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La Contraloría General de la República (CGR) le pide al Gobierno Nacional para que se revisen y apliquen bien los criterios y alcances de la emergencia económica, luego de revisar los 18 decretos emitidos en dicho marco.
Vale recordar que la medida se dio luego de que el frente frío azotara a varios departamentos de la costa Caribe a principios de año (además de zonas del Chocó y Antioquia, entre otras). Esto generó extensas inundaciones, que perjudicaron a 252.000 personas y resultaron destruidas más de 4.000 viviendas, de acuerdo con cifras de la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD).
Dado que por decisión del Gobierno Nacional se decretaron nuevos impuestos con los que se aspira a recaudar hasta COP 8,68 billones, considera la Contraloría que el Gobierno tiene la obligación legal de garantizar el recaudo adecuado y oportuno de estos recursos y su debida destinación para la atención de las afectaciones ocasionadas por la emergencia invernal.
Para ello, la CGR resalta la importancia de fortalecer la capacidad operativa de la DIAN y los mecanismos de control para el debido recaudo del impuesto al patrimonio y del impuesto aplicable a los juegos de suerte y azar operados por internet.
Además, el ente de control le pide que se apegue a los criterios definidos en la Ley 1523 de 2012, que creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD). Además, la CGR espera que el Gobierno les aporte a los ocho departamentos en emergencia los recursos que estos requieran.
Lea: Manual para entender cómo se está aplicando la emergencia económica por la ola invernal.
Las alertas sobre el dinero
En atención a que en algunos de los decretos emitidos se ordena la reorientación de recursos, la Contraloría sostiene que se podrían generar impactos en la financiación, ejecución y continuidad de programas y proyectos en curso.
Por eso insta al Gobierno a que dicha reorientación se realice con el debido rigor jurídico y técnico, estableciendo desde ya la forma y oportunidad en que serán reembolsados dichos recursos, a medida que se van recaudando los provenientes de los nuevos impuestos.
En lo que se refiere al traslado excepcional a la UNGRD, de recursos provenientes de fondos de entidades del sector eléctrico, con el propósito de financiar la recuperación de infraestructura eléctrica, la Contraloría invita a que se revise la decisión, toda vez que la UNGRD no tiene la capacidad para realizar obras tan específicas y complejas.
Considera la CGR que de nada sirve ampliar facultades de contratación y/o de gestión contractual, reorientar recursos y/o crear nuevos impuestos para adicionar recursos al Presupuesto General de la Nación, si antes las entidades responsables de su ejecución, las entidades no mejoran su gestión y capacidad de realizar las inversiones.
Respecto al Decreto 0177 de 2026 la entidad puso una alerta sobre adoptar decisiones unilaterales que modifiquen, sin el debido rigor técnico, la regla de operación de los embalses de las hidroeléctricas, puesto se podrían afectar los contratos de compraventa de energía y podría generar inseguridad jurídica y pérdida de confianza inversionista en un sector estratégico de la economía.
Otro punto importante es fortalecer los mecanismos de focalización, verificación y depuración de la información en la asignación de apoyos extraordinarios previstos en el Decreto 0245 de 2026, para prevenir riesgos de errores en la identificación de beneficiarios.
Las medidas de control y vigilancia
La Contraloría solicitará al Ministerio de Hacienda, a la UNGRD y a los demás Ministerios involucrados, los soportes que explican satisfactoriamente la necesidad de recaudar hasta COP 8,68 billones y la forma en que se decidió distribuirlos entre la UNGRD y los demás ministerios de los sectores afectados.
Esto con el fin de diseñar e implementar el plan de vigilancia y control fiscal del recaudo, destinación y uso de los recursos de esta Emergencia Económica, Social y Ecológica.
“El país está en mora de aplicar bien todos los mecanismos de prevención y atención de desastres que están incluidos en la Ley 1523 de 2012, partiendo de la premisa indispensable de que se debe trabajar pronta y activamente en la gestión del riesgo, la cual se compone de tres pilares fundamentales e interdependientes: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de los desastres”, finaliza la entidad.
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