
La ley de rescate económico, que en la práctica es una reforma tributaria, ya no incluirá IVA de 19 % para la canasta básica, tampoco se elevará la tarifa para los agroinsumos ni para la medicina prepagada. La medida era tan impopular que podía frenar la iniciativa del Gobierno de Abelardo de la Espriella. Congresistas de todas las bancadas informaron que no apoyarían un proyecto que encarecía el desayuno, el almuerzo, la cena y el café de la tarde de los colombianos.
Por el hueco que genera en los ingresos de la Nación, varios analistas habían recomendado eliminar beneficios en el IVA (exenciones, exclusiones y la tarifa reducida de 5 %), siempre y cuando se protegiera a las personas vulnerables. Sin embargo, “EfectIVA”, el programa que proponía el Ejecutivo para devolver este tributo a los colombianos más vulnerables, no convenció al Congreso, entre otras cosas porque dependía de la factura electrónica, un instrumento que no está lo suficientemente extendido en el país. Pero ahora, que ya está por fuera de debate el elemento más polémico de todo el articulado, la discusión es de dónde van a salir los billones que se pretendían recaudar con la propuesta.
En este punto hay que hacer varias aclaraciones. La primera es que el Gobierno no prometió eliminar todos los ajustes en IVA, solamente dijo que ya no tocará tres categorías: canasta básica, como frutas, granos y sal; agroinsumos, que incluyen fertilizantes y maquinaria, y servicios de salud, donde entra la medicina prepagada. La segunda es que todavía no hay ponencia para primer debate en las comisiones económicas, este es un documento clave para entender cómo se reconfigura la tributaria.
¿Qué faltante deja la eliminación de llevar IVA de 19 % a varios productos de la canasta básica y con qué nuevas medidas se cubre? En el Congreso se habla de un hueco de cerca de COP 20 billones anuales por eliminar esas propuestas; para los analistas ha sido complejo definir la cifra porque en la propuesta inicial no se desagregaron los recaudos estimados por cada uno de los bienes y servicios. Pero lo más difícil es responder cómo llenar el faltante porque esa misma pregunta se está haciendo el Ejecutivo.
Aunque todavía no hay nada definitivo, esta semana Miguel Gómez, ministro de Hacienda, en la presentación del proyecto ante las comisiones económicas, ya informó algunos de los cambios que planea el Ejecutivo, mientras el Congreso está barajando opciones.
La razón del ajuste
La estrategia del Gobierno promete un ajuste fiscal de 4,7 % del PIB para 2030. El principal objetivo es estabilizar (que no bajar, por ahora) la deuda. En el escenario sin ajuste, para 2030 la deuda pública del gobierno nacional central ya superaría el 80 % del PIB, mientras con ajuste se ubicaría en 64,1 %.
Todas las declaraciones que hasta ahora ha hecho el ministro Gómez ante el Legislativo han incluido el mensaje de que Colombia debe tomar medidas para evitar una crisis fiscal. En la presentación de esta semana, el jefe de la cartera afirmó que si el Congreso y el Gobierno no actúan, el mercado hará el ajuste de forma brusca y desordenada: “En ese escenario, se cierra la financiación, la economía se frena y el gasto público tiene que ajustarse rápidamente al nivel de ingreso. Esa contracción abrupta de la economía produciría un aumento acelerado del desempleo, de más de medio millón de personas, bajaría el ingreso per cápita de los colombianos y aumentaría la pobreza”.
En un año normal, la economía colombiana le solicita a los mercados unos USD 5.000 millones, pero en 2027, si no hay ajuste, el país necesitaría pedir prestados USD 26.000 millones. “Es apenas obvio que el mercado no nos va a respaldar con una cifra de esas proporciones”, aclaró Gómez. Sin ajuste, y sin la plata suficiente vía préstamo, el gasto se tendrá que reducir de un frenazo. La cartera señaló que las crisis fiscales las pagan todos, pero las sufren especialmente los más vulnerables, que tienen menos herramientas para enfrentar la situación.
Los pilares de la ley fiscal
El primer pilar de la ley, según Hacienda, es la reducción del tamaño del Estado. Gómez explicó que el Gobierno buscará una reducción del gasto operativo en cerca de COP 8 billones anuales hasta 2030, y de la burocracia, con una disminución de 50 % en contratistas, para ahorrar COP 4 billones, y de 20 % en gasto de personal para ahorrar COP 11 billones (dicho recorte no tocaría la Fuerza Pública). El Gobierno propone la fusión y eliminación de entidades, la focalización de subsidios y el fortalecimiento de las fuentes de financiación para salud. El ministro también dijo que evalúan vender activos improductivos para reducir la deuda.
Desde el Legislativo, explicó el representante Óscar Darío Pérez (Centro Democrático), le solicitan al Gobierno apretarse más el cinturón para depender menos de los nuevos impuestos, entre otras cosas se ha planteado desmontar más rápido entidades y fondos que el país no necesita y revisar qué está pasando con la plata que está en fiducias y patrimonios autónomos. Varios partidos y analistas han señalado que el recorte de gasto debe ser mayor.
Del lado de los ingresos, ya no se modificará el IVA a las tres categorías explicadas al inicio, pero la tarifa sí subiría para lo demás que estaba en la lista, como los vehículos híbridos y eléctricos y las importaciones de menos de USD 200, entre otras cosas. El representante Pérez agregó que están evaluando, además, un arancel para productos que provienen de países con los que no tenemos Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, mercancías que vengan de China por plataformas como Shein y Temu.
