación e impactan el desarrollo económico y social del país. Por ello es lamentable que durante la primera década del nuevo milenio se haya ejercido una férrea represión sobre el ME. Aunque esto disminuyó su activismo, también favoreció su recomposición y convergencia, además de ganar apoyo de otros movimientos sociales.

En 2011, el Gobierno presentó un proyecto de reforma de la Ley 30 que abría la puerta a instituciones universitarias de carácter mixto y ataba los recursos públicos asignados al crecimiento económico, en contra de la autonomía universitaria y en favor de su privatización. Ejerciendo el derecho constitucional a la protesta, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) reunió a las principales organizaciones estudiantiles del país y celebraron más de 900 movilizaciones en las que se sumaron más de 3 millones de personas para rechazar la reforma. Después de tres meses de manifestaciones, el ME junto con otros sectores sociales, lograron que el gobierno retirara el proyecto.

Pese a la aparente victoria del ME, el déficit presupuestal sigue amenazando a la educación superior pública. Frente a un faltante de $18,2 billones, los estudiantes de 32 universidades públicas y de más de 15 universidades privadas convocaron el paro nacional estudiantil del 10 de octubre de 2018, exigiendo más presupuesto, el pago de la deuda y la revisión de las condiciones de endeudamiento con el ICETEX. El dilatado pulso de los siguientes dos meses logró comprometer al gobierno de añadir en los siguientes cuatro años recursos por $5,8 billones, dirigidos a la educación superior pública y a la investigación.

Esta historia muestra que el colectivo estudiantil ha querido conectar la visión crítica de la academia con las problemáticas del país. Cuando el colectivo se organiza como movimiento se convierte en un actor sociopolítico. Un actor progresista que busca hacer evolucionar las instituciones, no acabarlas; que pretende el fortalecimiento del Estado de derecho, no su suplantación autoritaria; que defiende la educación como derecho fundamental y no como privilegio condicionado a la capacidad económica.

Por ello es repudiable tanto su estigmatización como su instrumentalización. Estigmatización por parte de quienes insisten en reprimirlos, callarlos con un lapidario “estudien vagos” y desean emplazar el ejercicio de un derecho constitucional a un “protestódromo”. Instrumentalización por grupos armados, que utilizan a estudiantes para impulsar agendas que nada tienen que ver con el anhelo legítimo del ME, como lo es una educación accesible, pertinente y de calidad.

Colombia necesita hoy un movimiento estudiantil cohesionado, que rompa las distancias entre universidades públicas y privadas, que nos ponga en sintonía con los tiempos que vivimos, que con su ejemplo nos haga abandonar los modales de la barbarie. Allí anclamos la esperanza, porque lo mejor del país, y de la universidad, son sus estudiantes.

* Investigador del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la U. Nacional.

** Estudiante de Economía, U. Nacional.