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Este lunes, el Gobierno de Estados Unidos pidió a la Corte de Apelaciones del Circuito Federal que permita mantener vigentes la mayoría de los aranceles globales impuestos por Donald Trump mientras se resuelve una disputa legal que podría prolongarse por meses.
La solicitud busca extender la suspensión temporal de un fallo emitido el 28 de mayo por la Corte de Comercio Internacional, que determinó que Trump excedió su autoridad al imponer aranceles bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977.
Entre las medidas cuestionadas están el arancel global del 10 %, las tarifas impuestas el 2 de abril —conocidas como “aranceles del Día de la Liberación”— y sanciones dirigidas a países como China, Canadá y México.
La administración argumentó que levantar la suspensión debilitaría la posición de Estados Unidos en las negociaciones comerciales y “podría dañar catastróficamente la economía”. También indicó que, si es necesario, acudirá a la Corte Suprema.
En contraste, los demandantes (un grupo de pequeñas empresas y estados liderados por demócratas) aseguraron que el gobierno ya ha dicho públicamente que tiene otras herramientas legales para imponer aranceles, por lo que mantener los actuales carece de urgencia.
Sin embargo, el Gobierno rechazó ese argumento, advirtiendo que “las negociaciones están ocurriendo ahora” y las herramientas alternativas serían menos efectivas.
El fallo judicial original no afecta los aranceles impuestos por otras leyes, como los aplicados al acero, aluminio o automóviles, que seguirán vigentes.
Mientras tanto, otras demandas relacionadas con los aranceles de la era Trump se mantienen en pausa a la espera de lo que decida el tribunal de apelaciones. Una excepción es el caso sobre el fin de las exenciones a paquetes de pequeño valor desde China, que avanza por separado.
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