Con una modificación a la ley de garantías y una mini reforma pensional fue aprobado este miércoles en las comisiones económicas conjuntas del Congreso el proyecto de Presupuesto General para 2022, aforado en $350,4 billones, que llevó el Gobierno del presidente Iván Duque al Congreso. La iniciativa contempla uno de los presupuestos más altos para inversión de los últimos años, con $32,8 billones.
El debate de los recursos para los gastos e ingresos del Gobierno empezó con un alud de impedimentos de los senadores y representantes a la Cámara. Luego se dieron a conocer varias ponencias, entre ellas algunas negativas de los grupos contradictores del gobierno. Como es costumbre, los opositores pidieron archivar el proyecto de Presupuesto y anunciaron votar negativamente la propuesta defendida por el Ejecutivo.
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Los 126 artículos del proyecto de ley se votaron en bloques. Primero se aprobaron 110 que no tenían proposiciones, incluido el 104, que permite el traslado exprés a Colpensiones.
Luego se aprobaron 11 artículos que tienen proposiciones sin aval del Ministerio de Hacienda, estos quedaron como constancia y se discutirán en plenaria. Después, se votaron una a una las tres proposiciones de modificación y eliminación (artículos 70, 78 y 108) de la senadora Aída Avella (sin el aval del Ministerio de Hacienda), ninguna fue aprobada y los artículos quedaron como estaban inicialmente en la ponencia.
La representante Katherine Miranda pidió eliminar la modificación a la ley de garantías, contemplada en el artículo 125, pero su propuesta fue negada. El Ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, aseguró en el Congreso que el artículo permitirá la reactivación económica y sostuvo que “no se está desmontando la ley de garantías”. Finalmente, se aprobó el artículo 126 que tenía proposición con aval del Gobierno.
Así las cosas, en el proyecto del Presupuesto General fueron incluidos varios artículos nuevos entre ellos el que autoriza la modificación a la ley de garantías y otro que permite el traslado de cotizantes para pensión de los fondos privados a la estatal Colpensiones. Esta iniciativa tendrá un impacto fiscal de $3,8 billones en las cuentas nacionales y espera impactar a unas 19.000 personas.
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La ponencia mayoritaria del proyecto señala que el monto propuesto de $350,4 billones “es el adecuado y se ha gestionado con seriedad, constituyendo un elemento importante para recuperar la calificación crediticia de las agencias internacionales”. Este Presupuesto es consistente con la reducción gradual del déficit fiscal y con las metas de recaudo adicional de ingresos contempladas en la reciente reforma tributaria (Ley de Inversión Social), dice el informe de ponencia. La cantidad propuesta representa un incremento de 5,3 % respecto al monto correspondiente aprobado para la actual vigencia.
De acuerdo con el Gobierno, el presupuesto garantiza la continuidad de programas sociales como Ingreso Solidario, que beneficia a unos cuatro millones de hogares; Familias en Acción (dos millones de hogares), Asistencia Primera Infancia, (1,7 millones de niños), Colombia Mayor, (1,7 millones de adultos mayores), compensación del IVA (dos millones de personas) y prevención, asistencia y reparación víctimas, con más de 440.000 beneficiarios colectivos e individuales.
El proyecto de presupuesto de inversión para el próximo año será superior a los $62,2 billones, de los cuales $52,3 billones se financiarán con recursos de la Nación y $9,9 billones con recursos propios de los establecimientos públicos nacionales.
Según lo contemplado en el proyecto aprobado en las comisiones económicas del Congreso, cerca de $32,8 billones van al gasto social en sectores como los de educación, salud, inclusión social, trabajo y vivienda.
También se les asignaron recursos a otros sectores para atender iniciativas sociales. Por ejemplo, el sector de Minas va a disponer de $1,01 billones adicionales, de esta cifra $779.000 millones se destinarán a los subsidios de energía y gas para beneficiar a usuarios de menores ingresos de estratos 1,2, y 3, así como beneficios para las familias residentes en las zonas de difícil gestión en el país.
Para el sector de Trabajo se reducen los beneficios en $1,5 billones por las menores transferencias programadas para financiar el pago de pensiones del Régimen de Prima Media (Colpensiones). Con corte al mes de agosto, el recaudo por el concepto de devoluciones de aportes superó el aforo programado por dicha entidad para la presente vigencia.
Igualmente, se presenta un comportamiento positivo en el recaudo por concepto de cotizaciones, lo que da evidencia de la recuperación de los ingresos de la entidad, algo que representa una menor presión para las finanzas de la Nación.
