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20 Jan 2023 - 6:29 p. m.

Detener la exploración de hidrocarburos o formas para dispararse en el pie

Revive la polémica por la posible no suscripción de nuevos contratos de hidrocarburos. No se conocen evaluaciones de fondo, pero sí declaraciones de funcionarios del Gobierno. El sector energético pide claridad, a la vez que advierte de los devastadores efectos, tanto económicos, como sociales, de impulsar la transición energética de esta forma.
Imagen de referencia.
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Foto: Getty Images

¿Firmar o no firmar nuevos contratos de exploración de hidrocarburos? Luego de seis meses al frente del país, el Gobierno no parece terminar de ponerse de acuerdo. Aunque el Ministerio de Minas y Energía ha dicho que se encuentra en una revisión exhaustiva de los compromisos ya adquiridos en esta materia, no se conocen resultados de estos estudios. Y en este escenario llegaron las nuevas declaraciones de la ministra de Minas y Energía, quien desde Davos, Suiza, afirmó (de nuevo) que no se firmarán más de estos documentos.

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La tormenta de este pronunciamiento no se hizo esperar, con réplicas desde todas las esquinas políticas, así como dudas y preguntas desde el sector energético.

Sin embargo, momentos después de la intervención de Vélez, el presidente Gustavo Petro pareció respaldar a la ministra con un discurso (también en Davos) en el que habló del fracaso del “capitalismo carbonizado”, que prácticamente (y según sus palabras) están llevando a la humanidad a un “suicidio colectivo” por cuenta del cambio climático.

Si bien nadie sensato riñe con el hecho que el mundo necesita descarbonizar las economías si se quiere evitar alcanzar un punto de no retorno que terminaría con la extinción de varias especies (incluida la humana); también está el hecho que países como Colombia siguen teniendo una alta e incómoda dependencia a los combustibles fósiles. Cerrarle la llave a esta industria, sin tener un plan claro y un tiempo de transición razonable, podría derivar en un golpe catastrófico en términos económicos y sociales.

Aunque la no firma de nuevos contratos genera preocupación, hay un dato que puede dar luces de esperanza y es que el país tiene 121 contratos en ejecución, 37 en trámite y 36 suspendidos y a la espera de su reactivación. En suma, son casi 200 contratos que podrían garantizar la autosuficiencia energética de Colombia durante un tiempo. Pero en esto la suerte entra a jugar con bastante protagonismo, pues puede que no se registren nuevos hallazgos, o que estos sean insignificantes. Así mismo, también entran asuntos como el precio internacional de los combustibles o la ocurrencia de un fenómeno de El Niño (como se pronostica para 2023), lo que obligaría a encender las térmicas que, sorpresa, funcionan con combustibles fósiles.

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Cifras manejadas por la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) indican que las actuales reservas de combustible no superan los 10 años, lo que marca el temporizador que comienza a correr para que el país logre su transición. Después de eso, y si no se logra, tendría que importar estos combustibles, lo que se traduciría en un importante aumento en los precios, no sólo de la gasolina y el diésel, sino también de los alimentos y de todas las industrias que dependen de estos insumos para su producción.

Y, sin embargo, en la mañana de este viernes el presidente Petro, desde Francia, presentó unas cifras diferentes. Según él, las reservas para el consumo interno alcanzan hasta el año 2037 o 2042 (casi el doble de lo que estima la ACP).

“Tenemos tiempo suficiente de consumo interno para hacer una transición planificada y ordenada. Una transición que nos llevará a una economía superior. En este momento estamos haciendo alianzas estratégicas para que Ecopetrol sea uno de los principales exportadores de hidrógeno verde en el mundo”, detalló el presidente Petro.

Lo cierto es que hasta el momento es incierto el tiempo que pueda tardar la transición energética, pues no basta con la sola generación de nuevas energías (que requieren una amplia inversión de tiempo, conocimiento, desarrollo e infraestructura), sino que también se requiere adaptar gran parte de las industrias nacionales a las mismas. Un gran ejemplo de esto es el parque automotor, que sigue conformado por vehículos que se movilizan con gasolina, gas y diésel y en donde la presencia de vehículos eléctricos sigue siendo escasa (además de que sus precios siguen estando fuera del alcance del grueso de la población).

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Sumado a lo anterior, tampoco se tiene un documento claro (más allá de lo consignado en el Plan de Gobierno) que marque las directrices y la estrategia que emplea el Gobierno para alcanzar este propósito, ni los estudios que muestren que se puede hacer la transición sin que la economía colombiana resulte fuertemente castigada.

A esta ola de incertidumbres, la ACP suma que el Gobierno no ha explicado cómo reemplazará los ingresos fiscales que aporta la industria a la Nación (fundamentales en la pasada reforma tributaria) ni las regalías. “Por eso, en distintos escenarios, hemos llamado a la cautela. Para que una transición sea justa debe ser responsable”, dice.

