Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La ejecución del Presupuesto General de la Nación (PGN) avanzó en febrero a un ritmo cercano a su promedio histórico, incluso en medio de la mayor presión fiscal en dos décadas y con una caja que solo alcanza para cinco días de pagos básicos.
Así lo concluye el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana a partir de las cifras oficiales de la Dirección General de Presupuesto.
El mes pasado, el Estado había obligado COP 68,2 billones, equivalentes al 10,4 % del total aprobado para 2026. Una cifra prácticamente alineada con el promedio de dos décadas: 10,6 %.
El contraste está en la liquidez. La caja de la Nación, según ANIF, rondaba los COP 6,6 billones a comienzos de marzo. Con ese nivel, el Gobierno solo podía cubrir menos de cinco días de pagos de funcionamiento y deuda. Cada jornada demanda alrededor de COP 1,4 billones. El margen es mínimo para un país que arranca el año con un presupuesto intacto, pero un financiamiento incompleto.
El PGN se aprobó por COP 546,9 billones, pero con un faltante de COP 16,3 billones que dependía de una Ley de Financiamiento. El proyecto se hundió en el Congreso. La respuesta del Ejecutivo fueron dos emergencias (económica y ambiental) para crear impuestos transitorios. Las medidas están vigentes, pero su recaudo real depende de lo que decida la Corte Constitucional. En ese limbo jurídico, el Gobierno no ha aplicado recortes ni aplazamientos. El gasto sigue corriendo sobre la apropiación original.
Ese movimiento tiene una consecuencia: la ejecución luce normal, aunque el escenario fiscal no lo sea.
Por componentes, el comportamiento mantiene la misma lógica. Funcionamiento obligó COP 41,2 billones (11,5 %). Deuda, COP 21,9 billones (21,8 %). La inversión va más atrás: COP 5,1 billones, apenas 5,8 % de su apropiación. Nada sorprendente en términos operativos, pues la primera parte del año suele absorber pagos pendientes de la vigencia anterior.
Ese rezago es grande. Según el Observatorio Fiscal, al cierre de 2025, el Estado dejó obligaciones por COP 48,4 billones entre reservas y cuentas por pagar. Para febrero solo se habían cancelado COP 19,5 billones. Ese lastre presiona la caja actual mientras se intentan atender, al mismo tiempo, las obligaciones nuevas.
El detalle por sectores muestra un patrón conocido. Relaciones Exteriores aparece con un avance del 16 %. Educación, 14,4 %. Salud y Protección Social, 13,3 %. Ambiente, 13,2 %. Fiscalía, 13,1 %.
Un segundo grupo, que incluye Defensa y Policía (11,9 %), Sistema de Verdad y Reparación (12,2 %), Inteligencia (10,3 %), Rama Judicial (9,5 %), se mueve alrededor del promedio.
En el otro extremo están Trabajo (3,7 %), Cultura (3,3 %), Agricultura (3,1 %), Vivienda (2,7 %), Deporte (2,5 %) y Ciencia, Tecnología e Innovación (1 %). Allí casi todo depende de inversión, por eso avanza más lento al principio.
El problema de fondo está en el choque entre esa ejecución relativamente estable y las metas fiscales anunciadas. El Plan Financiero exige reducir el gasto primario en 1,7 % del PIB. El ritmo observado no muestra señales tempranas de contención. “Esta dinámica es difícil de compatibilizar con una reducción del gasto de la magnitud proyectada”, advierte el Observatorio Fiscal.
A eso se suma la deuda. El Gobierno Nacional Central cerró 2025 con un saldo bruto de COP 1.194 billones, equivalente al 64,4 % del PIB, el nivel más alto desde finales de los noventa fuera de la pandemia. La deuda interna llegó a 45,3 % del PIB, máximo en 26 años. Según ANIF, significa un “desequilibrio persistente entre los ingresos y los gastos del Gobierno”.
La caja lo refleja. Los ingresos tributarios de 2025 quedaron COP 9,4 billones por debajo de lo previsto. El déficit terminó en 6,4 % del PIB. Para 2026, Hacienda proyecta bajarlo a 5,1 %, pero el Comité Autónomo de la Regla Fiscal calcula que faltan cerca de COP 32,1 billones para cerrar esa brecha. Moody’s coincide y prevé un déficit superior al 6 % por tercer año consecutivo.
El mercado ya incorporó esa fragilidad. Los TES se negocian entre 11,95 % y 14,12 %, con desvalorizaciones acumuladas de 200 a 400 puntos básicos desde marzo de 2025. La curva llegó a invertirse en los plazos donde se concentran más vencimientos. El CDS a cinco años se ubica cerca de 225 puntos básicos, alrededor de 92 puntos por encima de países con calificaciones similares.
La paradoja es que, con tasas altas, los inversionistas extranjeros siguen entrando. En febrero compraron COP 8,8 billones en TES. Hoy poseen cerca del 23 % del mercado. Son flujos de portafolio atraídos por el rendimiento, pero volátiles. “Capitales golondrina”, según ANIF; es decir, que entran rápido, salen igual cuando cambia el entorno.
El Banco de la República enfrenta otro flanco. Aunque febrero dejó una inflación de 5,29 %, por debajo de lo esperado, las proyecciones apuntan al alza: 6,24 % a diciembre según la encuesta de Fedesarrollo y 5,8 % en las estimaciones del Gobierno. El salario mínimo subió casi 23 %, con efectos sobre los precios que aún no aparecen del todo. Los analistas esperan que la tasa de política, hoy en 10,25 %, suba a 11 % en marzo y 11,75 % a mitad de año.
El crecimiento también cedió: 2,5 % para 2026, según los encuestados. El dólar se movería alrededor de COP 3.800 a final de año.
Con elecciones en mayo y cambio de administración en agosto, el Gobierno ejecuta como si operara bajo condiciones fiscales normales. La caja demuestra que no lo son, y el golpe financiero lo recibirá el próximo presidente. La tensión entre ambas realidades será uno de los puntos críticos del primer semestre.
“La evolución de la ejecución y el pago del rezago presupuestal en los próximos meses será clave para determinar si el ajuste anunciado es operativo o si, por el contrario, se trata de una trayectoria fiscal difícil de materializar en las condiciones actuales”, subrayó el Observatorio Fiscal de la Javeriana.
💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.