Para ayudar a cubrir el faltante de no gravar con IVA de 19 % productos de la canasta básica, el Gobierno, según fuentes consultadas por este diario, ha puesto sobre la mesa incluir en el proyecto una sobretasa de renta para que quienes tienen altos ingresos (al parecer desde COP 7 millones mensuales, pero no está confirmada la cifra) paguen lo que no están aportando cortesía de las exenciones y exclusiones en el impuesto a las ventas.
Esta opción ya ha generado reacciones de los analistas a favor y en contra. Entre las principales críticas están los cuestionamientos a cómo se calcularía cuánto de IVA está dejando de pagar cada persona, considerando que la compra de alimentos, por ejemplo, se hace por hogar.
Aunque el ministro no se refirió a la posible sobretasa, sí anunció un piloto para avanzar tecnológicamente en el no cobro personalizado de IVA, básicamente, para que las personas de mayores ingresos no se beneficien de la tarifa reducida o de la exención.
En el nuevo escenario, Hacienda buscará que el Congreso apruebe la reducción de exenciones en el impuesto de renta de personas naturales y la expansión de contribuyentes (en la versión radicada, entrarían a pagar este impuesto personas que ganan COP 5 millones mensuales). Además, el Ejecutivo propone aumentar las tarifas del impuesto al carbono, pero también ampliar la base gravable (esto último es nuevo).
El proyecto radicado en el Congreso proponía bajar la tarifa de renta empresarial al 33 % en 2027 y al 31 % desde 2028, pero ante el menor recaudo estimado de la ley, ahora el Gobierno la mantendrá en 35 %. Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, dijo a este diario que la medida ayuda a compensar porque en el análisis inicial generaba un impacto de medio punto del PIB en 2030.
Eso sí, para impulsar la actividad económica, Gómez habló de reducir tributos que la frenan, como el impuesto a plásticos de un solo uso, modificar el impuesto al patrimonio y eliminar el piso de uso de beneficios tributarios para las empresas. El proyecto también incluye un nuevo régimen, llamado RUGE, para impulsar las grandes inversiones en el país con incentivos tributarios y aduaneros, incluyendo estabilidad tributaria por 16 años y tarifa reducida de renta.
La ley también busca mejorar la administración tributaria, controlando la evasión fiscal y la corrupción. Gómez planteó esta semana la posibilidad de vender una parte de la cartera de la DIAN para que agencias especializadas en cobro realicen, por lo menos, una recuperación parcial. Además, el Gobierno buscará endurecer los criterios para “perseguir” contrabandistas, corregir vacíos normativos que facilitan la elusión e impulsar alivios para contribuyentes en mora.
Hay muchos posibles caminos para conseguir la plata que ya no se recaudará con el IVA, pero el Ejecutivo está analizando opciones que se alinean con su visión de país, como suele ocurrir. José Antonio Ocampo, quien fue ministro de Hacienda en el Gobierno Petro y es profesor de la Universidad de Columbia, dijo que la propuesta tributaria debería acompañarse de la eliminación de beneficios en renta y del fortalecimiento del impuesto al patrimonio. Este último punto dista mucho de la opinión de la administración actual que, por el contrario, estableció en su propuesta inicial eliminar el tributo desde 2031 y elevar el umbral de aplicación entre 2027 y 2030.
Para Sebastián Correa, experto en Derecho Tributario y socio de Serrano Martínez CMA, el efecto fiscal de las medidas retiradas no debería compensarse con nuevos impuestos, teniendo en cuenta que la carga tributaria en el país es alta. Desde su análisis, es necesario un mayor esfuerzo para que el Estado sea más eficiente. Algunas alternativas que sí considera acertadas incluyen gravar las pensiones altas, reduciendo los límites actuales de exención, racionalizar los beneficios tributarios que no tienen efectividad económica demostrada y desmontar el subsidio al diésel.
Hasta ahora, el Gobierno no ha abordado ampliamente este último punto, pero su impacto en las finanzas públicas es de grandes proporciones. Con el aumento en el precio del petróleo, la brecha entre el precio internacional y el nacional de los combustibles se amplió. En octubre, por cada galón de diésel la Nación estaba poniendo COP 8.000.
El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), el mecanismo que usa el Estado para subsidiar el precio de la gasolina y el diésel, está generando cada vez más presión. Ecopetrol informó la semana pasada que con corte a septiembre la cuenta por cobrar al Fondo sumaba COP 11,4 billones. Y en el presupuesto del próximo año, según Hacienda, hay COP 9,6 billones para pagar el déficit. Igualar el precio o, por lo menos, acortar la brecha haría una gran diferencia, aunque está claro, tras el paro de 2024, que políticamente no será fácil.
Por otro lado, el Centro Democrático planteó evaluar la venta de una parte de la participación estatal en Ecopetrol, ISA y otras empresas, pero al parecer la propuesta no ha calado en el Ejecutivo. José Ignacio López, presidente del Centro de Pensamiento Económico ANIF, ha dicho que la enajenación de activos, como los de ISA, puede ser una opción, aunque reconoce que no debería ser la primera porque no corrige estructuralmente el problema fiscal.
Este año, además del salario mínimo que suele ser el gran debate económico que acompaña los buñuelos y la natilla de diciembre, el país estará discutiendo cómo y quiénes pagan el ajuste fiscal. La llamada ley de rescate económico, como recordó el ministro Gómez, debe quedar aprobada antes de que se acabe el año.
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