Sobre esto el director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, José Roberto Acosta, estima que la transición energética le puede tomar al país cerca de 20 años. También considera importante tener en cuenta que Ecopetrol aporta ingresos al rededor del 10 % del presupuesto nacional y que Colombia sigue necesitando dividendos, regalías e impuestos del petróleo.

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Las actuales cifras indican que frenar la firma de nuevos contratos para la exploración petrolera supondría, según la industria, un golpe directo al bolsillo de los más pobres de la población colombiana. Por un lado, se queda el país sin la posibilidad de mayores ingresos vía impuestos y dividendos, lo que puede debilitar el presupuesto de inversión social. Por el otro, se afectan las tarifas energéticas y aumenta la presión inflacionaria con la inevitable alza de los combustibles. Naturgás calcula que “importar gas elevaría en cinco veces el costo de la factura del servicio para los colombianos”. Esta situación también aumentaría la brecha de desigualdad y pobreza en el país, teniendo en cuenta que los estratos 1 y 2 concentran el 60 % de la cobertura nacional, precisa el gremio.

La ACP estima que cerca del 40 % de las exportaciones del país dependen de estos combustibles, mientras que aportan el 20 % de los ingresos fiscales de la Nación y el 76 % de las regalías. “Diversificar la canasta exportadora debe ser un objetivo, pero no a costa de marchitar la industria. Y el desarrollo de otros sectores, como el turismo, tiene un enorme potencial, pero tomará tiempo. Esa transición no se dará en el corto plazo. Se necesita una triple transición: energética, fiscal y de regalías, y productiva”, insiste el gremio.

La no exploración de gas también ha despertado preocupación, ya que este es el combustible estrella en el proceso de la transición energética y el carburante de mayor consumo entre los colombianos de las clases populares. Una eventual importación de gas castigaría a los más pobres por dos vías: las tarifas de gas y las de electricidad.

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“Tanto para la industria, como para los consumidores, perder la autosuficiencia en materia de gas tendría un costo significativo. El 50 % del gas que se consume en Colombia se destina para la industria y el uso domiciliario de las familias”, advierte el analista José Ignacio López, director de investigaciones económicas de Corficolombiana.

El presidente de la ACP, Francisco Lloreda, alertó que “una disminución en la inversión (en la industria petrolera) y la cancelación de proyectos de E&P (exploración y producción) pondría en riesgo no solo la competitividad de proyectos fundamentales para la autosuficiencia energética y contar con precios razonables para los hogares, particularmente en gas y electricidad, sino que impactaría el desarrollo, el empleo y la contratación de bienes y servicios en 19 departamentos”.

“Si bien la importación de gas siempre será parte del abanico de posibilidades, la producción interna es, de lejos, la opción con mayores beneficios para todos los actores de la cadena, empezando por el consumidor final”, argumenta Flover Rodríguez-Portillo, director de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo (ACGGP). Frenar la exploración “es jugar a los dados sobre la capacidad del país de producir el gas durante los próximos años”, sostiene a su vez López, de Corficolombiana. “Si el país pierde la autosuficiencia en esta materia enfrentará unos costos más altos, afectando la competitividad de la industria y erosionando el bolsillo de los hogares. En los últimos años el gas importado ha sido 58 % más caro que el producido en el país”, dice el analista.

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Incluso el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, quien también ha manifestado un compromiso por aportar en la transición energética (e incluso ya lo está haciendo bajo el plan de SosTECnibilidad), cree que la transición debe ser más pausada. En su intervención en el Foro Económico Mundial dijo: “Al final del día, si no tienes la capacidad para sacar los electrones de donde son generados y llevarlos a los mercados, va a ser muy difícil. Tenemos grandes planes para el hidrógeno. Ya producimos hidrógeno azul. Estamos investigando el verde y aprobando grandes proyectos para este año, y es parte de la conversación en torno a la tecnología y transferencia de conocimiento y financiación. También estamos buscando hidrógeno blanco, que es el que se busca en la superficie. Esto es lo que estamos trabajando a largo plazo, a la vez de que protegemos lo que ya existe mientras la población va creciendo. Vamos a necesitar gasolina, diésel, jet, petroquímicos y gas de buena calidad”.

En suma, en estos momentos Colombia depende de los resultados que den los actuales contratos de exploración y explotación de petróleo y gas, así como mayores luces que den claridad sobre el plan de acción que implementará el Gobierno para acelerar la transformación energética, pero con cuidado de la economía y el bienestar de los colombianos. Un movimiento de este calado se resuelve con datos y análisis, mucho más que con declaraciones.

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