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Del servicio de la deuda se reducen $5,2 billones que se destinarán a atender las demandas de los diferentes sectores. Es decir, según el Gobierno, habrá mayores recursos para la inversión pública.
En cuanto a los recursos para gastos de funcionamiento, éstos pasan de $203,7 billones en 2021 a $210,1 billones en 2022, una cifra superior en 3,1 %. La inversión pública pasa de $58,6 billones en 2021 a $62,2 billones en 2022.
Sobre el polémico artículo que modifica la ley de garantías, el proyecto sostiene que “a partir de la publicación de la presente ley, suspéndase el inciso primero del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 y, en consecuencia, las entidades del orden nacional y las entidades territoriales podrán celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos”. Es el artículo 125. Lo que se busca modificando esta ley es reactivar la economía de las regiones. Vale la pena aclarar que ésta no es iniciativa del Gobierno, sino de origen parlamentario, dijo uno de los ponentes del proyecto.
“Considerando que el 98 % de los municipios del país están en sexta categoría y sus recursos escasamente alcanzan para de funcionamiento, toda la inversión en materia de infraestructura pública depende del apoyo que brinda la nación. No es cierto que vayamos a cambiar las condiciones”, defendió el senador Juan Felipe Lemus, del Partido de la U.
Desde el mismo Legislativo se ha advertido que la ley de garantías es una ley estatutaria y podría ser inconstitucional que las comisiones económicas la modifiquen.
Por otra parte, varios congresistas aseguraron que el Presupuesto General busca desfinanciar la paz. “Cuando se firmó el Acuerdo se acordó que más o menos la implementación tendría un costo de $126,5 billones, de esos, a través del presupuesto tendríamos que entregarle $46 billones (...) En 2017 se destinaron del Presupuesto Nacional $6,7 billones para la paz; en 2018, $5,33 billones. Entra el Gobierno de Duque y ese presupuesto baja a $3,1 billones, la mitad de lo que se había entregado en 2017. Para 2020, se destinan $1,31 billones para la paz; para 2021 ni siquiera un billón, $970.000 millones. Y para el año 2022, hay $780.000 millones”, dijo el senador Gustavo Bolívar.
Mini reforma pensional
El Presupuesto para 2022 contiene una mini reforma pensional al permitir el traslado de cotizantes entre sistemas. Durante la vigencia 2022 se va a permitir el traslado de afiliados del Régimen de Ahorro Individual (RAI) al Régimen de Prima Media (RPM), siempre que sean hombres mayores de 52 y mujeres que superen los 47 años cuando hayan cotizado como mínimo 750 semanas al Régimen de Prima Media (Colpensiones).
Esta era la propuesta de un proyecto de ley que se había radicado en la Cámara y que no gozaba con el visto bueno del Gobierno. El artículo en el Presupuesto sí está avalado por el Ejecutivo, debido a que la reducción de la vigencia implica también una baja en el costo de la propuesta.
Inicialmente, el Ministerio de Hacienda había asegurado que el costo del proyecto de ley que permitiría el cambio exprés de régimen pensional era de unos $35 billones. Esta propuesta buscaba autorizar el traslado exprés de cualquier persona con un mínimo de 750 semanas cotizadas.
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Por otra parte, el artículo consensuado entre el Gobierno y la comisión de ponentes sólo se permite el traslado a las personas que hayan cotizado 750 semanas, pero en el régimen de prima media. Esta propuesta no tiene un impacto fiscal tan significativo y resuelve la preocupación de muchos colombianos que cotizaron más de 750 semanas en el régimen público y que desean regresar a Colpensiones.
“La inclusión de este artículo en la elaboración de la ponencia tiene un costo fiscal de $3,8 billones para el Gobierno nacional”, dijo el viceministro técnico de Hacienda, Jesús Bejarano.
La propuesta incluida en el presupuesto establece que las prestaciones que se deriven de los riesgos de invalidez y muerte deberán ser reconocidas y pagadas por la entidad administradora ante la cual se hayan realizado efectivamente las cotizaciones a la fecha de ocurrencia de la muerte o estructuración de la invalidez.
Así mismo, el traslado de los recursos y de la información que corresponda deberá realizarse en los términos y condiciones que para el efecto establezca el Gobierno nacional.
Se había presentado un proyecto autorizando los traslados entre regímenes pensionales, pero fue rechazado por el Ministerio de Hacienda por tener un alto impacto para las finanzas públicas de $35 billones.