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La CCI hizo algunas precisiones y aclaraciones respecto a los recursos de los proyectos de cuarta y quinta generación en el país. Esto debido a que el presidente Gustavo Petro, en el último Consejo de Ministros, insinuó la posibilidad de usar dichos dineros para atender la emergencia sanitaria por el brote de fiebre amarilla.
Para empezar, la Cámara Colombiana de la Infraestructura sostiene que todos los proyectos de concesión, de 4G y 5G, están cumpliendo “cabalmente las actividades y obligaciones a su cargo”. Ninguno de ellos está incumplido.
¿Es posible usar el dinero para otra cosa?
Los recursos públicos de las obras se giran a las fiducias. De allí se deben sacar para pagar las obras que se han construido por los concesionarios y entregado a satisfacción del Estado.
“Las vigencias futuras están pagando la financiación de las obras garantizadas previamente con dineros aportados por el capital privado. Es evidente, y así lo puede comprobar una auditoría, que aquellas obras que no han podido culminar o que se encuentran paralizadas, presentan dicha situación por falta de decisión en instancias del Gobierno Nacional”, sostiene la CCI.
Como esa plata ya está en las fiducias, se encuentran ejecutados, por lo que jurídicamente “no es posible destinarlos a otros sectores o usos, como lo ha planteado el Gobierno”, recalca la Cámara.
¿Por qué hay obras sin finalizar?
La CCI reconoce que hay tres proyectos no se han podido iniciar o culminar. Se debe, según ellos, a razones ajenas a los concesionarios, relacionadas con licencias ambientales que no fueron otorgadas oportunamente por el Gobierno.
Un ejemplo es el del proyecto Perimetral Oriental de Bogotá y Bucaramanga–Pamplona, que puede liquidarse de mutuo acuerdo, liberando recursos de vigencias futuras que resulten disponibles después de aplicar las fórmulas de liquidación incluidas en los contratos.
En el caso de Mulaló–Loboguerrero, al que se refirió Petro en el consejo, se podría llegar a un acuerdo con el concesionario para garantizar los recursos que reconozcan los valores actuales de construcción del proyecto o acordar su liquidación.
“No es cierto que el concesionario le deba al Estado $1,8 billones”, de acuerdo con la CCI. Y añade que son recursos a la fecha no se han ejecutado y, por ende, el concesionario no tiene deuda alguna con el Estado, contrario a lo que había dicho Petro.
De hecho, la Sociedad Concesionaria Nueva Vía al Mar (Covimar) presentó un documento con el balance de las consignaciones que ha recibido por concepto de vigencias futuras para la financiación del proyecto Mulaló – Loboguerrero.
Covimar sostiene que los recursos están consignados en una fiducia y es el Estado el que tiene la potestad de los recursos, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
La Cámara enfatiza que esos dineros no se los puede gastar el concesionario libre y autónomamente, pues la decisión del uso es exclusiva del Gobierno.
Finalmente, la CCI “hace un llamado para que en este debate no se acuda a afirmaciones y señalamientos equivocados, que solo afectan la reputación y honra de unas empresas que le han cumplido a Colombia”.
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